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Manifestaciones antivacunas colman la paciencia de la primera ministra neozelandesa

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La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, acusó a manifestantes que se oponen a las medidas oficiales tomadas para enfrentar el coronavirus de usar “la intimidación y el acoso”, en una señal de endurecimiento del gobierno ante protestas que desde hace casi una semana perturban la ciudad capital, Wellington.

En un principio, la policía había permitido que los manifestantes acamparan alrededor del Parlamento, pero el jueves pasado dio un giro en su postura y arrestó a 122 personas.

Si bien la cantidad de manifestantes se redujo a unos pocos cientos la semana pasada, en el fin de semana volvió a aumentar el número de convocados y llegó a casi 3.000, justo cuando el país sufre su primer brote generalizado de coronavirus después de haber mantenido cerradas sus fronteras durante la mayor parte de la pandemia.

El aumento de las protestas y el número creciente de las manifestaciones parece haber colmado la paciencia de Ardern.

“Tengo un parecer muy claro sobre los manifestantes y la forma como han llevado a cabo su protesta porque ya ha dejado de ser una forma de expresar una opinión y se ha convertido en intimidación y acoso de las personas en el centro de Wellington”, dijo la premier a periodistas. “Eso no se puede tolerar”, agregó.

La semana pasada, el presidente del Parlamento neozelandés, Trevor Mallard, trató de dispersar a los manifestantes con dos inusuales estrategias: prendió los regadores de césped para inundar el lugar donde acampan y usó parlantes para emitir música a todo volumen, en un intento de molestarlos.

Por su parte, la policía les pidió que retiraran inmediatamente sus vehículos estacionados en lugares prohibidos y ofreció estacionamiento alternativo en un estadio cercano, con la intención de descongestionar la zona.

“Los habitantes de Wellington tienen derecho a moverse con libertad y seguridad por la ciudad, por lo que la máxima prioridad es que todas las calles estén despejadas”, declaró la superintendente Corrie Parnell, jefa de policía del distrito de Wellington, sobre la protesta.

Los manifestantes, quienes se oponen a la obligatoriedad de estar vacunado contra el coronavirus y se inspiraron en protestas similares en Canadá, transportaron baños portátiles, cajas de alimentos donados y bloques de paja para colocar sobre el suelo cuando se convirtiera en barro.

A pesar de los arrestos y peleas con la policía la semana pasada, decenas de carpas permanecen en los alrededores del Parlamento, con autos y camiones que bloquean las calles aledañas.

Cabe recordar que las autoridades neozelandesas ordenaron la vacunación obligatoria de maestros, médicos, enfermeras, policías y personal militar y, además, los habitantes deben presentar un certificado de vacunación para ingresar a la mayoría de los comercios y restaurantes.

El número de casos diarios de coronavirus saltó a un nuevo máximo de casi mil, frente a los 200 que se registraron solo cinco días atrás.

Por ello, para la primera ministra el momento del campamento masivo no podría ser peor.

“En el mismo punto en que estamos viendo un aumento de casos y un aumento en el riesgo para la salud pública y el bienestar de Nueva Zelanda, quieren que se eliminen las mismas medidas que nos han mantenido a salvo, bien y con vida”, alertó.

Nueva Zelanda evitó lo peor de la pandemia después de que cerró sus fronteras e implementó bloqueos estrictos, lo que limitó la propagación del virus. La decisión oficial fue elogiada en los primeros meses de la pandemia pero con el correr del tiempo comenzaron a surgir las protestas contra las regulaciones oficiales para la circulación y la vacunación obligatoria.

La protesta de Nueva Zelanda replica las consignas de las manifestaciones que se realizaron en Países Bajos, Australia, Francia y Canadá. 

Como se recordará, en París la policía montó un amplio operativo para contener una masiva protesta antivacunas y detuvo a casi 100 personas durante una gran manifestación contra el certificado de vacunación anticovid. 

La prefectura de policía de París mantuvo el cerco en la capital francesa hasta el lunes por la mañana para impedir que los manifestantes, procedentes de toda Francia, bloquearan la ciudad en su denominada protesta de «caravanas de la libertad», que se inspiró en la manifestación de camioneros que bloquea desde hace días el en el puente Ambassador, que une Windsor, Ontario y Detroit, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos.

Los manifestantes franceses, opuestos a la vacunación obligatoria contra el covid-19 pero también críticos del presidente Emmanuel Macron, no lograron bloquear la capital del país, como tenían previsto hacerlo.

A dos meses de las elecciones presidenciales en Francia, los manifestantes exigieron la retirada del certificado de vacunas, que solo permite a las personas inmunizadas entrar en restaurantes, cines y otros comercios, que el Gobierno dice querer suprimir antes de abril.

La llamada «caravana de la libertad» (que tenía como objetivo llegar a la capital de Bélgica, sede de muchas de las instituciones de la Unión Europea) reunió a miles de personas en los Campos Elíseos, el emblemático centro de la capital que ya fue escenario hace unos años de las concentraciones de los llamados “chalecos amarillos”.

Si bien la mayor parte de la concentración fue pacífica, hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que incluyeron gases lacrimógenos cerca del Arco del Triunfo y multas a cientos de personas por «participar en una manifestación no autorizada».

Trudeau endurece su postura

En Canadá, el gobierno decidió acciones para enfrentar las protestas. 

«El gobierno federal ha invocado la Ley de Emergencias para complementar la capacidad provincial y territorial de hacer frente a los bloqueos y ocupaciones», afirmó el primer ministro Justin Trudeau, en una conferencia de prensa, y agregó que, por ahora, no se desplegarán militares.

Con las protestas que camioneros y grupos antivacunas protagonizan desde hace más de dos semanas en varios puntos del país, «es evidente», dijo Trudeau, que las autoridades locales están teniendo problemas para hacer cumplir la ley.

La última vez que un gobierno canadiense invocó el uso de poderes de emergencia fue en 1970, cuando el entonces primer ministro, Pierre Trudeau -padre del actual gobernante- hizo uso de la Ley de Medidas de Guerra para combatir al Frente de Liberación de Quebec (FLQ), un grupo extremista que secuestró al viceprimer ministro de Quebec y a un diplomático británico.

Trudeau aseguró que la medida no limitará la libertad de expresión ni la capacidad de manifestarse legalmente en el país. El primer ministro también aseguró que las medidas «serán razonables» y proporcionales a las amenazas que existen. 

Durante las consultas con los jefes de Ejecutivos provinciales, tanto la provincia de Quebec como la de Alberta señalaron su oposición al uso de la Ley de Emergencias, pese a que días atrás reclamaron acciones más fuertes del gobierno federal para hacer cesar las protestas de los antivacunas.

El anuncio de la adopción de la mencionada norma se produjo poco después de que la Policía Montada canadiense informó la detención de 11 personas que participaban en el bloqueo del cruce fronterizo de Coutts, en el oeste del país. 

Según se afirmó oficialmente, los detenidos estaban en posesión de numerosas armas de fuego y chalecos antibalas, y «listos para usar la fuerza contra la policía si se intentaba romper el bloqueo». Así lo afirmó el primer ministro de Alberta, Jason Kenney.

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