“Es mucho lo que los abogados podemos contribuir en un Estado democrático”

Augusto Parola, presidente de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, bregó por el correcto funcionamiento de las instituciones y de la administración de justicia. “No deben cerrarse los tribunales de Justicia”, sentenció

Augusto Parola lleva tres años como presidente de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba. Oriundo de Arroyo Cabral, tiene una larga trayectoria en la defensa de los intereses de la abogacía. Durante su gestión tuvo como desafío enfrentar los problemas que trajo aparejada la pandemia, que atravesó de manera profunda la abogacía en particular y la actividad en tribunales en general. 

En el Día del Abogado, Parola reflexionó sobre el rol del abogado y cuestionó la mirada que tiene el Poder Judicial de Córdoba que aplica las reformas procesales para la ciudad de Córdoba y posterga su aplicación para el interior de la provincia. 

-Con la pandemia de covid- 19 la humanidad ha tenido que atravesar tiempos difíciles. ¿Cómo afectó a la abogacía esta pandemia? ¿Cuáles han sido los desafíos y dificultades que ha tenido que atravesar?

-Lamentablemente, fue muy difícil sobrellevarla por las cuestiones lógicas de salud y por las restricciones a nuestros derechos que como ciudadanos tuvimos que sufrir. En aquel primer momento, fuimos los abogados quienes dijimos con fuerza y claridad que la Justicia es un servicio esencial del Estado que debe brindarse siempre, haya o no pandemia, y que siempre debe prestarse y garantizarse del modo más amplio posible y, para que ello resulte efectivo, nunca deben cerrarse los tribunales de Justicia.

Como todos saben, la profesión del abogado es una profesión liberal; el abogado, como todo otro ciudadano necesita trabajar y quiere hacerlo dignamente; se forma y estudia para adquirir y poseer los conocimientos y la destreza específica en la actuación del Derecho para representar a un cliente en el caso concreto. Ahora bien, para que esto sea posible necesita de una administración de justicia que funcione, que brinde respuestas. Al comienzo de la pandemia esto no ocurría. 

El derecho guarda una intrínseca relación con el poder, con la ideología y la política. Entonces, en un Estado democrático como en el que vivimos y en el cual queremos continuar viviendo, debe existir un correcto funcionamiento de las instituciones, de las organizaciones democráticas y de la administración de justicia; en este contexto es mucho lo que los abogados pueden contribuir en forma individual o por medio de los colegios de abogados.

Las universidades-escuelas de derecho, desde hace ya muchísimos años, se han transformado en centros multiplicadores de las ideas democráticas, de progreso, de libertad e igualdad ante la ley. Esas ideas llevaron a conformar los colegios de Abogados tal cual hoy los conocemos, fundados o creados por ley, con pilares sólidos referidos a una abogacía independiente y libre.

Esta concepción política, filosófica e ideológica de defender a ultranza los valores democráticos, de igualdad ante la ley, el progreso como fruto del trabajo y con la más amplia concepción y defensa de los derechos individuales de las personas es algo a lo que los profesionales del Derecho no debemos renunciar nunca.

-¿Y si hablamos de saldo positivo, podemos coincidir que la digitalización ha sido un paso muy importante?

-Sí, totalmente de acuerdo. La digitalización ha sido muy importante en todo este proceso. Es de destacar que el Poder Judicial ya venía trabajando en el

expediente electrónico con una clara visión de futuro, buscando reducir al mínimo el uso del papel en los tribunales de justicia. Ello hizo que, al darse esta circunstancia imprevista del covid-19, se pudiera trabajar sobre una base sólida y

así conseguir dar una respuesta rápida a la nueva situación.

La abogacía organizada fue convocada para trabajar en ello y así lo hicimos, aportando ideas para mejorar el sistema de digitalización y administración de causas. Por supuesto, esta tarea no está cerca de concluirse, por ende, se continúa

trabajando todos los días para mejorar el sistema.

“No puede haber una justicia de primera y otra de segunda categoría, no puede haber desigualdades entre los justiciables por el lugar de su nacimiento o por donde viven”.

-En abril se puso en marcha la reforma procesal laboral en forma limitada y hubo reclamos de los abogados del interior. ¿Qué opinión tienen al respecto?

-Si, hubo reclamos. La federación que presido ha participado en la elaboración previa del proyecto de ley que da origen a este nuevo procedimiento laboral; lo hizo por medio de una comisión de especialistas; fuimos convocados en su oportunidad por el Ministerio de Justicia de la Provincia y por la Legislatura provincial.

Sabemos de las bondades de esta Reforma procesal que hoy ya es ley, de su trascendencia fundamental para el cumplimiento de los objetivos de celeridad e inmediatez. Sabemos que una decisión justa es justa cuando llega a tiempo.

Ahora bien, me siento en la obligación de decir, como presidente de una institución que representa a todos los colegios de la provincia, de los cuales 10 se encuentran en el interior provincial, que este nuevo procedimiento por ahora se aplica en plenitud sólo en la ciudad de Córdoba y su zona de influencia, y con ciertas particularidades en tres circunscripciones del interior provincial, quedando el resto de la provincia un poco olvidado.

Los abogados que habitualmente ejercen la profesión en el fuero laboral tienen como una de sus principales banderas la lucha contra la desigualdad, y si bien está bien que se celebre la aplicación de este nuevo procedimiento, pido que no nos acostumbremos en esta provincia de Córdoba a legislar o a tomar como normal el tener dos procedimientos, uno para capital y otro para el interior. Esto ya ha pasado en el fuero de Familia, con una ley moderna y adecuada que se aplica en la Primera Circunscripción Judicial y, en el interior, estamos todavía después de muchos años con el procedimiento previsto en el articulado del CPCC. No puede haber una justicia de primera y otra de segunda categoría, no puede haber desigualdades entre los justiciables por el lugar de su nacimiento o por donde viven.

Los argumentos de aplicación gradual, falta de recursos o de infraestructura o que se comience en la ciudad de Córdoba y después vemos cuando en el interior no son adecuados ni pueden justificar la desigualdad.

-¿Cómo está hoy la tramitación de las causas? ¿La pandemia ha hecho más lentos los procesos, cuál es la demora que advierten?

-La digitalización y la puesta en funcionamiento del Sistema de Administración de Causas produjeron un cambio de paradigma en cómo ejercer la profesión de abogado.

También puso “blanco sobre negro” en cuanto a la actuación de los tribunales de

justicia. Desde que se puso en plena vigencia el expediente electrónico, la digitalización y nuevo sistema, se puso en evidencia cómo venía trabajando cada área. Esto es, aquellas dependencias, Juzgados, Secretarías y Fiscalías que eran eficientes, dinámicas y daban respuesta en forma oportuna antes de la pandemia, ahora son más eficientes; en tanto, en el caso de aquellas dependencias, Juzgados, Secretarías y Fiscalías que no trabajaban bien y tenían demoras, esta situación se agravó.

Puede solucionarse, seguro que sí. Es un tema complejo, hay una conjunción de varios factores, si bien debe tenerse en cuenta la complejidad de causas que lleva cada Juzgado o Fiscalía, es necesario discutir si cuentan con los recursos humanos necesarios, con la infraestructura adecuada, si disponen de los recursos económicos para realizar con eficiencia su tarea, etcétera. Es una discusión o un tema para debatir largo y tendido.

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