ESCUCHARUna resolución establece que las actividades de aplicación de productos fitosanitarios para la agricultura en la actividad agrícola en general deben realizarse conforme buenas prácticas agrícolas y sujetas a sistemas de control y monitoreo adecuados
El Gobierno nacional formalizó ayer la creación de un grupo de trabajo interministerial que tendrá 90 días de plazo para establecer las políticas de regulación del uso de agroquímicos, en especial en cercanías de zonas pobladas. La medida había sido anticipada el lunes pasado por los ministros de Agroindustria, Luis Etchevehere, y de Medio Ambiente, Sergio Bergman, quienes también anunciaron la reglamentación de la ley nacional que obligará a los productores a seguir una serie de procedimientos para reciclar los envases de productos fitosanitarios, normativa formalizada el martes.
La resolución conjunta 1/2018, publicada ayer en el Boletín Oficial, dispone: “Las actividades de aplicación de productos fitosanitarios para la agricultura en la actividad agrícola en general, y en especial en zonas de amortiguamiento o buffer, deben realizarse conforme a buenas prácticas agrícolas y sujetas a sistemas de control y monitoreo adecuados”.
Ambas carteras se comprometen a ajustar “sus políticas, programas y proyectos” a los resultados que obtenga el Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios, creado en la misma resolución.
Los objetivos del grupo de trabajo serán “elaborar los principios que deben regir las políticas públicas nacionales de sus respectivas competencias, sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación”, además de “formular recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción de las buenas prácticas de aplicación y los sistemas de control y monitoreo” a esa actividad.
La medida apunta a encontrar un criterio homogéneo en materia de regulación de las aplicaciones de agroquímicos, uno de los temas de mayor debate público entre productores y asociaciones ambientalistas.
Actualmente suman 22 las provincias que han dictado leyes o normativas específicas sobre agroquímicos que a la vez se superponen con una gran cantidad de ordenanzas municipales.
En este enjambre normativo, hay zonas donde los productores tienen prohibido aplicar insumos químicos en un radio de hasta 2.000 metros alrededor de los pueblos, mientras que en otras están directamente vedadas las fumigaciones aéreas.
La resolución conjunta señala que el grupo de trabajo interministerial estará formado por dos representantes de ambos ministerios y otros cuatro provenientes de los organismos descentralizados de Agroindustria, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
El Senasa es el organismo que regula finalmente en materia de agroquímicos en el ámbito nacional.
También se invitará a que otros ministerios y organismos involucrados en el tema envíen un delegado a este grupo de trabajo. Podrán hacerlo el Ministerio de Salud y el de Ciencia y Tecnología. Las provincias, en tanto, podrán expresar sus opiniones mediante sus representantes ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y del Consejo Federal Agropecuario (CFA).
Además, se establece que “podrán preverse instancias de participación, con carácter consultivo, de actores relevantes de la sociedad civil con reconocida capacidad técnica en las materias que trate el Grupo de Trabajo”.
