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El CPCE alerta sobre peligro de desprofesionalización en el Estado

El Consejo de Ciencias Económicas pidió al Gobernador y a los legisladores provinciales que se mantengan los requisitos profesionales para determinados funcionarios. El proyecto de modificación del Código Tributario elimina esa condición para directores de Rentas y Policía Fiscal

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba solicitó al Gobernador y a los legisladores provinciales que no se elimine de los requisitos para cubrir los cargos de director y/o subdirector de las direcciones General de Rentas y de Policía Fiscal la condición de ser un profesional graduado en Ciencias Económicas.
Según expresó mediante un comunicado la entidad que nuclea a más de 14 mil matriculados provinciales, esta novedad fue incluida en el proyecto de modificación del Código Tributario Provincial y de la ley 9187, que está siendo tratado en la Legislatura Unicameral. Por esta razón, la entidad profesional envió una nota al gobernador Juan Schiaretti -quien es contador- y al presidente del cuerpo legislativo para que se mantenga la redacción actual de los artículos 18 y 7 de los plexos normativos referidos.
“No advertimos por qué (esa condición) debería suprimirse en la nueva redacción de la ley, pues dicha modificación no tiene como finalidad una mejor administración tributaria sino todo lo contrario”, subraya el escrito firmado por el presidente del CPCE, José Simonella, y la secretaria del consejo, Liliana Sosa.
El planteo de los contadores hace hincapié en que no se puede dilucidar el motivo de la modificación y el objetivo perseguido, ya que el mensaje de elevación del proyecto a la Unicameral no especifica ni fundamenta la necesidad de modificar los mencionados artículos. En cambio, destaca que en el resto de los articulados que se pretenden alterar se brindó una explicación pormenorizada y detallada sobre la necesidad de establecer cambios en su redacción.

“Dicha circunstancia nos permite interpretar que la eliminación de la condición para integrar los cargos de director y/o subdirector no tiene una fundamentación, puesto que de haber existido, hubiera sido esgrimida en la exposición de motivos”, se remarca.
En diálogo con Comercio y Justicia, Simonella admitió que esta situación se interpreta como una desprofesionalización en los cuadros del Estado. “Con esto se va a contramano de la profesionalización que se brega tanto dentro de instituciones públicas y privadas”, sostuvo. Asimismo, advirtió de la cantidad de universidades y graduados calificados que tiene Córdoba, en referencia a la existencia de profesionales de ciencias económicas aptos para los cargos en cuestión. Además, ejemplificó con otros organismos en los que no se exigen profesionales en los cargos directivos, y consideró deberían ser condición necesaria determinada profesión: “En el Registro de la Propiedad, en Inspección de Personas Jurídicas, no se exigen para cargos directivos escribanos, abogados, por ejemplo, sino ser mayor de 30 años”.

A contracorriente
Respecto de Rentas, el CPCE señaló que “el cargo de director requiere de ciertos conocimientos y capacidad en materia económica y tributaria, y ello no puede ser soslayado cuando no se ha esgrimido ninguna razón valedera que justifique este cambio sustancial de la ley”.
El documento agrega: “Cuando en la actualidad, las instituciones públicas y privadas bregan por profesionalizar sus recursos humanos, la Provincia en esta oportunidad iría en sentido inverso al dejar de exigir la condición de idoneidad a un director o funcionario, mínimo e indispensable para cargos de alta responsabilidad y sensibilidad. Sin duda que las funciones tradicionales de las administraciones tributarias provinciales solamente pueden lograrse con eficacia, con la dirección y acompañamiento de personas con la debida formación académica, profesional y experiencia en la materia”.

La entidad profesional agregó que las mencionadas consideraciones se tuvieron en cuenta al imponer la condición de ser profesional de Ciencias Económicas al momento de la redacción del actual Código Tributario y la ley de creación de la Policía Fiscal.
Finalmente, las autoridades firmantes del documento presentado al Gobernador y a la Legislatura señalan que se tratan de sintetizar el sentir de la matrícula “y preservar y fortalecer la relación Fisco-contribuyente en el marco legal y ético que hace a un sistema tributario justo, equitativo y distributivo”.
Por otra parte, cabe recordar que la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc), que nuclea a 30 colegios y consejos, viene planteando el cumplimiento de la matriculación profesional de quienes trabajan en el Estado, recalcando que el ejercicio de las profesiones involucra cuestiones de interés y seguridad pública. Las entidades nucleadas sostienen que el Estado “es y debe ser el primer interesado y responsable en que sus dependientes ejerzan su profesión en condiciones de legalidad”.