ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
“Fue más terrible de lo que se dice en la tele. Fijate las imágenes, fue un golpe comando en regla, con gente preparada para entrar y combatir en lugares cerrados”, nos confiaba una alta fuente dentro de la policía de la Provincia de Buenos Aires a propósito del intento de copamiento de la comisaría 1ª de San Justo, en el partido de La Matanza.
“Lo único que no se entiende muy bien es que, con esa preparación de ir disfrazados y saber tirar en lugares cerrados, se echaron para atrás muy rápido”, agregó nuestro contacto, quien formuló esas apreciaciones bajo acuerdo de mantenerse en estricta reserva.
No hace mucho, en esta misma columna, hablábamos del robo de unos tres millones de pesos en un departamento en Nueva Córdoba, seguido de un tremendo tiroteo en esquina de Rondeau y Buenos Aires, al intervenir la policía. Unos 120 disparos fueron intercambiados en poco menos de un minuto, con el saldo de tres muertos.
Esta vez, la víctima en las filas policiales se llama Rocío Alejandra Villarreal, una sargento de sólo 25 años. Es madre de una hija de tres años, permanece internada en el Centro Médico Fitz Roy, de Villa Crespo, en la Capital Federal, a consecuencia de un balazo recibido en el pecho que lesionó varios órganos internos, le destruyó una vértebra y afectó la médula, por lo cual no ha recuperado sensibilidad en sus miembros inferiores.
También, hace unas semanas, en la lectura de la sentencia en Rosario del juicio oral a «Los Monos», se vio como alguno de los imputados se tomaban a broma el acto mismo y hasta las sentencias a las que se les condenó.
Allí, los fiscales en su alegato entendieron entre la mayoría de los 25 imputados la existencia de una «asociación ilícita que rentabilizó la violencia» y que «esta rentabilización consistió en provocar y usufructuar un territorio liberado mediante la imposición del miedo y con una organización sistemática de la violencia».
Ello, merced a una estructura celular de la banda, con asignación de roles bien definidos a cada uno de los acusados, ya fuera como jefes, esbirros o ejecutores y testaferros.
Había, asimismo, participando de dicha estructura, miembros de las fuerzas de seguridad, que también fueron llevados a juicio, y respecto de quienes los fiscales entendieron que eran, corrupción mediante, «los proveedores de impunidad estatal» de la banda.
Volviendo al caso del copamiento de la comisaría 1ª de San Justo en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la investigación del suceso el pasado viernes 4 de mayo fue detenida en su domicilio en el barrio porteño de Mataderos la abogada de Leandro Aranda, el preso que iba a ser rescatado de la comisaría, como presunta partícipe del ataque a esa seccional, acusada de haberle entregado a su cliente el celular con el que desde el calabozo se comunicaba con su novia y el resto de la banda, todo ello conforme lo difundido desde fuentes policiales.
Todo lo antes expuesto son signos reveladores de que el fenómeno de la inseguridad se ha acrecentado, no únicamente en violencia y cantidad. Estamos viendo aparecer, de modo indudable, las primeras evidencias de estructuras criminales organizadas, que comienzan a disputarle al Estado el propio territorio.
Debe actuarse con decisión y premura, caso contrario no pasará mucho tiempo antes de que veamos estructuras aún más enraizadas y poderosas, como la mafia en Estados Unidos o Italia, en su tiempo.
Pero, hoy por hoy, y a pesar de ser uno de los reclamos ciudadano en todas las encuestas de opinión, la política mira a otro lado. El copamiento de la comisaría de San Justo, un acto de una gravedad institucional y para la seguridad pública no merece repudio alguno de nadie en dicha clase.
Como pusimos por título: vamos mal y encima algunos parecen anestesiados.
