En anteriores publicaciones se presentó el concepto de la Web3 y la R/Evolución de la Internet, y cómo los smart contracts (¿realmente contratos e inteligentes?) y la tokenización pueden usarse para casos tan variados como aumentar la transparencia del Estado, ayudarnos a generar energías renovables para combatir el cambio climático, promoviendo políticas innovadoras para la descarbonización de la economía, o para democratizar inversiones generalmente prohibitivas para amplios sectores de la población, e incluso para crear nuevos medios de pago digitales –stable coins– que permiten crear dinero programable.
A esta revolución de la Web3, se suma ahora la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) y los nuevos marcos jurídicos que empiezan a delinear cómo habrán de gestionarse los riesgos y responsabilidades de la innovación.
En esta línea, hechos como que ChatGPT-4 apruebe el examen de la Barra de Nueva York -quizás el más difícil de los exámenes de acceso a la abogacía del mundo- en tan solo seis minutos, obteniendo una puntuación en el percentil 90, debiera considerarse como una alerta amarilla. Esto explica por qué 73% de los abogados esperan tener integrado en su trabajo herramientas de GenAI -pero también es verdad que una misma porción de ellos no sabe aún cómo implementar estas tecnologías-.
Desde 2016, la vertical LegalTech recibía tan sólo 224 millones de dólares de inversión a escala global; pero en 2018 ya superó mil millones de dólares de inversión. Desde 2018, el sector viene creciendo a pasos agigantados; existen miles de startups en el mundo que ya están aplicando tecnología al sector legal, con distintos fines y casos de uso, pero sólo unas 200 startups operan en Latinoamérica (un número muy bajo, si se considera que existen casi 500 LegalTech startups sólo en el Reino Unido).
Estas startups aplican la tecnología para crear plataformas de resolución de conflictos en línea (ofrecen alternativas a los procedimientos judiciales tradicionales y permiten la resolución de disputas on line, de manera rápida y accesible), gestión legal y automatización (ayudan a los abogados a administrar casos, documentos y tareas de manera más eficiente, permitiendo un ahorro significativo de tiempo y recursos) y Legal Analytics (utilizan análisis de datos y tecnologías de inteligencia artificial para predecir resultados).
Según un reciente estudio de Gartner, se espera que para 2025 los departamentos jurídicos tripliquen su inversión en tecnología en busca de una mayor eficiencia y productividad, y ello -a no dudarlo- demandará también que todos los proveedores de servicios legales se preparen para poder acompañar la innovación de sus clientes.
Pero no sólo se trata de incorporar tecnologías en el día a día del abogado sino que también se abren nuevos campos de actuación profesional, estrechamente vinculados a negocios apalancados en diversas tecnologías, especialmente aquellos negocios basados en datos. Esto ya se ha visto en el ámbito de la privacidad -especialmente con la entrada en vigor de GDPR en 2018- y se verá aún más la necesidad de formar nuevos oficiales de cumplimiento normativo super especializados en nuevos marcos jurídicos diseñados ad hoc para regular modelos de negocio de base tecnológica.
En Europa, la reciente sanción del reglamento general de gobernanza de datos -“el nuevo petróleo”-, el Reglamento de Inteligencia Artificial, y las leyes de servicios digitales y mercados digitales, todas prevén nuevas figuras de compliance officers que serán un nuevo campo profesional para el abogado. Estas normas dictadas en Bruselas tienden a surtir efectos en todo el mundo -el llamado “Efecto Bruselas”-, y aunque demoren en llegar a nuestras latitudes, terminan llegando y deben ser conocidas para poder capturar las oportunidades que abren.
En este contexto, la profesión legal, como tantas otras, deberá adaptarse para sobrevivir.
Del mismo modo que las empresas están obligadas a reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos por necesidad y no por opción.
Esto no debe asustarnos, ya que como afirma el maestro Héctor Alegría en El Derecho Privado hoy y la innovación jurídica (La Ley 2013-C, 1020), la innovación jurídica está en el ADN del abogado, y la historia del derecho comercial así lo demuestra: “Nuestra cultura jurídica no sólo puede estar encandilada por grandes luces sin poder ver su entorno”, afirman Alegría que debemos “aguzar el ingenio para, siguiendo un moderno debate, recibir y mejorar lo que se decante de precedentes computables, lo que Leibniz llamaba el ‘ars inveniendi’, pero también desarrollar la más difícil ‘ars combinatoria’ que requiere de una inventiva propia, de una generación de nuevos recursos técnicos que sirvan para nuestras comunidades en el actual estado de su desarrollo.”
A la innovación jurídica debemos sumarle la astucia legal, un concepto presentado en 2006 por la profesora Constance E. Bagley -que en lo personal aplico y predico todos los días- y que implica reconocer cómo el Derecho afecta al entorno competitivo y a los recursos de la empresa y también a las actividades de su cadena de valor. Afirma Bagley que la capacidad de los directivos de una empresa para comunicarse eficazmente con los abogados y trabajar juntos para resolver problemas complejos y aprovechar las ventajas de recursos de la empresa -ésta es la astucia legal– puede ser, en ciertos contextos, una capacidad dinámica que proporcione una ventaja competitiva para la empresa.
(*) Magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral. Especialista en Corporate Finance & Law y Magister en Finanzas con orientación Fintech por Esade Business School. Abogado especialista en Blockchain.
