Matías Etrat, presidente de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, analiza los desafíos actuales de la profesión, la situación en el interior de la provincia respecto al servicio de Justicia y la necesidad de actualizar los Códigos Procesales
Matías Etrat asumió la presidencia de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba (FeCACor) en marzo de 2024. En su primer año, analiza en esta entrevista brindada a Comercio y Justicia las complejidades actuales del ejercicio profesional, las dificultades en el interior de la provincia en cuanto al acceso a la Justicia y las iniciativas para mejorar la mora judicial y actualizar los Códigos Procesales. También reflexiona sobre la regulación de honorarios y los riesgos de la desburocratización del Estado.
-Cómo analiza el ejercicio de la profesión en estos tiempos que corren?
Éste es un año complejo; estamos atravesando un contexto complicado y nos toca defender más que nunca el tema de nuestras incumbencias profesionales. Es un año de muchos desafíos. El ejercicio de la profesión se ha vuelto complejo por muchos motivos y tenemos que estar preparados para eso. Como federación estamos enfrentando este desafío.
¿Cuál es la situación que vive el interior de la provincia en cuanto a prestación del servicio de justicia?
Nosotros siempre estamos expectantes. Sabemos que al ser Córdoba la capital de la Provincia y tener la mayor cantidad de causas, todas las modificaciones se aplican primero en la ciudad y nosotros siempre estamos atentos a que luego todo eso se replique en el interior. En agosto, el Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA) en el fuero Laboral ya comenzó a aplicarse en el interior, lo que nos pone muy contentos, y creemos que más temprano que tarde estará esto en toda la provincia. La intención es que el interior tenga las mismas posibilidades y sobre eso estamos trabajando.
Uno de los reclamos históricos de los abogados es la mora judicial. ¿Cuál es el panorama hoy?
– Estamos trabajando muy fuertemente con los diferentes presidentes y presidentas de los colegios de Abogados para hacer un relevamiento sobre cada sede judicial. El Poder Judicial tiene sus propias estadísticas pero nosotros haremos lo propio. Queremos saber dónde está la mora, si es en el despacho diario o si es al momento de sentenciar. La realidad es muy diferente según los juzgados y sedes; en general lo que hemos notado es que la oralidad ha permitido acortar los plazos, le está dando más celeridad y hay más índice de acuerdos, en eso creo que hay que seguir trabajando.
– Un planteo que se repite en el último tiempo es la regulación de los honorarios y la perforación de los mínimos. ¿En el interior la situación es similar?
Así es, partiendo de la premisa de que los honorarios tienen carácter alimentarios, el Colegio de Abogados de Córdoba tomó la iniciativa para trabajar en un proyecto de reforma de la ley arancelaria que nosotros acompañamos. Se trata de una ley con más de 15 años y que creo que se puede mejorar. Tenemos que trabajar en eso y en otros proyectos de ley.
¿Cuáles, por ejemplo?
La reforma de los Códigos Procesales. No podemos perder de vista que la pandemia nos marcó un antes y un después: hoy tenemos el expediente electrónico, contamos con procesos orales y eso vino acompañado de muchos acuerdos reglamentarios que están desordenados. Es momento de reformar los códigos procesales, aggionarlos a los tiempos que corren. Creo que se puede lograr, hay que ir en ese sentido por una cuestión de orden.
¿Qué reflexión le merece la idea del Gobierno que apunta a la desburocratización del Estado?
Nosotros entendemos que debe primar el Estado de derecho; todo lo que sea en beneficio del ciudadano, sin afectar la división de poderes y las incumbencias profesionales lo vemos bien, bienvenido sea. Estamos de acuerdo con todo lo que ayude en ese sentido.
Sin embargo, esa desburocratización a veces impacta en el ejercicio de la profesión del abogado, por ejemplo, si pensamos en divorcios administrativos. No estamos de acuerdo con estos proyectos; tenemos que ser prolijos y prudentes porque buscando darle celeridad a un proceso después se generan problemas mayores en un segundo estadio. No hay que pensarlo sólo en la cuestión económica sino también en brindar seguridad jurídica y no afectar cuestiones constitucionales. Estamos muy atentos a este tema para trabajar en esta cuestión que nos afecta a todos.