ESCUCHARLa camarista civil Claudia Zalazar se refirió a las controversias por la ley que dispone la reconversión de los hospitales psiquiátricos. Considera materias pendientes la prevención, la reinserción social y los dispositivos alternativos para pacientes; habló del impacto de la droga y el alcohol
Por Carolina Klepp – [email protected]
La Ley Nacional de Salud Mental indicó hace 10 años -cuando fue creada-, que a comienzos de 2020 los hospitales psiquiátricos debían ser sustituidos por hospitales generales y dispositivos intermedios para la externación de pacientes de los denominados “monovalentes”.
La normativa reconoce a las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho, pone límites a las internaciones y busca una atención con soporte en la comunidad. Hasta aquí, cuestiones que están en la letra de la ley, pero que ha sido materia de controversias en las últimas semanas de la mano de la resolución 715/2019 de la Secretaría de Salud de la nación.
Esa resolución hace «recomendaciones y sugerencias para ser adheridas y analizadas por las jurisdicciones en pos de la generación de políticas públicas…» para dar cumplimiento a la Ley Nacional de Salud Mental que prohíbe crear nuevos neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados, y que fija que los existentes deben adaptarse hasta la sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Estos últimos son casas de medio camino, centros de capacitación sociolaboral, viviendas comunitarias, guardias interdisciplinarias, camas de internación en hospitales generales y atención domiciliaria.
La incertidumbre sobre qué ocurrirá a inicios de 2020 en cuanto al cumplimiento de externaciones de los neuropsiquiátricos encendió luces de alerta en el sector de la salud, en la comunidad profesional y también en la Justicia. La camarista civil Claudia Zalazar, quien se ha convertido en fuente de consulta en materia de salud mental en la parte judicial, se refirió al tema en diálogo con Comercio y Justicia.
“¿Qué pasó desde 2010? El cambio radical del paradigma de salud mental de la ley nacional, al igual que la provincial, es desmanicomializar y desinstitucionalizar pensando en que deberían funcionar más casas de medio camino, los dispositivos sustitutivos que tienen que haber a la internación monovalente, pero que no se han ido creando. Entonces, cerrar el monovalente hoy sin crear esos dispositivos significa sacar a un gran grupo de personas que pueden estar con ese padecimiento mental para llevarlos ¿a dónde? si no están esos dispositivos intermedios”, advirtió.
Por otra parte, la jueza se refirió a otra arista del tema: los internados que están involuntariamente internados por la Justicia. Al respecto, se preguntó: “¿Cómo hago para mandarlos a los hospitales generales? Porque -además de los dispositivos de sustitución- también el paso sería que los hospitales generales atiendan las cuestiones de salud mental”.
Para Zalazar, el punto es que las leyes de salud mental -nacional y provincial- hablan de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social pero el problema es quién lo hace.
Subrayó: “Tenemos superadas estas intervenciones porque no hay prevención ni reinserción social. Yo tendría menos cantidad de gente en condiciones de ser internada y no sería necesario salir a hablar de monovalentes si se hiciera realmente una prevención en salud mental, sobre todo en droga y alcohol. También tengo el problema de la salida de esta gente del monovalente porque no tengo organismos intermedios y no tengo un ministerio de trabajo que brinde reinserción social a esta gente que no debe volver a su familia”.
La camarista concluyó: “Hay un problema de base, faltan políticas públicas correctas en salud mental, que no es un problema sólo del Ministerio de Salud sino de todos los ministerios que tienen que abordar el problema en lo que les compete a cada uno. Lo que está pasando es que no se cumplen todas las etapas marcadas en la ley”.
Ante las controversias suscitadas sobre el tema, el director nacional de Salud Mental y Adicciones, Luciano Grasso, salió la semana pasada a hacer declaraciones a la prensa. Sostuvo que la Secretaría de de Salud nacional está comprometida en avanzar -junto a las provincias- en acciones tendientes a garantizar cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, “cuyo marco normativo no establece el cierre de ninguna institución monovalente el día 1 de enero de 2020”.
En foco
El impacto de la droga y el alcoholZalazar destacó que Córdoba fue pionera en la desjudicialización de casos de salud mental al crear un sistema prejurisdiccional. “Esto significa que damos un período ventana para el tratamiento de riesgo inminente de las personas a los fines de no judicializar todos los casos. Así, entran por Salud y por el Ministerio de la Defensa y recién cuando han pasado seis o siete días que esa persona no sale de su período de crisis se ordena el mantenimiento y la internación que fue realizada por Salud y no por el Poder Judicial. Esto hizo que tengamos menos cantidad de pedidos de judicialización pero lo que tenemos superado es la cantidad de valoraciones que deben hacer estos sistemas prejurisdiccionales, emergencistas o médicos domiciliarios”. Contó que con el crecimiento de droga y alcohol, “han crecido las judicializaciones, tanto en el sistema de pedidos de diagnóstico en salud mental en el fuero civil y en el penal”. Detalló que por semana de turno judicial, ingresan entre 12 a 15 pedidos de mantenimiento, que es la orden de mantener la internación evaluada por el equipo prejurdiccional.
