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Con juzgados de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, dan batalla especializada

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Se crearon en Guatemala. En 2017 dictaron 200 sentencias. La violencia contra las mujeres es el delito de mayor influencia en ese país, según lo define Delia Marina Dávila Salazar, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de ese país. Tan es así el problema que concretaron la ley Contra la Violencia Sexual, la Explotación y Trata

“En Guatemala se crearon los juzgados especializados, con jueces especializados, previamente capacitados para la atención de estas víctimas, porque en el caso de una violación se afecta la integridad física, la salud mental, se roba la inocencia, se afecta la libertad sexual, tiene muchas afectaciones que, según los psicólogos, en el caso de la violación son irreversibles”.
Así lo detalló a Comercio y Justicia la jueza del Alto Cuerpo de ese país que sentó un criterio jurisprudencial contundente. “En Guatemala la violación no puede ser un delito continuado sino que, como se afecta un bien personalísimo, cada vez que se viola a una persona se consuma un delito de violación, por lo tanto si la violó tres veces se la sanciona por tres delitos. En otros países depende el criterio que apliquen los jueces, puede que lo estén juzgando como un delito continuado, pero en Guatemala ya no es así. La violación  tiene una pena de 8 a 12 años de prisión que puede ser aumentada por circunstancias agravantes y el femicidio tiene la pena de 25 a 50 años”, describió Dávila Salazar.

El año pasado, Guatemala dio otro paso en la materia y creó un Registro Nacional de Agresores Sexuales, con el objeto de que cada persona que es condenada por agresión sexual sea registrada en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El juez está obligado a informar al mencionado instituto y el agresor está obligado a registrarse allí. Sirve de consulta en futuras agresiones puesto que se ha demostrado que reinciden en los mismos delitos. “Ese registro también sirve para evitar riesgos en niños, niñas y adolescentes cuando personas que aspiran a trabajar con estos grupos en colegios, clubes deportivos o guarderías, la misma ley exige su solvencia del registro. Si les aparecen antecedentes no pueden tener ese trabajo, tanto en instituciones públicas como privadas”, detalló.

Además, enumeró que el año pasado, los juzgados contra femicidios y otras formas de violencia contra las mujeres dictaron 200 sentencias y actualmente existen más de 40.000 denuncias en el Ministerio Público guatemalteco. En el último tiempo, la justicia de este país recibió la visita de expertos españoles que compartieron la experiencia en torno a programas específicos, psicopedagógicos, para personas condenadas por delitos sexuales. “Estamos tratando de analizar ese programa con el que los españoles han logrado bajar la reincidencia”, celebró.

Ver más información en  https://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/un-camino-en-la-inclusion-de-la-perspectiva-de-genero-a-la-hora-de-juzgar/

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