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Universidades públicas adherirán a la “ley Micaela” y coincidirán en una metodología de aplicación

La norma determina la capacitación obligatoria en materia de género y de violencia contra las mujeres. La casas de altos estudios de todo el país darán formación sobre la cuestión a los integrantes de la comunidad universitaria. También las harán extensivas a la sociedad.

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

Las universidades públicas del país adherirán a la denominada ley “Micaela” de capacitación obligatoria en materia de género y de violencia contra las mujeres. Será en abril próximo en el marco del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Así lo confirmó ayer a Comercio y Justicia el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri, impulsor de la propuesta junto al equipo del Programa de Género de la Secretaría de Extensión. La iniciativa fue presentada el lunes pasado ante los integrantes del Comité Ejecutivo del CIN. En esa ocasiónse subrayó la importancia y necesidad de formar a la comunidad universitaria en las cuestiones de género.
“La Red de Género del CIN trabajará sobre un modelo de aplicación en las universidades, con capacitaciones concretas que tendrán en cuenta parámetros del Instituto Nacional de las Mujeres; vamos a trabajar con el know how de ellos y de las universidades”, señaló Juri a este medio.

Justificó la decisión de avanzar en esta temática: “Vemos que nos falta una respuesta inmediata que tenemos que dar las autoridades ante situaciones que vulneran la cuestión de género. Si bien de hecho lo hacemos, éstas tienen que surgir de manera automática, a partir de protocolos establecidos, cuando detectemos situaciones de violencia de género o de desigualdad”.
Durante ese encuentro, también se refirió al tema la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci, integrante de la Red Universitaria de Género (RUGE), quien precisamente pidió sumar el trabajo de la RUGE para la elaboración de la propuesta que saldrá del plenario de rectores.
El titular de la Casa de Trejo estuvo acompañado en el CIN por Analía Barrionuevo, coordinadora del Programa de Género de la Secretaría de Extensión UNC, quien expuso ante los integrantes del Comité Ejecutivo del CIN, sobre la importancia de la iniciativa. “La universidad, en tanto institución pública, debe asumir su compromiso social en la promoción de acciones concretas para construir una vida libre de discriminación y violencias, tal como lo establecen los distintos tratados internacionales suscriptos por nuestro país con relación a las cuestiones de derechos humanos y género”.

Sobre la “ley Micaela”
La norma alude al femicidio ocurrido en la localidad de Gualeguay (Entre Ríos), en 2017. La víctima, Micaela García (21), era estudiante de Educación Física y fue reportada como desaparecida el 1 de abril. Su cuerpo apareció sin vida y con signos de violación el 8 de ese mes cuando el principal sospechoso, Sebastián José Luis Wagner, aportó datos sobre su paradero. Wagner, quien posteriormente confesó el crimen, es un ex convicto por delitos de violación que había sido condenado a nueve años de prisión, pero gozaba del beneficio de libertad condicional.
La ley “Micaela” establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías abarcando la estructura de los tres poderes del Estado, como también sus organismos descentralizados.
Las capacitaciones serán definidas en su modalidad y formato por los organismos donde desempeñan sus funciones los agentes obligados. El Instituto Nacional de las Mujeres es la autoridad de aplicación de la ley y es el responsable de certificar la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo. También dispone que esos contenidos deben velar por la sensibilización de las personas en función de prevenir la violencia de género a través de provisión de estándares, protocolos de trabajo y recomendaciones de buenas prácticas. Además, establece como falta grave negarse a cumplir con esa capacitación, lo que dará lugar a sanción disciplinaria y obstaculizará los ascensos.

Juri, sobre la denuncia de acoso en Medicina
El rector Hugo Juri también respondió ante la consulta por la denuncia pública de situaciones de acoso a estudiantes en la Facultad de Medicina en que trascendieron chats con contenido sexual sobre alumnas. Sobre la actual situación del caso, detalló: “Estamos siguiendo el protocolo con especial énfasis, dando los tiempos y plazos de defensa, acortando otros tiempos para dar respuesta contundente en caso de que sean encontrados culpables por violaciones a principios universitarios, violaciones a cuestiones éticas y de dignidad a los cargos. Esto no sólo en este caso sino en cualquiera que haya en la universidad; no vamos a esperar pasivamente. En este momento hay personas suspendidas y estimo que tras las declaraciones de los implicados esta misma semana ingresa a la Oficina de Sumario de la universidad”.

En esta última área es donde se instrumentan los sumarios a los sospechosos de faltas, como éstas consideradas “graves” dentro del ámbito de la UNC. Cabe recordar que la justicia federal desestimó que la denuncia encuadrara como delito pero sí siguió los carriles de la investigación interna dentro de la Casa de Trejo en lo referido a posibles medidas administrativas. “Pretendemos que la justicia llegue pero no llegue tarde”, concluyó Juri.