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Impulsan un proyecto de ley para controlar las apps de servicios profesionales

El diputado nacional Juan Brügge (Córdoba Federal) propone la creación de un registro nacional de estas aplicaciones online con un mecanismo previo de validación a cargo de los colegios profesionales respectivos

Por Carolina Klepp  – cklepp@comercioyjusticia.info

Las formas de trabajo están cambiando y cada vez más se desarrollan mediadas por las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Ante esto, el diputado nacional Juan Brügge (Córdoba Federal), busca regular específicamente las apps de servicios profesionales.
En su proyecto de ley plantea la creación de un registro nacional de estas aplicaciones con un mecanismo previo de validación a cargo de los colegios profesionales respectivos. En diálogo con Comercio y Justicia, dio detalles de esta iniciativa que apunta a apps como las de asesoramiento legal, asistencia psicológica o consultoría médica por medio de la tecnología, por mencionar sólo algunos ejemplos, aunque los hay en universo de la mayoría de las profesiones.

– ¿De qué se trata el proyecto?
– Frente a la realidad que se nos está presentando hoy de lo que son las relaciones por las redes sociales, donde Internet ha revolucionado todos los ámbitos de la vida de las personas, en lo que hace a negocios, actividades sociales y también la relación profesional entre alguien que ostenta un título universitario para ejercer la profesión con el usuario, un paciente, un cliente. Hoy nos encontramos frente a ofertas en las redes sobre aplicaciones para poder evacuar las consultas profesionales.

Los sistemas de pagos electrónicos facilitaron todo mediante tarjetas de crédito, transferencias bancarias electrónicas, lo cual lleva a que tengamos un mercado electrónico que requiere de ciertas previsiones legales y en lo que respecta a la protección del que recibe el asesoramiento profesional sepa que proviene de un profesional habilitado, matriculado.
Esto, justamente, para mantener lo que son los derechos de los usuarios y consumidores y sobre todo la cuestión de lo que son las leyes del ejercicio de las diferentes profesiones.

También hay un punto conflictivo, que es el “interjurisdiccional” que se presenta con Internet.
– Como el problema de las redes sociales es un problema interjurisdiccional, que excede la jurisdicción de una provincia, la idea es hacer un registro nacional en donde se tengan que anotar aquellas aplicaciones (apps) por parte de los profesionales de las diferentes ramas del saber que quieran ofrecer sus servicios a través de esos mecanismos.

En esto, pensamos en un mecanismo previo de validación por parte de los colegios profesionales respectivos. Estas entidades serían validantes de esas aplicaciones en lo que hace a determinar si el profesional está o no habilitado, el alcance del asesoramiento y el ámbito territorial de actuación.
Con lo cual, los colegios profesionales que se aglutinan generalmente en federaciones nacionales, por ejemplo los abogados a través de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), ésta pueda ser la que determine con precisión si el que está ofreciendo el servicio es o no un profesional.

Eso nos habilitaría a las autoridades nacionales que intervienen en todo lo que es mecanismos de internet y redes sociales y de comunicaciones, como es el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a tener capacidad para que si un colegio profesional detecta que hay una aplicación que no está validada se pueda bloquear o anular de las redes.
En síntesis, se busca establecer mecanismos para validar, de control, y se estipula quiénes son las autoridades competentes para llevarlo adelante. Por un lado, los colegios profesionales y sus federaciones y, por otro lado, las autoridades nacionales a través del organismo de comunicación que en este caso en la actualidad es el Enacom.
El registro es a los fines de que, conforme a cada profesión, se determine si se va a autorizar o no. Quien valida son los colegios profesionales y las federaciones, son ellas las que van a determinar si se acepta o no las aplicaciones.

– ¿Se refiere a apps como las que existen de atención psicológica, Divorcio Express? ¿Qué otras?
– Otras, por ejemplo, las de medicina, que son bastantes. Cuando está la salud de por medio nos preocupa que no se esté dando un diagnóstico o un asesoramiento profesional que pueda afectar seriamente la salud.
He tenido reunión con la Federación que nuclea a los colegios profesionales en Córdoba (Fepuc), hemos tenido encuentros con el Colegio de Abogados de Córdoba, donde pusimos sobre el tapete la cuestión. También es importante el tema por el control ético de la profesión que es un tema también importante.
El control ético de la profesión tiene que realizarse porque es parte del gobierno de la matrícula que tienen los colegios profesionales.
Y el tema de la interjurisdiccionalidad se salvaría a través de las federaciones y de los convenios de los colegios, donde se habilitaría la app según donde se realice el asesoramiento. Asimismo, se tendrá en cuenta la aplicación de la sanciones éticas que correspondan en caso de que existan violaciones a los Códigos de Ética profesionales.
El mundo virtual, digital, existe. No podemos ignorarlo, pero debemos tomar las previsiones para proteger los intereses de las personas.