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Las lecciones que dejó la discusión sobre el escrutinio provisorio y lo que viene

La falta de información y clarificación de dudas sobre la tecnología aplicada al recuento de votos generó una semana signada por la desconfianza. Una arista más a analizar con vistas a los próximos comicios. Para Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional, se requiere auditoría de un ente con autoridad imparcial

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

La discusión y la desconfianza que se generó sobre el sistema de escrutinio provisorio en los días previos a la elección dejan una lectura más para hacer de estos comicios. Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional, advirtió que el Gobierno falló al no brindar información y aclarar las dudas de la ciudadanía para dar tranquilidad sobre este punto.
En diálogo con Comercio y Justicia, la abogada especialista en la materia trazó un panorama de lo que dejó esta situación, lo que se puede hacer con vistas a las próximas elecciones generales y lo que hacen otros países en materia de escrutinio provisorio y tecnología en los comicios.
“La discusión de esta semana ha sido producto de la falta de información y de la falta de capacitación técnica de quienes toman las decisiones, dejo aparte la empresa que han contratado (Smartmatic) porque esa empresa daría para un libro de cosas que se pueden decir.

Creo que no ha contribuído a que la ciudadanía esté tranquila. Las cosas se han hecho mal y deben mejorarse. Si uno introduce un sistema de escrutinio provisorio eso se tiene que hacer bien, y hacer bien eso significa garantizar transparencia, imparcialidad, integridad y seguridad en el proceso”, afirmó Ferreira Rubio.
La especialista fue contundente al referirse al uso de la tecnología. Si bien está en contra de la intermediación digital en la emisión del voto, no se opone a su uso en el escrutinio, en la identificación del elector o en la conformación de los padrones. “Se puede incluir tecnología pero cualquier introducción supone trabajar muy seriamente para garantizar la seguridad, la integridad, la transparencia del sistema y la imparcialidad. Esos principios son básicos. La rapidez, que es el argumento que utiliza el Gobierno nacional, no es un parámetro de sistema electoral en ninguna parte del mundo. No hay ninguna convención que diga que tiene que ser rápido, no hay ninguna ley argentina, no está en la Constitución. Eso no es nada más que discurso político”, subrayó.

-¿Cómo debería hacerse?
– Primero, debería hacerse en etapas, hacer pilotos, probarlos, con todas las garantías para que funcione adecuadamente, no de una sola vez en todo el país, como se ha hecho en este caso. Tiene que hacerse con tiempo para que pueda haber pruebas y no estos simulacros de simulacros como se han hecho en la nación el 20 de julio. Ese día, los telegramas que les dieron a los periodistas para probar que habían llegado los telegramas, en el metadata tienen fecha 13 de julio, es decir, esos telegramas no fueron enviados el día 20 como se les había dicho. Cuando el día 20 se hace por primera vez un simulacro en el que pueden participar la prensa y los partidos políticos se puede ver en videos en las redes -y demás- la falta de capacitación técnica para contestar las preguntas técnicas. Cuando se incorpora la tecnología hay un actor central que es la comunidad técnica que entiende al respecto. La multidisciplinariedad es obligatoria en estos casos y para que la comunidad informática pueda decir si se está cometiendo un error, si hay algo que se pueda mejorar, si hay alguna vulnerabilidad -como las que se descubrieron ahora- a tiempo para corregir, hay que facilitarles el acceso al software que se vaya a usar. Eso tampoco se hizo. El miércoles pasado, cuando supuestamente entregaron el software, en realidad lo que entregaron no es el código fuente sino una cosa que se llama binarios (en lenguaje de ceros y unos). Pero, para poder abrir esos binarios se necesita la clave porque están encriptados, sino es imposible ver qué es lo que hay ahí adentro y no dieron esas claves.

– ¿Considera que para las elecciones generales habrá tiempo y voluntad política para que se pueda auditar el discutido sistema?
– La voluntad política no creo que exista, existen las declaraciones. En cuanto a que estemos a tiempo material para hacer una auditoría seria me parece difícil. Pero no es que no se pueda hacer bien esto porque la provincia de Santa Fe lo ha hecho con recursos de la misma provincia, sin contratar a ninguna empresa extranjera, con un pequeño grupo de técnicos trabajando en tres poblaciones y ha funcionado bien después de hacer muchos intentos que funcionaban mal, pero no afectando el sistema electoral de la provincia y poniendo en duda todo lo que se está haciendo. El no haber dado la información adecuada a la ciudadanía, no ya la información tecnológica sino toda la información en forma adecuada, sin que tengamos que estar diciendo “señor ministro esto que dice no es correcto”, entonces después a la segunda conferencia de prensa luego de decir que somos unos irresponsables, corrige lo que ha dicho porque lo ha dicho mal o ha desinformado, entonces, eso ha generado una situación de que nos hemos pasado una semana discutiendo el sistema de escrutinio provisorio que, en realidad, aunque no tiene el valor del resultado legal -que es el que va a determinar quiénes se sientan en los sillones- tiene el resultado de afectar el momento en que la ciudadanía capta el resultado de la elección. Si se le pregunta a cualquier ciudadano de la calle si sabe algo sobre la diferencia entre el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo, no lo sabe. Y dentro de 15 días, cuando salga el escrutinio definitivo, los que miramos ese resultado son los que estamos muy politizados y muy interesados, porque la elección pasó hace 15 días y ¿quién ganó? el que había ganado hace 15 días y eso genera una sensación de resultado, un estado de opinión que también tiene que ser cuidado.

Las experiencias de otro países
– ¿Cómo se hace en otras partes del mundo?
– El escrutinio provisorio se hace en muchas partes del mundo. En algunas está muy regulado, en otras es responsabilidad de una autoridad imparcial; no es el caso de Argentina, donde el responsable es el Ministerio del Interior del gobierno de turno cuyo candidato es el Presidente de la Nación. En otras ocasiones, se puede decir, el Presidente de la Nación no compite pero son la gente de su partido, igual no son imparciales porque es el partido del gobierno que también compite. Pero, en este caso, el principal candidato es el jefe del ministro del Interior, es el jefe del vicejefe de Gabinete, es el jefe de Adrián Pérez (Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior), es además de líder del partido. Carecen de imparcialidad para realizar nada que tenga que ver con el sistema electoral y esto lo venimos diciendo desde los años 90. El Ministerio del Interior no puede participar, no importa quién está en la Presidencia, no importa de qué partido hablamos, no es imparcial nunca.

– En otros países, ¿cómo es ese organismo imparcial, quién lo ejerce?
– En otros países es la justicia electoral la que se encarga de eso y en algunos países hay un organismo autónomo, independiente, que se encarga sólo del tema electoral. El caso más conocido acá es el de México con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Perú, por ejemplo, tiene dos organismos: una justicia electoral y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que tiene dividida las funciones. Igual que en el caso de México que tienen el INE y un tribunal electoral que no administra la elección sino que resuelve los conflictos. Son organismos independientes, son autónomos, no son dependientes del poder político de turno. Y son técnicos, algunos se definen con acuerdo del parlamento, con una mayoría calificada y son colectivos, participan todas las fuerzas políticas. No son organismos conformados por funcionarios políticos sino que son técnicos, con presupuesto estatal, se dedican específicamente a todo lo que tenga que ver con las elecciones. Son del estilo del Defensor del Pueblo o de la Auditoría General de la Nación.

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