La Constitución representa un llamado a la acción, nos convoca a reforzar su perfil democrático

La reforma de 1994 introdujo cambios profundos en el texto vigente hasta entonces. Aunque convalidó prácticas presidencialistas nocivas, trató de redistribuir poderes, reconoció nuevos derechos y garantías, adoptó la igualdad real y fijó una nueva versión del progreso. Se apartó –en aspectos significativos– del modelo estadounidense venerado en el siglo XIX. Superando las expectativas de entonces, nos dejó vetas nuevas para una mejor democracia

Por Horacio Javier Etchichury (*)

Surgida de la ambición de un presidente neoliberal, la reforma de 1994 tuvo –y tiene–mala prensa. Algunas minorías lloraron la profanación del articulado de 1853; otros grupos proponían ir más a fondo contra el arcaico texto. Comitivas fervorosas exigían prohibir el aborto. Movimientos sociales reclamaban cortar el paso al ajuste y repudiar la deuda externa. Hubo otras críticas, todavía audibles hoy.
La reforma consagró el bipartidismo justo cuando empezaba a romperse. Santificó los decretos de necesidad y urgencia. Aparentó atenuar el presidencialismo, pero lo consolidó. Declamó “justicia social” mientras el ajuste noventista nos arrastraba a la recesión, el desempleo y el
estallido. sólo sirvió para la reelección de Carlos Menem. Quizá el pecado original cortó las alas de la reforma: ¿se puede lograr algo grande partiendo de un objetivo tan minúsculo?
Depende. Es verdad: las constituciones no solamente reflejan ideales o sueños altos. También surgen entre peleas miserables de su tiempo, tironeos de almas pequeñas y presiones de grandes poderes. Pero en aquella Convención hubo –también– argentinas y argentinos grandes, que pusieron voluntad honrada, conocimientos, vocación por el país.
La buena noticia: el escrito vive más allá de su tiempo de gestación. Cada generación tiene a mano hacer algo grande con lo que quizá nació marcado por mezquindades. Es posible afirmarse en las mejores fibras del texto: las generosas.

Así que probemos repasar algunos puntos del texto de 1994 que abren puertas nuevas. Quizá ya sean muy conocidos; otras cláusulas no han ganado todavía el lugar que merecen en el debate público.
Nadie pensaba en 1994 que se ampliarían derechos, especialmente en materia social. Sin embargo, un ítem desapercibido del acuerdo entre oficialismo y oposición (“institutos para la integración y jerarquía de los tratados internacionales”) permitió darle rango constitucional a varios pactos de derechos humanos.
Hoy está reconocido, por ejemplo, el derecho de toda persona “a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia” (artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PDESC). Y no sólo eso: dejando atrás la norma dictada por el general Onganía, el nuevo artículo 43 adoptó una versión amplia y potente del amparo, para hacer valer los derechos nuevos y viejos.
Por supuesto: la avalancha de tratados no impidió las crisis ni la miseria. Del mismo modo que el parco texto de 1853 no previno los golpes de Estado, los fusilamientos de anarquistas patagónicos o las bandas parapoliciales, entre varias otras calamidades. Es que una Constitución no modifica la realidad: simplemente nos dice qué hay que hacer frente a ella. A veces podemos cumplirla, a veces no. Algo es seguro: violar su texto –incluso diariamente– no lo deroga. Sigue ahí, sigue en pie.

Más derechos
El derecho al ambiente sano hoy tiene un artículo completo. Nuestro desarrollo no puede destruir nuestra casa común. En virtud del artículo 41, quien daña el aire, el agua o la tierra no sólo debe indemnizar o reparar, sino –antes que nada– recomponer. El progreso también tiene nuevas aristas: la Constitución impulsa (artículo 75 inciso 19) el “desarrollo humano”, conjugando “progreso económico” con “justicia social” y equilibrando las desigualdades entre las provincias. No alcanzan ya un puñado de avenidas y rascacielos para decir que llegó el progreso, salpicado entre pueblos olvidados y economías regionales vaciadas.
Los derechos de usuarios y consumidores quedaron consagrados en el artículo 42. La gratuidad de la educación –desde el prejardín hasta el posgrado– es parte del inciso 19 del artículo 75. Los pueblos indígenas ya no deben convertirse al catolicismo, como fomentaba el texto de 1853: su preexistencia étnica y cultural se afirma en una nueva forma de propiedad sobre sus tierras y en una educación bilingüe e intercultural. La vetusta prohibición contra la deliberación y movilización populares (artículo 22) se atenúa con el reconocimiento explícito del sufragio, de los partidos políticos y de las formas de
democracia semidirecta (artículos 37 a 40).
Incluso el derecho de propiedad sufrió cambios. Ya no es más aquel derecho central, aplicado indistintamente a los muebles de una familia, a un latifundio o a un entero lago rionegrino. Hoy –gracias al artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos– nuestras leyes pueden “subordinar el uso y goce” de la propiedad al “interés social”. Más aún: existe la posibilidad de crear “propiedad colectiva” (artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, DUDH), algo diferente de la propiedad estatal. ¿Qué pasaría –por ejemplo– si las empresas públicas o nuestros yacimientos naturales fueran propiedad colectiva de la población, y tuviéramos derecho a votar y decidir sobre su destino?

Ya no existe sólo el derecho “de trabajar y ejercer toda industria lícita”, adoptado en 1853.
Desde 1994, tiene el mismo rango el derecho “a trabajar”, definido como “el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” (artículo 6 del PDESC). El desempleo ya no es sólo un hecho desafortunado, resultado de un “mercado laboral”: representa el incumplimiento de un derecho constitucional. Una epidemia refleja la violación del derecho a la salud; el hambre expone la falta de respeto del derecho a la alimentación.
Tradicionalmente, los gobiernos han dado la misma excusa frente a la intemperie, las enfermedades o la desocupación: la falta de recursos. Algunos llegan a decir que les gustaría hacer algo para solucionar estos problemas, pero que no hay fondos. Desde 1994, el PDESC cambia las coordenadas del debate: el Estado debe dedicar el “máximo de los recursos disponibles” para garantizar los derechos a la salud, la alimentación, la seguridad social, la vivienda, la educación y el trabajo. En otras palabras: no todos los gastos tienen la misma prioridad. No todos los renglones del presupuesto pueden reducirse.

Límites al poder
El reconocimiento constitucional de nuevos derechos tiene una consecuencia más: no cualquier política es constitucional. Las distintas medidas –en género, educación, salud, combate al crimen, vivienda, comercio– no pueden afectar los derechos. El rango supremo de la Constitución obliga a cada rama del Estado. Los elencos gobernantes no tienen –como a veces se pensaba– total discrecionalidad para definir su plan de acción.
Los derechos civiles y políticos fijaron –desde temprano– límites al poder. No se puede suspender elecciones, censurar a la prensa o luchar contra el delito empleando tortura. Lo mismo ocurre con respecto a los nuevos derechos. Una política de empleo no es constitucional si implica precarización o explotación; tampoco lo es un programa sanitario que excluya pacientes o condicione las prestaciones. Un plan de viviendas no puede basarse en desalojos. No importa cuántos votos haya sacado: ningún Gobierno tiene margen para contradecir la Constitución.
Como principio, cada conquista social consagrada en leyes no puede ser derogada. El PDESC prohíbe –en su artículo 2– los pasos atrás: los derechos deben implementarse de manera “progresiva”. Es una frontera clara para cada Gobierno, de ayer, hoy y mañana: no hay retrocesos. Deben encontrar la forma de resolver problemas sin destruir el nivel alcanzado en el goce de los derechos. Una tarea difícil, pero ¿alguien pensó que sería diferente?
Otro cambio sustancial: tras casi siglo y medio de “igualdad ante la ley”, desde 1994 la Constitución exige “igualdad real de oportunidades y de trato” (inciso 23 del artículo 75).

Constitucionalismo social
Más allá de las formas, el texto nos manda a actuar sobre lo concreto. Profundiza el giro del constitucionalismo social, iniciado en la derogada reforma de 1949 y expresado en la protección al trabajo consagrada en el artículo 14 bis. La Constitución hoy habilita las “acciones positivas” a favor de grupos que se hallen en desventaja. Las mujeres, la infancia, las personas ancianas y aquellas con discapacidad pueden recibir medidas específicas que equilibren las desigualdades vividas cotidianamente. No basta que el Estado finja no ver las diferencias: ahora debe conocerlas para repararlas en los hechos.
El reparto de poderes también se modificó. La figura del Defensor del Pueblo (insólitamente vacante desde hace una década) introdujo un nuevo actor; el Ministerio Público ganó una autonomía novedosa. La designación de integrantes de la Corte requiere hoy mayorías especiales. Quizá por eso, hace 44 meses se intentó –audazmente– el ingreso alternativo de dos juristas. La oficina del jefe de Gabinete, gran esperanza contra el presidencialismo, ha reflejado los perfiles de sus ocupantes; todavía no hay un balance claro sobre su impacto.
Apenas 25 años después de juramentada, la Constitución representa un llamado a la acción. Nos convoca a reforzar su perfil democrático, luchar por la vigencia efectiva de los derechos y avanzar en la conquista simultánea de libertad e igualdad. El texto es nuestro, la tarea también.

(*) Profesor de la Facultad de Derecho de la UNC, investigador Adjunto del Conicet.

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