“Si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de DDHH con efectos negativos que se prolongarán mucho tiempo”, alertó la máxima autoridad de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet.
Bajo esa premisa, le advirtió a los gobiernos de que los poderes de emergencia aprobados en el marco de la crisis por el Covid-19 “no deben ser armas para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder”.
La Alta Comisionada de la ONU para los DDHH reiteró que las medidas deben ser necesarias, proporcionales y no discriminatorias.
Además, resaltó que deben tener una duración limitada y no afectar a derechos que siguen vigentes en todas las circunstancias, como el derecho a no ser detenido de forma arbitraria.
Bachelet cuestionó las detenciones de miles de personas por violar disposiciones gubernamentales y dijo que son prácticas inseguras e innecesarias.