Argentina enfrenta un retroceso inédito en la protección de los derechos de las mujeres y personas LGBTI+. El cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la desarticulación de sus programas ponen en riesgo las políticas de prevención y asistencia en el ámbito nacional
El cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad (MMGYD) fue la culminación de medidas del Gobierno del presidente Javier Milei en contra de políticas de género. Desde su asunción en diciembre de 2023 se vio severamente impactada la agenda de protección a mujeres de violencia en términos de presupuesto y accesibilidad.
El 10 de diciembre Milei firmó el decreto 86/2023, mediante el cual estableció un reordenamiento institucional de los ministerios: creó el de Capital Humano y allí incluyó una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, en reemplazo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. El 24 de mayo pasado la subsecretaría fue trasladada al Ministerio de Justicia. El punto de culminación para finalmente erradicar por completo esta agencia estatal fue el 6 de junio, cuando se anunció su cierre definitivo.
Desde entonces, la subsecretaría no fue reemplazada por otra área que trabaje violencia de género en el ámbito federal, ni en cuanto a prevención, establecimiento de políticas públicas o atención. Tampoco se ha dado continuidad –por medio de otra dependencia estatal- a los diferentes programas y planes de prevención y abordaje de la violencia de género desarrollados por el MMGYD.
Es la primera vez desde la recuperación de la democracia en 1983 que no existe en el ámbito federal una institucionalidad que atienda las políticas de género.
Esto ocurre pese a conocerse los datos del Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que muestra que hubo entre 226 y 260 víctimas de femicidio por año de 2017 a 2023. A estos datos hay que sumar los 340 llamados al día, más de 10.000 al mes y más de 120.000 al año que recibía la línea telefónica gratuita 144, que ofrecía asistencia y contención a mujeres y personas del colectivo LGTBI+ que sufren violencia.
“Lo más problemático no es el cierre del MMGYD por sí mismo sino la desarticulación de todos los programas que llevaba adelante”, explicó a este medio Natalia Gerardhi, abogada y directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Para Gerardhi, la disolución de la subsecretaría es una muestra del “total desinterés del Estado nacional por la situación de las mujeres y expresa su rechazo a la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos de las mujeres”.
Nuestra Constitución Nacional otorga rango constitucional a la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) comprometiendose a la elaboración de políticas encaminadas a eliminar la discriminación contra las mujeres por todos los medios apropiados y sin dilaciones y consagra la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará) en 1996 por medio de la ley N° 24632. Con el cierre de la subsecretaría, los compromisos dejan de tener autoridad de referencia para el diseño de políticas y presupuesto y la ley N° 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres dejará de tener autoridad de aplicación.
En este sentido, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer emitió este mes un comunicado en el que lamentó el grave retroceso que vive Argentina en materia de género, a la vez que hizo un llamado para retomar el camino de cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales con los compromisos que el Estado ha contraído para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres.
El Comité de Expertas recordó que, al igual que otras normativas internacionales de derechos humanos, la Convención de Belém do Pará, de la cual Argentina es Estado parte, consagra el principio de progresividad en su artículo 8, según el cual los Estados se comprometen a adoptar medidas contra la violencia de género de manera progresiva, de modo que no haya retroceso en los derechos adquiridos. Asimismo, preocupa al comité la falta de claridad sobre los programas de prevención, asistencia y acceso a la Justicia que seguirán vigentes y el organismo a cargo de su seguimiento, que ha sido denunciada por organizaciones de la sociedad civil argentina, en un contexto de aumento de las cifras de muertes violentas de mujeres.
Presupuesto
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el ELA analizaron el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Mujeres en 2023 para entender la gravedad y el alcance del desmantelamiento de estas políticas públicas. En 2023, el presupuesto del MMGYD representó apenas 0,21% del Presupuesto nacional, siendo el cuarto más bajo entre los 17 ministerios que integraban el Poder Ejecutivo Nacional.
Al analizar la distribución del presupuesto del MMGYD por actividades, se advierte que más de 90% correspondió a acciones para erradicar la violencia de género.
Dentro del presupuesto de las acciones contra la violencia de género, se destinó 92% a transferencias del programa “Acompañar”, que otorga un apoyo económico mediante transferencia directa sin intermediarios a quienes se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género. El objetivo del mencionado programa es fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género por medio de apoyo económico y psicosocial para las víctimas.
De acuerdo con el Informe de Gestión 2023 del MMGYD, desde el inicio del programa “Acompañar”, en septiembre de 2020, hasta noviembre de 2023, accedieron a él más de 352.000 personas en situación de violencia de género de todo el país.