ESCUCHARLa secretaria de Salud y la Sedronar fijaron las pautas y lineamientos para la adecuación de los centros para el tratamiento de adicciones a lo estipulado por Ley de Salud Mental, a través de una resolución que también prorrogó por cinco años el plazo máximo para la realización de estos cambios, que originalmente vencía en 2020.
“No buscamos ni queremos cerrar las comunidades terapéuticas, sino todo lo contrario», aseguró el secretario de la Sedronar, Roberto Moro, sobre la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial.
No obstante, el funcionario reconoció que «había ese temor» en algunos sectores, fundado en un ítem de la reglamentación de la Ley de Salud Mental que establecía que la adecuación o sustitución definitiva de las instituciones de internación por dispositivos comunitarios «deberá cumplir el plazo del año 2020» (decreto 603/2013), normativa que fue enmendada ahora con esta resolución «específica» para el abordaje del consumo problemático de sustancias.
“Necesitamos a las comunidades terapéuticas abordando esta problemática. Por eso esta resolución tiene por objeto acompañarlas para que brinden tratamientos de calidad en el marco de los derechos humanos y de los pacientes”, agregó.
Los centros de tratamiento que actualmente se encuentran en funcionamiento deberán basar sus planes de adecuación en estos lineamientos y un equipo mixto -integrado por Sedronar, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y la autoridad sanitaria jurisdiccional- trabajará en el desarrollo de certificación del esquema , que finalizará con la acreditación institucional. Todo este trabajo deberá completarse en un peróodo de cinco años (tres más dos de prórroga).
“Esta disposición alcanza a los establecimientos para el tratamiento de las adicciones de los ámbitos público, privado, de la seguridad social y el tercer sector; que según el censo que hicimos son alrededor de mil”, acotó Moro.
Control y monitoreo
Durante el proceso de adecuación, las instituciones deberán presentar informes semestrales y recibirán anualmente la visita de los organismos rectores para controlar la evolución.
«Yo no creo que haya instituciones que no lo logren, por eso se dio más tiempo y por eso es que se las va a acompañar en el proceso. No se va a quedar ningún paciente en la calle porque las instituciones participaron de la normativa, están de acuerdo y sólo tienen que presentar lo que ya estuvieron haciendo estos dos años y medio para ser avaladas», agregó.
Por otro lado, para que los nuevos dispositivos terapéuticos se pongan en marcha deberán estar enmarcados bajo esta nueva normativa.
Entre las pautas que ordenan los criterios de organización y funcionamiento se destacan, entre otras, el respeto al principio de consentimiento informado y la obligación de contar con una coordinación profesional de especialistas en el área sanitaria en cada establecimiento.
Moro destacó que los lineamientos son el fruto de «un trabajo de seis meses» llevado adelante en conjunto con la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (Fonga), el Órgano de Revisión de Salud Mental, el Consejo Consultivo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y referentes provinciales del Consejo Federal de Drogas (Cofedro).
