ESCUCHAREn el marco del quinto aniversario del movimiento “Ni una menos”, la diputada Alejandra Vigo (Córdoba Federal), con el acompañamiento de representantes del Frente de Todos, del justicialismo y del socialismo, busca incorporar las secuelas de este flagelo al Programa Médico Obligatorio (PMO)
En el contexto del quinto aniversario del movimiento “Ni una menos”, ingresó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que propone la incorporación de las atenciones derivadas de la violencia de género al Programa Médico Obligatorio (PMO) presentado ayer por la diputada nacional Alejandra Vigo (Córdoba Federal), con el acompañamiento de representantes del Frente de Todos, del justicialismo y del socialismo.
El objetivo de la iniciativa, según informó, es «incorporar al PMO de las obras sociales y mutuales provinciales la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas derivadas de la asistencia a víctimas de violencia de género».
“Inclúyanse todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente», consigna el proyecto.
Además, señala que «la cobertura integral deberá incluir la consulta o asesoramiento legal».
Consultada por el proyecto, Vigo expresó que «la violencia de género es un flagelo en nuestro país y el mundo que, pese a los esfuerzos de distintos programas a nivel nacional y en los distintos niveles provinciales y locales para prevenir y asistir a víctimas, continúa registrándose un alarmante y creciente número de casos de violencias de todo tipo y, lo más grave, de femicidios».
«Las recomendaciones de la OMS a los Estados es la de ejecutar planes de acción multisectoriales para abordar la violencia contra la mujer», dijo, e indicó que la eliminación de este tipo de violencia «exige distintas instancias, poniendo en primer lugar de los servicios de salud».
La legisladora dijo también que «la violencia de género aún se encuentra lejos de poder erradicarse y obliga a multiplicar esfuerzos en todos los niveles institucionales que puedan abordar la asistencia a las víctimas».
Agregó que no puede escindirse de la complejidad de este fenómeno, por el contrario, deben garantizarse las prestaciones médicas integradas y coordinadas bajo un mismo protocolo.
Acompañaron con su firma la presentación del proyecto sus compañeros de bloque Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez; las oficialistas Cristina Álvarez Rodríguez, Cecilia Moreau, Mayda Cresto, Gabriela Estévez, Gisela Marziotta y María Cristina Britez; el justicialista Eduardo Bucca y el socialista Luis Contigiani.
Abordaje integral
El proyecto plantea incorporar al PMO el conjunto de prestaciones preventivas y asistenciales agrupadas para la atención de la violencia de género, garantizando así un abordaje integral.
Ley Brisa
Creció 60% la cantidad de reparaciones para hijos de víctimas de femicidios
Durante este año se incrementó 60% la cantidad de niñas, niños y adolescentes que accedieron a su derecho a una reparación estatal por su situación de orfandad causada por el femicidio de sus madres, según datos oficiales.
Se trata de quienes están protegidos por la Ley 27452 de Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes y personas con discapacidad sin límite de edad (Rennya), cuyas madres o personas que estaban a cargo de sus cuidados fueron víctimas de femicidios u homicidios derivados de violencia de género o intrafamiliar.
La norma también se conoce como Ley Brisa, nombre de una de las hijas de Daiana Barrionuevo (24), asesinada en 2014 por su ex pareja, Iván Adalberto Rodríguez, quien por este motivo fue condenado a prisión perpetua.
Desde 2018 está vigente esta legislación y comenzó a aplicarse en febrero de 2019. A partir de entonces y hasta mayo 2020 se iniciaron 914 solicitudes de Rennya, siendo la provincia de Buenos Aires la jurisdicción con más trámites, consignó un informe elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf).
En tanto, a diciembre de 2019, 344 niñas, niños, adolescentes y jóvenes eran titulares del derecho a la reparación.
A mayo último, se había generado un total de 224 nuevas altas y 550 titulares de derecho, lo que implica 60% de nuevos titulares durante el año 2020, indicó el relevamiento, en el que también se aclaró que ocho compensaciones dejaron de abonarse porque los jóvenes cumplieron 21 años.
La Rennya establece el derecho a percibir una reparación económica y a acceder a atención integral mediante una asignación equivalente a un haber jubilatorio mínimo y cobertura de salud pública hasta los 21 años; y en caso de tener una discapacidad, es vitalicia.
