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El Poder Judicial cordobés, primero del país en medir y validar índices de sustentabilidad

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Se relevaron impactos sociales, ambientales, económicos y de clima interno. Para seguir despapelizando, en juicio se reemplazarán los expedientes fotocopiados para las partes por tablets en las cuales se podrán leer versiones digitales de los documentos. Habrá una encuesta anónima interna para relevar situaciones de acoso e inaugurarán una sede judicial ecosustentable

Por Carolina Klepp – [email protected]

El Área de Administración del Poder Judicial cordobés midió las acciones que se llevan adelante, desde la óptica de la sustentabilidad, con relación a los impactos sociales, ambientales y económicos. Lo hizo con estándares internacionales del denominado Global Reporting Initiative (GRI). Puso bajo auditoría lo actuado entre enero y septiembre del año pasado. El resultado dejó satisfechos a los responsables del área y se emprenden nuevas iniciativas para potenciar buenas prácticas y seguir mitigando aquellas que no son positivas.
Se trata de un desafío, el de pensar a largo plazo, y tiene como norte los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la iniciativa global que incluye al sector privado y público en la defensa de una serie de metas que permitan mejorar el mundo de manera sustantiva para 2030.
Entre las acciones implementadas, se destaca el proceso de despapelización que está llevando a cabo la justicia. En este momento, se realiza una experiencia piloto en una cámara penal para reemplazar en juicio los expedientes fotocopiados para las partes por tablets en las que puedan consultarse los documentos digitalizados.
Otro de los aspectos que fue relevado por los auditores de GRI es el clima interno. La encuesta de satisfacción laboral dio resultados positivos y ahora encaran otra encuesta anónima interna para relevar situaciones de acoso.
En materia ambiental, en julio se inaugurará en Río Segundo una sede judicial ecosustentable. La obra es construida con criterios ambientales, especialmente en lo que atañe al diseño de la ventilación, acopio de agua para riego e iluminación led como ya tienen el resto de los edificios tribunalicios.

César Bartolomei y Gabriela Salemi, el director del Area de Administración del Poder Judicial y la jefa de la Oficina de Despacho, respectivamente, brindaron todos los detalles a Comercio y Justicia.
Describieron que entre las iniciativas sociales en el ámbito interno, una de las acciones sustentables reconocidas por GRI fue el sistema de concursos públicos para el acceso al Poder Judicial y los lactarios para las trabajadoras madres. En tanto, respecto de los públicos externos, midieron la “transparencia” en los procesos de licitación.

Licitaciones y proveedores
“El Poder Judicial, el Superior Tribunal sobre todo, desde hace muchos años ha tomado nota de que la sociedad no sólo requiere que brindemos un buen servicio de justicia sino que sea en un ambiente de cuidado de la naturaleza y del ambiente humano. Por ejemplo, en la licitación de la impresión de padrones de las últimas elecciones solicitamos que los proveedores estuvieran certificados por FSC, es decir con papel de bosques que apenas son talados se restituye con plantación de nuevas semillas. Eso antes no estaba, y significa que el proveedor sea también sustentable”, detalló Bartolomei.
Por su parte, Salemi detalló que les preguntaron a los proveedores sobre la transparencia de las licitaciones. “El índice dio altísimo, es un orgullo. Hablamos de transparencia tanto en la elaboración de los pliegos como en el proceso, en las inspecciones y certificaciones de las obras, así como en los tiempos de resolución de trámites”, puntualizó.
Cabe señalar que en el Área de Administración trabajan 87 personas y está integrada por Contrataciones, Contable, Presupuesto, Tesorería, Procuración y Seguimiento de Expedientes, Despacho, Registro Patrimonial y Suministros.

Salemi señaló, como ejemplo, que desde el área de Suministro se realizan mediciones de consumos para tratar de mejorar o reducirlos. Una de las medidas tomadas para reducir consumo de papel fue la digitalización de distintos trámites y el uso del correo electrónico como medio de comunicación oficial. “Redujimos papel significativamente a través de los expedientes digitales y pasamos de tener impresoras para cada uno a tener impresoras láser con escáner para oficinas completas”, detalló.
Lo implementaron ya como experiencias pilotos en los tribunales de Villa Dolores, Laboulaye, Arroyito y Río Tercero. El resultado, en pesos, sorprende. “De 70.000 pesos promedio de gasto mensual por fotocopias pasamos a 3.000 pesos. Esto gracias al uso del escáner”, agregó Bartolomei.
Asimismo, el papel que van descartando es donado para las campañas de reciclado de la Asociación Hospital Infantil y Cáritas.
Finalmente, resaltaron que la sustentabilidad como valor mejorará no sólo lo que ocurre dentro de tribunales, sino la vida de los ciudadanos.

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