A tres meses de haber asumido la presidencia del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar destaca los desafíos gremiales y normativos que enfrenta la profesión. En esta entrevista exclusiva con Comercio y Justicia, aborda temas claves como la regulación de honorarios, la oralidad en el fuero Civil y Comercial y la necesidad de una ley de licencias para abogados
Eduardo Bittar asumió la presidencia del Colegio de Abogados de Córdoba en mayo de este año tras obtener un respaldo contundente de 61% de los votos en las elecciones. Con un enfoque firme en la defensa gremial y el fortalecimiento institucional, Bittar lidera una gestión orientada a mejorar las condiciones laborales de los abogados y a asegurar la representatividad de toda la abogacía cordobesa. Entre sus prioridades, destaca la creación de un observatorio de honorarios y la elaboración de proyectos de reforma normativa que protejan los derechos económicos de los profesionales. En esta entrevista, Bittar explica los ejes de su gestión y comparte su visión sobre el futuro del ejercicio de la abogacía en la provincia.
– A tres meses de haber asumido como presidente del Colegio de Abogados ¿cuál es hoy su principal objetivo de gestión?
– Nuestro colegio es una institución que tiene que incluir a toda la abogacía; queremos que todo el espectro de la abogacía se sienta representado y, en este sentido, queremos ir acompañando -en nuestro carácter de ser el mayor colegio de la provincia de Córdoba y el más importante del interior del país- al resto de los colegios de Abogados. En esa visión, nuestro colegio tiene tres ejes centrales de trabajo: el primer eje es el gremial, que está relacionado con el ejercicio de la profesión. En este punto, hemos creado un observatorio de honorarios porque nuestro principal foco y, de alguna manera, nuestra obsesión es que mejoren las regulaciones arancelarias en nuestra profesión. No queremos más regulaciones de honorarios que nos perforen los mínimos; entendemos que eso afecta, vulnera y violenta nuestros derechos alimentarios; no queremos más regulaciones de honorarios profesionales basadas en pisos mínimos sin mayor fundamento alguno; eso nos parece que es una arbitrariedad.
Para alcanzar ese objetivo, estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba para hacer una evaluación de cómo ha sido el transcurrir de las tasas de interés y las regulaciones y cómo nos terminan perjudicando las regulaciones que se aplican en los tribunales en nuestro bolsillo. Es increíble ver cómo a un abogado le regulan honorarios que establecen que nuestro poder de compra es para determinada cantidad de bienes y, cuando te pagan -de acá a uno, dos o tres años-, ese poder de compra ha caído; por eso queremos tener un estudio económico y financiero que va a esclarecer cuál es la mejor forma de mantener la intangibilidad de nuestras remuneraciones. Estamos convencidos de que nuestro sector profesional, que representa a 14 mil familias y más de 22 mil en toda la provincia de Córdoba, es parte esencial del servicio de Justicia conjuntamente con el Poder Judicial; por lo tanto, es importante mantenerse en paridad de respeto y eso significa que, así como los salarios y remuneraciones de los jueces y funcionarios son intangibles, también nuestras remuneraciones deben conservar el valor para el cual fueron establecidas.
-¿Considera que los magistrados tienen un criterio discrecional a la hora de regular los honorarios?
-En muchos casos sí y, por esa razón, en protección de nuestros colegas, por primera vez en la historia, en dos causas bien concretas de perforación de mínimos, el Colegio de Abogados de Córdoba se constituyó como amicus curiae y lo importante de esto es que la Justicia nos admitió de manera inmediata, entendiendo que tenemos cosas para aportar. Esto no deja tranquilos de que vamos por el camino correcto, acompañando al colega de una forma muy activa y responsable.
– Por otro lado¿están avanzando para aportar un proyecto de reforma del Código arancelario?
– Exactamente, ya hemos recibido a diferentes integrantes de la Legislatura, de todos los sectores políticos, y hemos expuesto estos problemas que tenemos en materia de ley arancelaria, así como los problemas económicos que tenemos; estamos trabajando en un proyecto que tienda a cubrir todos los déficits que la ley arancelaria actual no puede cubrir y, por lo tanto, generan diversas arbitrariedades.
– ¿Hay alguna ley arancelaria que les gustaría tomar como modelo en el país?
– Hay diversas leyes arancelarias. Tenemos diversas referencias: está la ley de la Provincia de Buenos Aires con algunas cosas positivas, está la de la Provincia de Santa Fe, con otras cosas positivas. Nosotros tenemos que hacer una ley de Córdoba que contemple nuestras particularidades, que contemple de una manera más acabada la regulación de honorarios en los diferentes tribunales, en las actuaciones profesionales frente a las comisiones médicas, pero básicamente, y antes que todo, que determine el pronto pago de nuestro crédito alimentario. Estamos en ese camino trabajando con importantes juristas y esperamos tener ese proyecto lo antes posible. No podemos permitir más esto que ocurre muchas veces: que en una audiencia un juez le diga al abogado o a la abogada “renuncie a sus honorarios, doctor, porque esto hay que destrabarlo”; no podemos ser los abogados la variable de ajuste.
-¿También están avanzado para conseguir una ley de licencias para abogados?
-Si, porque estamos padeciendo una gran injusticia: los abogados no tenemos una ley de licencias como tienen los funcionarios o magistrados judiciales. A nosotros nos corren los plazos procesales. Vamos a insistir con ese tema, hay proyectos en la Legislatura; cualquier Estado del mundo que se diga avanzado debe tener un código de licencia que, además, lo tienen otras provincias y que no entendemos cómo en Córdoba aún no lo tenemos.
– Hay posturas contrapuestas respecto del futuro de la oralidad en el fuero Civil y Comercial de Córdoba. ¿Qué opinión tiene sobre el tema?
– En el aspecto conceptual estamos absolutamente a favor y apoyamos la oralidad porque permite la inmediatez del juzgador con la causa, con las partes e ir desplazando lo que se llama la verdad formal a la verdad real o material, que es lo que tiene que apuntar cualquier proceso. Lo apoyamos, lo celebramos. Ahora bien, es importante que esta oralidad vaya acompañada de los recursos humanos y tecnológicos para poder seguir dando esa celeridad que necesita. Por supuesto, apoyamos que el Poder Judicial tenga los mejores y mayores recursos para hacerlo. En este sentido, a nosotros nos gustaría que revean las normas que establecen que para ingresar por concurso a los tribunales solamente podés hacerlo en las últimas etapas de la carrera de abogacía y, si sos abogado o abogada, ya no lo podes hacer; me parece que ésa es una norma que ha quedado en desuso, que no respeta el principio de idoneidad establecida en la Constitución Nacional porque tenemos muchos colegas que son jóvenes abogados y quieren incorporarse a los cargos de meritorio y podrían hacer un gran aporte.
Por otra parte, a mediano plazo tenemos que pensar en un nuevo Código Procesal Civil y Comercial que vuelva a condensar todo en un solo texto, que condense todas las acordadas que existen en materia procesal, que contemple la digitalización.
-¿Cómo analiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de Córdoba?
–Estamos peleando para que exista una mirada mucho más inclusiva en el Consejo de la Magistratura. Es muy común que, en los cargos que se rinden para jueces o fiscales, muchas veces no se anoten colegas que ejercen la profesión en forma independiente porque se entiende que la cantidad de antecedentes que tiene una persona que trabaja en tribunales no es la misma cantidad que tiene un abogado litigante. Sería importante que se incluyeran nuestros antecedentes profesionales en forma expresa y sería importante que cada vez fuera mayor el número de colegas que se conviertan en magistrados porque aportan una mirada absolutamente diferente. La proporción de abogados que terminan ocupando los primeros lugares en un concurso es muy pequeña, es uno a diez o -en el mejor de los casos- es dos a ocho. Nosotros creemos que eso no es bueno, creemos que hay que respetar la carrera judicial, por supuesto, pero también la abogacía litigante -que es mucho más numerosa- debe tener la posibilidad de acceder a estos cargos. El Poder Judicial se tiene que integrar con la mirada de magistrados de carrera y de gente que ejerce la profesión, porque claramente eso después se nota en los fallos. Por esa razón, también estamos trabajando en un proyecto que revierta esta situación.
– Volvió la discusión sobre los divorcios administrativos y las sucesiones notariales. ¿Qué postura tiene sobre estos temas?
– Las sucesiones notariales y los divorcios administrativos representan una verdadera afrenta no sólo contra el ejercicio profesional sino contra la ciudadanía porque lo único que trae es más inseguridad jurídica para la gente. En ese aspecto estamos trabajando con gente de altísima calidad intelectual, aclarando que estos proyectos también traen notables perjuicios a terceros. Un ejemplo es el caso de las sucesiones: la participación del juez permite controlar que la sucesión se tramite en el lugar donde el causante tuvo su centro de vida con la debida publicidad para que otros herederos o acreedores puedan concurrir y controlar la legalidad del procedimiento; la privatización de este trámite a través de un escribano va a impedir que se controlen estas cuestiones y va a dar lugar a posibilidad de particiones en menoscabo de otros acreedores y sucesores; esto es gravísimo. Nosotros observamos que existe un fuerte lobby de escribanos, con una parte importante de la política que está apoyando eso, porque en realidad se pretende que lo que es nuestro trabajo vaya en favor de los escribanos; eso no lo vamos a permitir. Muchas veces se habla de estos costos judiciales pero nadie habla del sobrecosto notarial; yo pregunto, por ejemplo, cuando se trata de un contrato de locación, ¿por qué un abogado no puede certificar una firma de su cliente, por qué tiene que recurrir a un escribano? Eso es realmente un privilegio indebido que tiene que pagar el ciudadano. Entonces, nosotros vamos a pedir que se modifiquen las incumbencias profesionales y que se dé a los abogados incumbencias como éstas que tienen los escribanos.
