Desarrollar programas de Integridad y prevenir el fraude en las empresas es también tarea de los abogados

La nueva legislación en materia penal económica obliga a los letrados a realizar su tarea bajo nuevos paradigmas. El asesoramiento a las compañías es clave para que no se vean envueltas en investigaciones judiciales como la de los “cuadernos”

La causa denominada de los “cuadernos Gloria” despertó profundo interés en la sociedad pero especialmente en los empresarios y en los profesionales del derecho que miran con atención lo que ya se ha convertido en una megacausa judicial. La figura del arrepentido prácticamente debutó en esta investigación, que involucra a decena de empresas de primer nivel en supuestos manejos de dinero “en negro”, pago de coimas o aportes de campaña no declarados.
¿Cuál será el futuro de esas empresas? ¿Qué postura asumirán los jueces, si se comprueban alguno de los delitos que los imputados admitieron en sede judicial?¿Cómo se protegen las compañías y sus directivos cuando se encuentran frente a este tipo de situaciones?
Argentina cuenta hoy con un amplia legislación en materia de delitos económicos comúnmente llamados de guante blanco. Prevenir el fraude, el lavado de activos y desarrollar programas de integridad dentro de las compañías forma parte del contenido de la diplomatura que comenzó a dictar este mes la Universidad Siglo 21.
El interés superó las expectativas y tuvo gran repercusión, destacó a Comercio y Justicia uno de sus directores, Manuel Agustín de Allende.

“Hemos desarrollado un programa integral en el que conviven todas estas nuevas leyes relativas al lavado de activos, leyes anticorrupción y en lo penal económico, que implican un cambio de paradigma”, expresó el especialista en derecho penal económico.
De Allende opina que hoy los abogados deben cambiar la mirada: “No tienen que llegar tarde, cuando el cliente ya tuvo el problema, tienen que enseñarle a prevenirlo, lo tienen que asesorar para que el delito no ocurra en su compañía”.
“Que las empresas de autorregulen permitirá evitar que éstas reciban fuertes multas o incluso terminen cerrando sus puertas, con la cancelación de sus licencias, por ejemplo. Este cambio de paradigma hace que los abogados tengan que entrenarse en estos temas”, agregó.
Sin embargo, no sólo los abogados se inscribieron para capacitarse por medio de esta diplomatura. También lo hicieron funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Unidad de Información Financiera, además de empleados de compañías de seguro y bancos.

El tema es transversal, subraya De Allende y, por ese motivo, los docentes involucrados en dictar este curso provienen de diferentes disciplinas. “Tenemos docentes de Ciencias Económicas que además ejercen la actividad privada, hay profesores que se dedican a penal económico, otros que se dedican exclusivamente al compliance o a desarrollar programas de integridad dentro de las compañías, que es toda una disciplina, tenemos una mirada amplia de lo que significan estos cambios legislativos o cambio de paradigmas jurídicos hacia el derecho penal-económico”.

Los programas de compliance
De Allende cuenta que las empresas de componente extranjero poseen dentro de sus organizaciones -ello impuesto por sus casas matrices- programas de compliance y lo hacen desde hace muchísimos años, aunque la legislación argentina no lo exigía. Poco a poco también se están sumando las empresas multinacionales de componente nacional.
“A partir de la ley de Responsabilidad Penal Empresaria están tomando dimensión de la necesidad de tener estos programas. También porque algunas entidades estatales, por ejemplo Vialidad Nacional, ya lo exigen en sus pliegos y los empresarios lo viven como una necesidad de negocio”.
A modo de ejemplo, remarca que en la hipótesis de una causa como la del “cuadernogate”, teniendo un programa de integridad, los directivos de las organizaciones estarán protegidos. “La compañía tiene chances de detectar un caso de corrupción antes y denunciarlo y, si no lo pudo detectar pero demuestra que hizo todo lo posible para detectarlo, los jueces pueden eximirlos o reducir las sanciones de puro derecho”.
En ese panorama es que muchos abogados se acercaron a este curso. “Necesitan saber cómo implementar programas en sus empresas o qué dicen estas leyes para poder volcarlas a sus organizaciones, para poder asesorar tanto a sus directores como a los empleados de todo rango”, sostiene De Allende.
“Todas estas leyes que exigen a los particulares que se tienen que autorregular, tener normas de transparencia, normas de ética, que tienen que cumplir la ley y hacer que todas las cadenas de valor cumplan la normativa y tengan prácticas de anticorrupción hace que los abogados tengan que aggionarse a estas nuevas legislaciones; que son muchas y aisladas, pero que ya son un sistema”, concluyó el especialista.

Información sobre la diplomatura

Título: Programa en Compliance, Prevención de Fraude y Lavado de Activos.
Duración: 4 meses.
Modalidad: Presencial.
Lugar de cursado: Buenos Aires y Córdoba.
Fecha de inicio: comenzó en agosto.
Perfil profesional: oficiales de cumplimiento, dirección y área de legales de empresas y sujetos obligados, funcionarios públicos, abogados y/o contadores públicos.
Directores: Abel Sánchez Torres, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Especialista en Derecho Penal.
Manuel Agustín de Allende, especialista en Derecho Tributario y Derecho Penal Económico.
Coordinadora: Lucia Lopez Parga.
Profesores: Emilio Cornejo Costa, Javier López Biscayart, Esteban Semachowicz, Germán Gianotti, Paula Cortijo Romani, Raúl Plee, Graciela Montesi, José María Sferco, Mariano Federici, Celeste Plee, y Diego Martínez.

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