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El lobby verde pone en riesgo las exportaciones de carne

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Un poderoso bloque de parlamentarios europeos busca aprobar un impuesto al consumo de carne que impactaría de lleno sobre los envíos argentinos con ese destino. Dicen que la producción ganadera afecta el ambiente igual que los transportes. En paralelo, buscan destruir el acuerdo UE-Mercosur

Hace apenas unas semanas se llevó a cabo la Semana Internacional Verde de Berlín (Alemania), donde se presentó el “Pacto Verde Europeo” (The European Green Deal) y uno de sus puntos centrales comprende la estrategia del “Campo a la Mesa” (Farm to Fork Strategy), con la que se pretende mejorar el sistema alimentario de la Unión Europea haciéndolo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

En ese marco la organización sin fines de lucro, True Animal Protein Price (TAPP), presentó en el Parlamento Europeo un proyecto en el que pide la inclusión de un impuesto de la sostenibilidad en la carne que se comercializa en la Unión Europea, que se denominó “Cargo de sostenibilidad”.

Mañana miércoles 5 de febrero 

 

El Parlamento Europeo debatirá desde hoy la introducción de un impuesto a la “sostenibilidad ambiental” de la producción ganadera, que de hacerse efectivo podría afectar gravemente los márgenes de comercialización de carne de nuestro país hacia el viejo continente, poniendo en riesgo la Cuota Hilton y la Cuota 481, si es que aún sigue existiendo después de este debate.

Se trata de un impuesto a la carne que busca compensar de algún modo la pérdida de biodiversidad y las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen por la dinámica de la propia actividad, y que según distintos medios europeos “podría aplicarse en los estados miembros a partir del año 2022”.

Según el proyecto ingresado por el bloque de los verdes (ecologistas) al Parlamento continental, cada tipo de carne (avícola, bovino, porcino, etc.) tendrá un impuesto basado en las estimaciones de los costos asociados a los parámetros de emisiones de cada actividad, por lo cual no es un monto fijo sino variable dependiendo del rubro productivo. Según el estudio de la misma organización, el consumo podría caer entre 30% y 70% para el año 2030.

El lobby verde explicó que 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales proviene de la actividad ganadera (80% de la deforestación de la Amazonía), que se genera al plantar cultivos destinados a la alimentación animal o el mantenimiento de pasturas, según datos de Greenpeace. Es “tanto como todos los coches, trenes, barcos y aviones juntos”, recuerdan desde la ONG ecologista, desde la que destacan además que 75% de la superficie agrícola hoy se destina a la ganadería. La fundación True Animal Protein Price Coalition (TAAPC) propuso gravar el consumo de carne mediante un “impuesto de carbono” a la actividad y que terminó siendo ingresado por los verdes al Parlamento europeo.

La organización manifestó que “es el momento de actuar políticamente sobre las consecuencias medioambientales derivadas de la producción y consumo de proteína de origen animal, cuyo precio se ha mantenido relativamente bajo durante bastante tiempo”, y agregó que la humanidad debe buscar una “solución justa para los agricultores, donde se de una transición hacia un sistema alimentario basado en los alimentos vegetales, siendo una medida seria para hacer frente al cambio climático“.

Para peor, la iniciativa legislativa se da en paralelo a la distribución de un informe titulado “Nuevo Estudio sobre el Mercosur: un mal acuerdo para el Clima y el Medio Ambiente”, que fue presentado en diciembre por el mismo bloque de The Greens.

Se trata de una investigación orientada a demostrar que el proyecto de Acuerdo UE-Mercosur, hoy en proceso de barrido técnico y legal, resulta tan perjudicial para el desarrollo sostenible y la agricultura del Viejo Continente, como para la economía industrial y el desarrollo sostenible de la poca capacidad de competir que exhibe el bloque de América del Sur, precisó el diplomático Jorge Riaboi.

El informe despedaza el borrador del acuerdo birregional adoptado el 29 de junio último, con argumentos que fortalecerían la revisión del borrador de acuerdo (como parece auspiciar el Gobierno), pero que en los hechos puede terminar barriendo con todo lo actuado, tal como se están encargando fulltime los lobbies agrícolas y políticos de Europa.

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