La Justicia federal necesita una reforma integral y de amplio consenso

Por José Luis Lassalle (*)

Recuperada la democracia en 1983, la sociedad argentina -prescindiendo de viejas disputas y divisiones del pasado- selló un pacto social sintetizado en dos palabras: “Nunca Más”. Esa expresión, símbolo de la voluntad ciudadana de no volver a repetir amargas experiencias del pasado, llevaba implícita -además- la decisión de asumir definitiva y colectivamente las responsabilidades que impone vivir en un Estado de Derecho con plena vigencia de las instituciones republicanas.

Pasadas más de tres décadas de ese hecho tan significativo, la democracia -aún adolescente en muchos aspectos- nos reclama afrontar con igual valía la necesidad de consolidar la independencia del Poder Judicial y de bregar por un funcionamiento acorde con su condición de pilar fundamental del sistema.

No sin preocupación advertimos una merma de la calidad institucional y, en ese marco, un muy bajo nivel de credibilidad y confianza de la población en la justiciaResulta obvio señalar la gravedad que ello implica en orden a la paz social y la salud democrática.

Resulta entonces estéril preguntarnos si es necesaria y oportuna una reforma dirigida a obtener una justicia realmente independiente, ajena a las presiones de factores de poder, grupos de interés, gobiernos de turnos y/o facciones políticas; e integrada a la vez por jueces probos, imparciales y transparentes en el ejercicio de su función.

En esa tarea es dable señalar, en primer término, que todo intento de una reestructuración judicial dirigida en procura de esos valores debe necesariamente ser precedida -en todo caso acompañada- de una reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación tendiente a corregir su actual composición violatoria del art. 114 de la Constitución Nacional, que ordena respetar un debido equilibrio entre los estamentos que lo componen. Así lo viene sosteniendo la Federación Argentina de Colegios de Abogados desde la incorporación de ese Instituto a nuestra Carta Magna. Compuesto hoy por 13 miembros, siete de ellos responden al sector político, lo que constituye un predominio sobre los demás integrantes, con capacidad de reunir por sí mismo mayoría absoluta para la toma de decisiones que no requieran otra, calificada.

Declarada en este aspecto su inconstitucionalidad por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo de la Capital Federal, espera desde 2016 una sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Al mismo no deberían soslayarse las carencias que hoy presenta un servicio de justicia que aún no ha podido incorporar las herramientas informáticas imprescindibles que permitan la digitalización de las causas e instrumentar un sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas que posibilite el trabajo a distancia de sus operadores –circunstancia que, entre otras razones, obligó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a decretar una feria judicial extraordinaria durante largos cuatro meses a partir del 20 de marzo del corriente año-; así como la emergencia edilicia que atraviesa en casi todas sus jurisdicciones y las anunciadas dificultades para afrontar el pago de las remuneraciones en los próximos meses, constituyen falencias que deben ser merituadas a la hora de establecer un orden de prioridades al tiempo de analizar una reforma de carácter integral que apunte al mejoramiento del servicio.

De igual modo debería considerarse la necesaria provisión de recursos humanos y tecnológicos con que deberán contar en el futuro los agentes fiscales, en quienes, en virtud de la próxima implementación del sistema acusatorio, recaerá el peso de las investigaciones en temas de suma complejidad, como los que presenta la criminalidad organizada.

En otro orden, no parece acertado que los nuevos cargos a crearse sean cubiertos inicialmente por jueces subrogantes, toda vez que ello supone una desnaturalización de ese instituto, nacido para la integración transitoria de tribunales inferiores en casos de licencia, suspensión, remoción u otros impedimentos de los jueces ya existentes. La propia ley 27439 –a la que se remite el proyecto en estudio- sanciona con la nulidad absoluta la designación de un juez subrogante para desempeñar funciones en un juzgado o tribunal que no hubiere contado previamente con un magistrado titular. No debería alterarse a esos efectos el sistema ordinario constitucional que es el proceso de selección de magistrados a través del Consejo de la Magistratura, poniendo en funcionamiento cada organismo una vez designado su titular con base en el mecanismo legal establecido.

Respecto al referido fortalecimiento de la justicia Federal en las provincias (94 nuevos juzgados de primera instancia en lo penal, 85 fiscalías y 23 defensorías), adolece del acompañamiento de un diseño elaborado sobre un estudio del mapa judicial con base en datos empíricos y con arreglo a las necesidades territoriales y cifras estadísticas, lo cual impide un análisis acabado de la propuesta formulada. Por cierto, el aumento cuantitativo de organismos no asegurará por sí sólo un mejoramiento de la calidad del servicio de justicia. Acotación igualmente válida respecto al aumento de juzgados en lo penal federal con asiento en la Capital Federal.

Corresponde decir que acertadamente el proyecto propone avanzar con el traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la competencia penal para la investigación y juzgamiento de los delitos no federales, lo que significa una medida plausible en orden a cumplir con lo preceptuado en tal sentido por el artículo 129 de la Constitución Nacional, y el reconocimiento que señala respecto de las potestades jurisdiccionales a ese distrito. Ello, sin perjuicio de no haberse previsto en el proyecto cuál sería el destino y funciones a cumplir en el futuro por aquellos magistrados, funcionarios y empleados que no consintieran su traspaso personal a la órbita de la justicia porteña.

En suma, resulta imprescindible que una reforma integral de la justicia Federal en materia penal debe surgir de un amplio debate en el que todos los sectores interesados en el servicio de justicia, esto es legisladores, magistrados, funcionarios, abogados, académicos, empleados de la justicia, juristas, entidades intermedias y ciudadanía en general, puedan con el debido tiempo sumar su aporte constructivo, de modo tal que el fruto a producir sea un cuerpo normativo con amplio consenso que permita hacer realidad aquellos principios y valores que todos compartimos. La consolidación de una justicia verdaderamente independiente y el logro definitivo de la paz social requiere del esfuerzo y desprendimiento de todos.

La abogacía organizada por medio de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, próxima a cumplir cien años al servicio de las mejores causas de la República, reafirma su compromiso en tal sentido.

(*) Presidente de la Federación Argentina de Colegio de Abogados

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