La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto con otras ONG, elaboró un documento que recoge una serie de propuestas de reformas necesarias para remover los impedimentos que restringen el efectivo ejercicio de los derechos en los países latinoamericanos

Si bien el acceso a la justicia es considerado un derecho humano fundamental aún se encuentra lejos de estar garantizado para todas las personas. Se trata de una problemática que no sólo afecta a nuestro país, sino que se extiende en todo Latinoamérica.

Son múltiples las barreras que restringen el efectivo ejercicio de los derechos: las hay administrativas, geográficas, simbólicas, económicas, lingüísticas, entre otras. Así lo refleja el documento “Hacia un Acuerdo Latinoamericano por el Acceso a la Justicia”, que recoge una serie de propuestas de reformas necesarias para comenzar a pensar una Justicia para todos.

Natalia Echegoyemberry, abogada del programa Acceso a la Justicia y Apertura del Poder Judicial de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) – una de las ONG que participó en la elaboración del informe- explicó a Comercio y Justicia que hay “patrones de vulneración de derechos que se repiten en distintos países de Latinoamérica

El Poder Judicial y las oficinas públicas resultan muchas veces inaccesibles, lejanas territorialmente a los ciudadanos, a su vez, no está garantizada la asistencia legal en todas las instancias y fueros, y los dispositivos existentes no siempre responden a las necesidades jurídicas y demandas de la ciudadanía. Paralelamente, gran parte de la población desconoce sus derechos y los mecanismos disponibles para la resolución de conflictos”, planteó Echegoyemberry, al mencionar algunos de los problemas sobre los cuales deben comenzar a trabajar los gobernantes.

Sin dudas, la pandemia vino a profundizar las barreras en el acceso a la Justicia. La abogada recordó que el año pasado el Poder Judicial no fue considerado un servicio esencial y asumió un rol casi pasivo frente a las cuestiones que debía enfrentar. 

“A diferencia de lo que ocurrió en el sistema de salud donde se amplió el servicio, se contrató más personal, se amplió la infraestructura para dar respuesta a una demanda adicional; el Poder Judicial no pudo brindar esa respuesta y se retrajo”, remarcó la abogada de ACIJ quien, no obstante, reconoció que hubo muy buenas prácticas en materia de género. Todos los países de la región tuvieron más flexibilidad para atender esa demanda adicional. 

“Argentina creó observatorios, otorgó ayudas económicas, se cambiaron algunas modalidades de atención, se dispuso la continuidad automática de medidas cautelares dispuestas con anterioridad a la pandemia, hubo a nivel diseño institucional mecanismos para el acceso a la justicia pero esto no se hizo extensivo a otras áreas”, explicó.

Información y lenguaje clase

“Para reducir la conflictividad y mejorar el acceso a la justicia o para resolver una injusticia el primer paso es que quienes las sufren conozcan sus derechos y sepan cómo proceder para pedir su efectivización”, reflexionó Echegoyemberry , respecto de la necesidad de que los gobiernos implementen políticas públicas para que los sectores más vulnerables conozcan sus derechos y puedan reclamar por ellos. 

Las comunidades más desaventajadas suelen convivir con altos niveles de necesidades jurídicas insatisfechas, y suelen no estar informadas, ni capacitadas sobre su derecho de acceder a la justicia, a la asistencia legal, sus características, la disponibilidad de servicios y el modo de acceder a ellos”, agregó.

A la falta de información se suma otra barrera que tiene que ver con el lenguaje. El informe da cuenta de una práctica que se repite en la región y que tiene que ver con el uso excesivo de tecnicismos y la comunicación asimétrica, utilizada en forma generalizada por los organismos públicos -y en particular por los Poderes Judiciales-. Este lenguaje impide que las personas que se someten al sistema de justicia puedan entender en forma clara y sencilla lo que los Tribunales disponen respecto a sus derechos.

 El lenguaje claro, sencillo e inclusivo es aún poco habitual utilizado en las resoluciones, actos procesales, procedimientos e instancias judiciales o administrativas

Vinculado a esto, el documento da cuenta de otra barrera vinculada con la distancia social, cultural y económica que separa a las comunidades segregadas de quienes deciden sobre ellas (jueces y juezas) y las asesoran (profesionales de la abogacía) . Estas distancias son relevantes ya que muchas veces quienes participan del sistema institucional oficial no llegan a comprender los problemas legales y sociales de las personas ni sus posibles soluciones.

 Para resolver esta problemática, se plantea la necesidad de adoptar modelos de gestión y atención que permitan una mayor inmediación judicial y acercamiento de los servicios de justicia con la ciudadanía, dotando de elementos para un mayor involucramiento judicial en las causas, como por ejemplo: inspecciones oculares, audiencias públicas, y otros mecanismos que permitan entender mejor los asuntos a resolver y las necesidades jurídicas de la población. 

Asistencia legal gratuita 

 Echegoyemberry destacó que actualmente, en la gran mayoría de los países de la región la posibilidad efectiva de contar con asistencia legal universal se encuentra garantizada sólo para quienes reciben imputaciones en materia penal.

“No existe una respuesta estatal organizada en forma sistémica y comprensiva para asegurar un asesoramiento y/o patrocinio adecuado a las personas que lo necesiten, y los mecanismos existentes suelen estar focalizados y alcanzar a casos relativamente excepcionales”, advirtió.

Pero además de contar asistencia letrada en todos los fueros de una manera más generalizada, la abogada planteó la necesidad de avanzar en mecanismos alternativos de resolución de conflictos “para evitar la judicialización y burocratización de procesos que podrían tener una respuesta rápida y eficaz fuera del sistema jurisdiccional”.

Paralelamente, recomendó promover y fortalecer los modelos de abogacía social o prácticas pro bono, y las clínicas jurídicas universitarias o de organizaciones de la sociedad civil, para complementar las prestaciones estatales con iniciativas de tipo comunitario. A su vez, opinó que sería fundamental que los Estados promuevan activamente programas de prácticas pre profesionales de graduados y graduadas de las facultades de derecho, en asuntos de interés público (como responsabilidad social profesional) y el trabajo clínico en acciones de interés público, generando sistemas de incentivos de estas prácticas. 

 Así las cosas, Echegoyemberry precisó que el documento “Hacia un Acuerdo Latinoamericano por el Acceso a la Justicia” se estructura en torno a cinco desafíos que tienen que ver con generar procesos de empoderamiento jurídico comunitario, garantizar el acceso a asistencia legal gratuita a toda persona que lo requiera, mejorar los procesos y procedimientos, realizar mejoras en el diseño institucional y generar las condiciones necesarias para facilitar el acceso a la justicia. 

“Este acuerdo es una hoja de ruta sobre las reformas que son necesarias iniciar y forma parte de un movimiento que queremos impulsar para que cada vez más profesionales se sumen para discutir de una manera más democrática e igualitaria sobre el acceso a la justicia”, concluyó.

Diagnóstico

Algunas propuestas

  • CELERIDAD -ORALIDAD: El excesivo ritualismo habitual en los procesos judicales -que se siguen haciendo principalmente por escrito y en formato papel-, produce demoras innecesarias. Se ha avanzado hacia la oralidad pero aún resta mucho para que ello sea implementado en todO su potencial.
  • SANCIONES: En los países no existen mecanismos suficientes para la prevención, control y sanción del retraso judicial y de los auxiliares de justicia. Hay una necesidad de establecer un debate respecto a los mecanismos de monitoreo del desempeño de las autoridades judiciales y el cumplimiento de los plazos. 
  • AMPARO- ACCIONES COLECTIVAS: las acciones de amparo o de tutela no suelen ser las vías rápidas y expeditas para la resolución de conflictos que prometen las constituciones. En tanto, las acciones judiciales suelen ser vistas con especial desconfianza por lo que las regulaciones procesales en la materia aún son escasas, y muchas veces restrictivas. 
  • JUSTICIA GRATUITA: No en todos los países se reconoce una legitimación activa amplia a figuras como las del ombudsman y las organizaciones de la sociedad civil para el impulso de acciones judiciales en los que estén en juego intereses colectivos o casos de discriminación. En lo que respecta a las barreras económicas, aún falta avanzar en los principios de justicia gratuita.
  • REFORMA PROCESALES: Deben tender a facilitar y modernizar la tramitación de las causas, reduciendo sus tiempos de duración, costos y facilitando el acceso a todas las personas. Deben simplificar y desburocratizar los mecanismos para acceder a eximiciones de costas y otros gastos asociados al impulso de acciones judiciales. Debe profundizarse la tendencia a la oralización de los procesos. 
  • TICS: Constituyen un elemento esencial e innovador con capacidad de amplificar la difusión de información y de los canales de accesibilidad y de participación. Contribuyen significativamente a simplificar procesos y reducir distancias físicas. 
  • CERCANIA: Junto con los procesos de digitalización, la desconcentración geográfica de los tribunales, fiscalías, casas de justicia y oficinas de atención administrativa resulta fundamental para reducir barreras geográficas y tender a una justicia de cercanía. 
  • PRESUPUESTO: No suele ser suficiente para responder a las demandas sociales, suele tener oscilaciones dependientes de la discrecionalidad de autoridades ejecutivas o legislativas.
  • FORMACION: Deben generarse espacios de capacitación de los funcionarios judiciales, equipos interdisciplinarios, cuerpos forenses, sobre los distintos paradigmas vigentes para una adecuada atención de los grupos vulnerables.

Un pensamiento en “Una justicia para todos es posible

  1. Excelente trabajo ,con propuestas y acciones muy significativas,que cambiarían y mejorarían todas aquellas situaciones de inequidad,de injusticia,discriminación,de vulnerabilidad,felicitaciones

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