El abogado desempeña un rol fundamental como garante de acceso a la justicia

Por Laura Echenique – Secretaria de Justicia de Córdoba

El abogado desempeña un rol fundamental como garante del acceso a la justicia de los ciudadanos. Capacitación, actualización permanente, firme compromiso con la ética en el ejercicio profesional son algunos valores individuales y colectivos que la sociedad reclama. Para ello, el Estado Provincial procura garantizar el acceso a la justicia con celeridad y mejora constante en su calidad, introduciendo las reformas necesarias para superar la congestión en la tramitación de las causas, acelerar los plazos y acompañar el camino hacia la modernización y digitalización de las actuaciones judiciales que se viene dando en el Poder Judicial de la Provincia. La celebración del día del abogado se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre las principales reformas procesales presentadas a la Legislatura Provincial para su debate.

Las reformas en cuestión giran alrededor de un eje básico, cual es el de garantizar al ciudadano el acceso a la justicia con celeridad y calidad. Entendido el acceso a la justicia como un principio fundamental que involucra tanto la garantía del debido proceso, el derecho a la protección judicial y la igualdad ante la ley –entre otros-. Se trata en definitiva de la tutela judicial efectiva que incluye mecanismos que favorezcan la resolución de un conflicto jurídico. Este ha sido el objetivo de las reformas propuestas con el fin de superar barreras normativas y procesales que se presentan en la práctica para acceder a la justicia. A la fecha han sido aprobadas dos de aquellas reformas y están en debate las restantes. En lo que concierne al Fuero Civil y Comercial, es Ley la Mediación como instancia obligatoria y previa al inicio de las actuaciones judiciales, y la que establece la Prueba Piloto de Oralidad en el proceso civil y comercial de la Provincia.

En ambos casos se ha buscado adecuar el proceso a los estándares constitucionales y convencionales con la finalidad de mejorar el servicio de justicia y garantizar su acceso a los ciudadanos. Las reformas introducidas son una política pública del Gobierno de la Provincia, y han sido promovidas con el consenso de los actores principales de la realidad jurídica cordobesa y con el aporte enriquecedor de los legisladores de los distintos bloques que la componen, representantes del Poder Judicial, Colegio y Federación de Abogados y organizaciones no gubernamentales. Consenso y gradualidad en la implementación son características sobresalientes en las reformas introducidas, sumado a la capacitación de los operadores que se desempeñan en la materia en pos de una transformación cultural firme y progresiva.

Si bien la mediación es conocida en Córdoba desde la vigencia de la Ley 8858 del año 2000, la que permitiera conocerla como un método alternativo para la resolución de conflictos, la reforma introducida recientemente ha dado un salto cualitativo incorporándola como una etapa previa y obligatoria siendo ahora un requisito de admisibilidad de la demanda, -salvo para aquellas cuestiones que por su naturaleza no son susceptibles de mediación-, conforme lo prevé la Ley Nº 10.543. El sistema procura disminuir la litigiosidad permitiendo resolver el conflicto en una etapa previa y con bajo costo económico, sin desgaste jurisdiccional que permita alcanzar un acuerdo superador de sus diferencias.

El proceso de mediación ofrece asimismo menores costos y plazos. Asimismo se introduce la mediación voluntaria para algunos supuestos como los juicios ejecutivos particulares, desalojos y acciones societarias. Por su parte, la prueba piloto de oralidad introducida produce un cambio significativo en los procesos de estructura escrita y formal, en los que muchas veces el conflicto primario entre las partes pierde su centralidad y el expediente pareciera ser el objeto del proceso. En tal sentido, se ha procurado en la reforma introducida un cambio gradual, progresivo y planificado que permita introducir recursos tecnológicos de manera de ir sustituyendo paulatinamente el expediente papel por el digital.
Para ello, y mediante una prueba piloto en la que participa activamente el Tribunal Superior de Justicia a través de distintos juzgados que voluntariamente se suman a esta prueba, los que se encuentran en pleno proceso de capacitación en distintas Jurisdicciones donde ya esta implementado. Capacitación, seguimiento y evaluación de resultados podrán preparar una futura reforma integral. La experiencia indica que en los procesos modernos, la oralidad permite la garantía de inmediatez entre el Juez y las partes avanzando así en la publicidad y transparencia de los actos jurisdiccionales.

La oralidad permite procesos más ágiles que los escritos, menos formales, y fundamentalmente el contacto directo entre el juzgador y los ciudadanos, como también la concentración de los actos procesales evitando así distorsiones que atenten contra los tiempos del proceso, otorgando al Juez un papel activo en el desarrollo del mismo. Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Poder Ejecutivo provincial ha asumido el compromiso de realizar los esfuerzos necesarios para la puesta en práctica de la Prueba Piloto. Se procura acercar la justicia a los ciudadanos, garantizar la tutela efectiva de sus derechos, acortar procesos, disminuir costos, modificando las barreras normativas o procesales que lo impidan, con el consenso de los actores del sistema y gradualidad en la implementación.

Son tiempos de verdaderos cambios, de aquellos pensados con la convicción de hacerlo por los que menos oportunidades tienen de acceder al sistema y por la sociedad en su conjunto que reclama celeridad, calidad y menores costos. Seguiremos trabajando, analizando las restantes propuestas de reformas presentadas, en la búsqueda de los consensos necesarios para la implementación de cada una de ellas.

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