Desalojo condicionado por situación de vulnerabilidad

El Tribunal de Alzada interviniente admitió la demanda de lanzamiento incoada por el titular del inmueble, aunque dio mayor plazo para que el demandado abandone la tenencia precaria [privado] Al no probarse que la ocupación del inmueble por parte de la demandada se basaba en una relación laboral ni que existía deuda que justificara la retención de la propiedad, la Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la sentencia de primer instancia, que ordenó el desalojo, pero dando un plazo mayor para la ejecución del lanzamiento y ordenando la notificación a la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, dependiente del Poder Judicial de Córdoba, dado la situación de vulnerabilidad de la accionada, Malvina Soledad Bulacio. A su turno, el tribunal integrado por los vocales Graciela María Junyent Bas, José Manuel Díaz Reyna y Héctor Hugo Liendo, compartió lo señalado por el magistrado de primera instancia, en cuanto a que, aun cuando se acreditara que existió la relación laboral invocada, ello no era óbice para la procedencia de la pretensión de desalojo, pues la relación laboral pudo sustentar la tenencia del inmueble mientras subsistió. Sin embargo -se evaluó- el reclamo del accionante deja en claro la imposibilidad de subsistencia de dicho vínculo, por lo que habría desaparecido la causa que supuestamente justificaba la presencia de la demandada en el inmueble. De ello, el fallo derivó que “la invocada relación laboral no constituye título que de derecho a mantenerse en la ocupación del inmueble, sin perjuicio de los reclamos pecuniarios que pueda efectuar el demandado en razón de las condiciones en que aquella se desarrolló y extinguió”. Por ello, la Cámara concluyó que “atento a no encontrarse debidamente acreditada la relación laboral invocada, en modo alguno puede existir derecho de retención en cabeza de la demandada, pues caen los supuestos créditos impagos que justificarían dicha retención”. En ese orden de ideas, los camaristas sostuvieron que “ha invocado también la apelante el derecho a la defensa y la protección de los derechos humanos y del derecho a una vivienda digna y adecuada, señalando que estos derechos gozan de jerarquía constitucional por encontrarse plasmados en normas jurídicas internacionales”, observando que “el derecho a la propiedad privada de la actora también encuentra respaldo constitucional (Constitución Nacional, Arts. 14 y 17; Declaración Universal de los Derechos del Hombre, Art. 17; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 21; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. 23) y no puede consentirse su desatención por el hecho de que el Estado argentino incumpla con sus deberes en materia de Derechos Humanos”. En ese sentido, se sostuvo que el respeto del referido derecho no puede llevar al tribunal al extremo de exigir a la actora en estos autos que asuma la responsabilidad de dar solución a esta problemática, “cercenando en definitiva su derecho a la propiedad”. Finalmente, los magistrados consideraron que “el resguardo del derecho a la vivienda digna de la demandada y su familia no ha pasado inadvertido al sentenciante quien ha dispuesto a tales fines –y consideramos adecuado- una ampliación a treinta días del plazo otorgado a la demandada para desocupar la propiedad y asimismo, ha dispuesto la notificación de la resolución de desalojo a la Oficina de Derechos Humanos y Justicia (del Poder Judicial de la Provincia) a los fines de evitar la situación de vulnerabilidad que pudiera generarse a quienes ocupan el inmueble”. Autos: "GUINEA DE GRUBIC, ALBA TERESA C/ BULACIO, MALVINA SOLEDAD - DESALOJO - COMODATO - TENENCIA PRECARIA- EXPEDIENTE: 5795809" [/privado]

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