“Vamos a trabajar incansablemente para la defensa gremial del abogado”

El presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Ignacio Segura remarcó que la profesión atraviesa momentos difíciles. Llamó al Poder Judicial a conformar una mesa de trabajo para avanzar en el fortalecimiento de los procesos de digitalización y advirtió sobre la necesidad de modificar la ley de mediación. Entre los logros conseguidos, valoró la sanción de la normativa que modificó la Ley Arancelaria

El año 2020 será recordado por todos los argentinos como un punto de inflexión. La pandemia reconfiguró las relaciones humanas en general y el mundo laboral en particular, ya que éste debió adaptarse a un contexto de aislamiento. El teletrabajo se impuso en todos los ámbitos laborales, incluso en el Poder Judicial. Los tribunales aceleraron la digitalización de sus procesos y ello impactó fuertemente en el trabajo de los abogados. En una entrevista exclusiva a Comercio y Justicia, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Ignacio Segura, reflexionó sobre la situación que atraviesa hoy la profesión. Cuáles son los desafíos, qué reclamos aún permanecen pendientes, cuáles fueron los logros conseguidos y qué planes tiene el Directorio de la entidad con vistas al futuro.

Ha sido un año difícil para la sociedad en general y para la abogacía en particular. ¿Cuál es hoy la situación de los abogados a casi seis meses de la pandemia en nuestro país?

Sin lugar a dudas, este ha sido un año muy difícil para toda la sociedad en su conjunto. Casi todas las actividades en mayor o menor medida han sufrido las consecuencias de la pandemia y -obviamente- la abogacía no es la excepción. Durante la vigencia del ASPO y por más de 90 días la actividad judicial se vio extremadamente resentida. Ello generó que los abogados y abogadas no pudiéramos desempeñar la profesión, poniéndonos en un estado de mucha fragilidad. Debimos reconfigurar la forma en que ejercemos la abogacía, y adaptarnos a cambios permanentes en la compleja realidad que hoy atravesamos.

Hoy el ejercicio de la profesión continúa atravesando dificultades, ya que la actividad profesional no sólo se circunscribe a los Tribunales sino que también incluye otros estamentos y organismos del Estado que se encuentran con una limitada actividad, como es el caso por ejemplo de Anses, de la Administración Federal de Ingresos Públicos o de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo.

¿Considera que esta crisis sirvió de alguna manera para que el Poder Judicial avance definitivamente en la digitalización y se aceleren los procesos judiciales?

La digitalización de la justicia es un reclamo permanente de este Directorio desde que asumimos la conducción del Colegio de Abogados. Claramente, la pandemia aceleró los tiempos de la digitalización, y se avanzó en el expediente electrónico, aun con falencias en la plena implementación de los medios tecnológicos aplicados a los procesos judiciales. Por ello, les hemos requerido a las autoridades judiciales de la Provincia la conformación de mesas de trabajo por fueros, conformadas por abogados y abogadas y también por magistrados y funcionarios, para articular soluciones a las problemáticas que día a día nos afectan, y que en definitiva erosionan el servicio de justicia. El Poder Judicial de Córdoba debe brindar a la sociedad un servicio de justicia satisfactorio que permita, mediante la incorporación de la tecnología -respetando el debido proceso y las garantías constitucionales- acortar los plazos de tramitación de las causas.

Sigue habiendo muchas dificultades con el funcionamiento de las comisiones médicas. ¿Hay alguna gestión que estén realizando para mejorar la situación?

El funcionamiento de las comisiones médicas durante toda la cuarentena fue muy limitado El Directorio del Colegio realizó gestiones ante las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia, al que hemos planteado que se dé cumplimiento a las disposiciones de la ley 10456. Asimismo, días atrás mantuvimos una reunión con las autoridades nacionales de la SRT, en la que expusimos la preocupante situación actual por el deficiente funcionamiento de las Comisiones Médicas en nuestra ciudad, que ha generado la paralización de causas en trámite y la imposibilidad material de iniciar nuevos reclamos. Como respuesta a ello se ha habilitado mediante el portal e-trámites la posibilidad de iniciar nuevos reclamos así como la fijación de las juntas médicas pendientes.

Recientemente consiguieron que se apruebe en la Legislatura el nuevo Código Arancelario. ¿Qué significa esto para ustedes?

Es de gran importancia la modificación que se realizó a la ley arancelaria. Primero, que se haya replicado en la normativa de fondo la movilidad ascendente del valor de los honorarios profesionales de los abogados y abogadas de la Provincia de Córdoba, ratificando la progresividad positiva del valor del Jus. Segundo, que se prevea la conformación de una comisión integrada por el Colegio de Abogados y la Fecacor para la fijación del valor del Jus en el hipotético supuesto de inmovilidad durante el lapso de 12 meses. Con ello aseguramos y garantizamos la movilidad de nuestros honorarios profesionales.

Otro aspecto fundamental de la reforma, y que era una deuda histórica de la abogacía organizada, es que por medio de la eliminación del último párrafo del artículo 36 se establece el piso de los mínimos arancelarios, los que ya no podrán ser perforados en los procesos judiciales. De este modo, jerarquizamos la labor profesional de los abogados y abogadas, limitando algunas discrecionalidades en las regulaciones que realizan los magistrados.

¿Qué cuestiones tiene pendiente esta gestión, sobre la cual quieren trabajar?

Obviamente, la pandemia ha generado que debamos reconfigurar nuestra gestión al frente del Colegio de Abogados. Sabemos que el escenario que viene va a ser complejo, por todo el contexto social y económico a consecuencia de la pandemia. Vamos a trabajar incansablemente para la defensa gremial del abogado. En los próximos días presentaremos un proyecto de ley que hemos trabajado desde el directorio del colegio para que se otorgue licencia a las abogadas y abogados que son madres y padres, para que puedan tener el derecho a estar con sus hijos al momento de su nacimiento. Por otro lado, tenemos que repensar la mediación; es imperiosa y necesaria una urgente modificación a la ley, entendiendo que el esquema actual como está planteado no funciona.

También queremos incrementar y jerarquizar aún más la actividad académica. Es necesario en el mundo actual el acceso a la capacitación de calidad y de bajo costo para los matriculados. Finalmente, seguiremos reclamando el cumplimiento por parte de los magistrados y trabajadores judiciales de la ley 5805, respetando la legalidad y la institucionalidad. Es el tiempo de rediseñar el servicio de justicia para que luego de la pandemia, ya no encuentre obstáculos que le impidan ser satisfactoria; para ello nuestro reclamo será permanente.

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