ESCUCHARUn plenario de comisiones de la Cámara de Diputados debatía esta mañana el proyecto de «Emergencia Covid» elaborado por el Poder Ejecutivo, que establece un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública comenzó pasadas las 10.30 con el objetivo de emitir despacho sobre el proyecto que contempla medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país hasta fin de este año.
El presidente de la comisión de Acción Social y Salud, Pablo Yedlin, afirmó minutos antes de la reunión que el oficialismo cuenta con mayoría para dictaminar y que verá si lo puede llevar a la sesión de esta tarde.
«Es un proyecto virtuoso», opinó el diputado del Frente de Todos al abrir luego el plenario como primer orador, y consideró que la propuesta del Gobierno «busca definir un semáforo epidemiológico de gravedad creciente para que las restricciones tengan una lógica sanitaria».
Yedlin explicó que «se usan indicadores sencillos utilizados en todo el mundo como la tasa de incidencia acumulada que es la suma de casos registrados en los últimos 15 días».
Para el diputado, la ley «es muy respetuosa de los gobiernos locales» y aseguró que «todas las decisiones las van a tomar los gobernadores y los intendentes y no hay un intento de saltear la autoridad real sino todo lo contrario».
Yedlin señaló que la provincia de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán y la provincia de Buenos Aires son, en ese orden, los distritos que tienen indicadores más preocupantes.
Desde la oposición, el diputado radical Gustavo Menna cuestionó la suspensión de clases presenciales y pidió la participación en el plenario de representantes de asociaciones de padres, algo que el oficialismo rechazó.
Menna consideró que el proyecto «pretende legalizar dos decretos que fueron declarados inconstitucionales por el fallo de la Corte Suprema» en relación a una presentación del Gobierno porteño contra la suspensión de clases presenciales.
La intención del oficialismo es buscar acuerdos para incorporar el proyecto al temario de la sesión que se realizará esta misma tarde, pero ese objetivo parecía perder fuerza en las últimas horas, señalaron a Télam fuentes parlamentarias.
Desde el oficialismo buscaban contar con esa herramienta de cara al vencimiento mañana del decreto de necesidad y urgencia (DNU) vigente que estableció nuevas restricciones para minimizar el impacto de la segunda ola de coronavirus.
Esa norma estableció nueve días de aislamiento estricto (entre el 22 y el 30 de mayo); luego cinco días con mayores habilitaciones (del 31 de mayo al 4 de junio); el pasado fin de semana (5 y 6), nuevamente con restricciones más duras, y por delante los últimos días de esta etapa (del 7 al 11 de junio) otra vez con medidas más laxas.
La iniciativa que se busca aprobar reúne los criterios sostenidos en los DNU firmados por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la pandemia, y hace hincapié en las reuniones sociales, el control del número de camas de terapia intensiva y el dictado de clases presenciales.
Entre otras cuestiones, establece una serie de parámetros para definir las medidas restrictivas en los centros urbanos de acuerdo con los riesgos: bajo, mediano, alto y «Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria» que se aplicarán en todo el país.
El proyecto mantiene el dictado de clases presenciales y las restringe en aquellas zonas en «situación de alarma».
En las urbanizaciones con «alarma epidemiológica y sanitaria» se suspenden los centros comerciales y ferias, los locales gastronómicos, la práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libre, los gimnasios y la circulación entre las 19 y las seis de la mañana.
También se suspenden las reuniones sociales en domicilios particulares; las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de diez personas; la práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados; las actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas; la realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas.
Asimismo, establece que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, según corresponda, podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente.
