Carlos Francisco Ferrer (*)

Carlos Francisco Ferrer (*)

La cotidianeidad no nos exime de la posibilidad de tener conflictos. La mejor manera de resolverlos es procurando el entendimiento por medio del diálogo y la comunicación. Directa, o con la intervención de un tercero mediador. Espontáneo o profesional. Cuando esto no es suficiente, será un abogado o abogada quien nos acompañará o representará ante los estrados judiciales, para exponer nuestros reclamos y nuestras razones, para que, con fundamento en las normas, nuestra demanda sea atendida y resuelta por otros profesionales del derecho. Es la manera civilizada de dirimir nuestras diferencias.

Después de más de 40 años de mi egreso como Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, no puedo menos que agradecer la formación jurídica que recibí de sus prestigiosos docentes. Porque a partir de entonces, no sólo pude desempeñarme profesionalmente -por otro período equivalente- en distintas funciones en el Poder Judicial sino que despertó en mí la vocación por enseñar. Por compartir lo aprendido y lo vivido a los futuros egresados.

La docencia y la investigación desarrolladas -en mi caso- en el área del derecho procesal penal, en las dos universidades más antiguas y prestigiosas de Córdoba (ambas de raíz jesuítica), fue el cauce natural para potenciar mi curiosidad -con una visión crítica- sobre el diseño de las normas que aplicamos. Junto al desempeño funcional, me permitieron mantener una fluida, estrecha y continua relación con docentes y estudiantes, y con abogados y abogadas, de un lado y del otro de la barandilla. Por las vivencias compartidas, me considero un testigo privilegiado de la pasión por la ciencia jurídica de unos y otras, en el ejercicio de esta profesión, cuya nobleza siempre honré y destaqué, en las aulas y en mis actuaciones funcionales.

Hace apenas unos pocos años, las autoridades nacionales en materia de educación superior incluyeron la abogacía como una profesión de interés público regulada por el Estado, determinando que todas las casas de estudio que expiden dicho título debían adecuar sus planes de la carrera a los estándares uniformes vinculados -entre otros aspectos- a sus contenidos curriculares de formación general e interdisciplinaria, cargas horarias, y la intensidad de la formación práctica. Asimismo, la instancia de adecuación fue aprovechada por no pocas universidades para incluir en sus currículas, programas de formación en “áreas de vacancia”, tales como comprensión y argumentación oral y escrita; gestión profesional; nuevas tecnologías aplicadas al derecho; negociación y mediación; destrezas para el litigio; oratoria; ética profesional; razonamiento y decisiones judiciales; etcétera.

En la misma oportunidad, se definieron como actividades reservadas a quienes acceden al título: 1) prestar asistencia jurídica a toda persona física o jurídica que lo requiera, cuando estén involucradas decisiones de riesgo directo sobre personas o bienes, tanto en sede judicial como extrajudicial; 2) patrocinar y representar a las partes (incluido el Estado en sus diversos niveles y formas de organización) en procedimientos administrativos, contravencionales, judiciales o arbitrales, sean voluntarios o contenciosos; 3) ejercer la función jurisdiccional en sede judicial y administrativa; y 4) emitir dictámenes e informes jurídicos.

El propósito y resultado fueron que la oferta académica y la regulación del ejercicio profesional han sido mejoradas y modernizadas conforme lo demandan los tiempos actuales. Han determinado un vuelco sumamente auspicioso en favor de la calidad de los nuevos profesionales.

Sin embargo, también me interesa destacar que, en dicho reordenamiento, se estableció expresamente como objetivo formativo liminar la “promoción de una actitud de conciencia, compromiso, responsabilidad social y una práctica jurídica orientada éticamente en todo el proceso de aprendizaje”.

Sucede que, con relación a esto último, si hay algo que distingue (y debe distinguir siempre) al profesional del derecho es su vocación por servir. En palabras de Ignacio de Loyola, a la universidad “entramos para aprender… salimos para servir…”, con el propósito de ser útiles a los demás. Servir a la comunidad de la que se emerge y en la que se actúa, muy especialmente a los más vulnerables. Es el espíritu como debe entenderse la delicada y difícil misión de representar los intereses y resolver los conflictos que nos son encomendados.

Porque, en una profesión de medios como la Abogacía, más allá de los resultados, el éxito de verdad debe ser computado por haberse aplicado la ciencia y realizado todos los esfuerzos posibles. Pero, sobre todo, por haber sido auténticos. Por haber luchado y actuado limpiamente, haciendo casi un culto de la coherencia intelectual, la decencia y la fidelidad a la propia conciencia. Haber dicho lo que se piensa, y firmado lo que se dice, sin temor al qué dirán de los que mandan. Aunque por ello, muchas veces, no haya otra recompensa que el poder dormir tranquilos por las noches, con la íntima satisfacción de ser uno mismo. O la valoración personal de quienes de verdad nos conocen y aman. Algo que muchas veces no aprecia la sociedad frívola, que suele priorizar y premiar tan solo lo efímero, la figuración y la apariencia.

Por decisión de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (19/12/1958), en conmemoración del natalicio de Juan Bautista Alberdi (29/08/1810), en cuyas Bases se inspiraron los constituyentes fundacionales de la República, para redactar nuestra Carta Magna, hoy se homenajea a todos los abogados y abogadas que hicieron una opción por esta noble vocación. Desde mi lugar de docente, los saludo cordialmente, y me sumo con júbilo a la celebración, augurándoles el reconocimiento público que merecen por su cotidiana entrega en el servicio que con abnegación brindan.

(*) Ex fiscal de Cámara en lo Criminal. Ex decano de la Facultad de Derecho de la UCC. Docente de las facultades de Derecho de la UNC y la UCC.

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