“Embargos de AFIP sobre billeteras virtuales. El caso de los exchange”

Por Jorge Fabián Villalba (*)

Hace unos días, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) exteriorizó a los medios de comunicación su vocación de solicitar a la Justicia que trabe embargos sobre las billeteras virtuales de aquellos contribuyentes que le deben dinero al Estado. La medida nos invita a analizar algunas distinciones y una vulnerabilidad hoy no resuelta.

Vamos a las distinciones.

Si partimos del paradigma de la inclusión financiera (uno de los grandes lemas de las DeFi), fácil es advertir de la fuerte inclinación de muchas personas a la utilización de aplicaciones que les permiten obtener una tarjeta de débito o prepaga, así como poder contar con una caja de ahorro de manera gratuita, que cumpla con ese paradigma de inclusión cuando no pueden acceder a las entidades financieras tradicionales (por ejemplo, por riesgo crediticio, por no poder pagar el costo de mantenimiento, en el caso de las gratuitas simplemente por desconfianza a los bancos, etcétera).

La muestra la podemos ubicar en las propias redes sociales, en las que Mercado Pago, Ualá y Prex Argentina -entre otras- se valen de estos presupuestos para instalar su producto con altas aceptación y masividad, más aún en un país donde la confianza en los bancos se fue demoliendo año tras año.

Ahora bien, lo que antes resolvía la asignación de una tarjeta de débito y una cuenta a un usuario de manera gratuita operando de manera remota desde su celular, hoy permite a los usuarios, además, hacer rendir su dinero, comprar dólar MEP y obtener un préstamo, entre otras alternativas.

Hasta aquí hablamos de billeteras virtuales que operan con moneda de curso legal.

Distinto es el caso de aplicaciones como Lemon Cash, Ripio, Prex Argentina, Prex Uruguay, Binance, Bamboo, Pancake, RemiBit (y podemos nombrar millones más), que ofrecen la posibilidad de que un usuario adquiera criptomonedas y opere con ellas. Estas plataformas responden al paradigma de las verdaderas finanzas descentralizadas que promueve la tecnología blockchain.

En la medida en que éstas estén alcanzadas por el régimen de información, la AFIP puede avanzar y requerir un embargo. Aquí no existe ninguna novedad, por cuanto toda entidad centralizada que estuviere alcanzada por esta obligación deberá cumplirla y hacer efectivo el embargo que por ley proceda y hasta el monto permitido.

La distinción, como vemos, es clara: si bien un exchange opera con moneda de curso legal (de uno o más países) de una billetera de tipo tradicional -bien podría no hacerlo-, lo importante a tener en cuenta es la cotización que se tomará de la criptomoneda al momento de hacer efectivo el embargo en el caso de que sea volátil o de cotización variable, problema que no observamos en el caso de las estables o con paridad al dólar.

Voy al punto que me interesa, relativo a la vulnerabilidad.

Un Estado que no favorezca la utilización de criptoactivos debe lidiar con la esencia de esta tecnología, la descentralización y la “no custodia”. Esto quiere decir que importantes volúmenes de criptoactivos se negocian en el mercado P2P (entre pares de manera directa, sin intermediarios) y tienen como destino billeteras de almacenamiento en frío sin custodia.

A blockchain no le interesa el nombre de las personas (lo explicaremos más adelante cuando en otra columna me refiera a la gobernanza en la era blockchain, y lo invito a usted a leer la columna ya publicada sobre las “DAO”), cada transacción es registrada y perfectamente verificada, trazable, auditable y no existe manipulación alguna; pero debo partir de un postulado sumamente necesario…: saber a quién le corresponde esa billetera virtual.

Quizás esto se entienda de manera fácil en situaciones en las que una persona cobre un sueldo o bien realice una transacción con criptomonedas en la que intermedie un escribano público, porque aquí será éste el aliado principal del organismo recaudador, pues es el único que puede, de primera mano, ponerle nombre y apellido a una billetera virtual que sea objeto de una transacción.

El principal problema es que hoy el usuario de criptomonedas P2P tiene el poder y su dinero está resguardado en billeteras sin custodia de organismos centralizados, por lo tanto la información, embargo, congelamiento, ejecución, etcétera, se vuelve un deseo de imposible realización.

La clave está en comenzar a pensar y legitimar la adopción de este tipo de activos con los incentivos necesarios que permitan ponerle nombre y apellido a una billetera virtual. Por ejemplo, permitiendo operaciones inmobiliarias con beneficios fiscales, operaciones de cosas muebles registrables o no, etcétera. Hasta tanto eso no suceda... es muy chico el volumen que un usuario moverá en una billetera virtual susceptible de información.

La pregunta sería: ¿cómo procedería la AFIP hoy en estos últimos casos?.. Usted lector adivinó la respuesta.

(*) Escribano. Titular del registro 706. Director de la Sala Blockchain e Inteligencia Artificial y de su revista Indexada, de la Universidad Católica de Córdoba. Experto en tecnología blockchain aplicada.