ESCUCHARPor Iñaki Ceberio de León (*), Pablo Sánchez Latorre (**) y Clara Olmedo (***)
Hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, este año bajo el lema: “Sin contaminación por plástico”. Ésta es una campaña que se lanza a escala mundial con el objetivo de ir adquiriendo una conciencia ecológica y, así, ir modificando conductas nocivas que están poniendo en peligro la vida del planeta.
Según Greenpeace, “los mares y océanos son receptores de hasta 12 millones de toneladas de basura” por año. Y, lo que es más desalentador, para 2020 se estima una producción de 500 millones de toneladas, de las cuales, la gran mayoría acabará en el mar, océanos, o vertederos.
Estamos ante un problema de grandes dimensiones que va desde lo local hasta lo global. Un problema que se vincula con estilos de vida que para nada son sustentables. La mayoría del uso de plástico corresponde a envoltorios y bolsas que sólo se utilizan una vez, y cuyo uso no es necesario.
En este sentido varias provincias -como es el caso de las de Buenos Aires y Córdoba- han sancionado normativas que prohíben el uso de bolsas de plástico en sus territorios, pero han resultado de bajo acatamiento, dado que no sólo se trataría de un dilema regulatorio.
La contaminación por plástico nos sitúa ante una problemática de justicia ambiental, que nos lleva a reflexionar sobre la inequitativa distribución de los “costos” de este problema.
El concepto de justicia ambiental obliga a considerar la dimensión social, pues en lo que respecta al uso de envoltorios y bolsas de plástico, es mayor en los sectores más privilegiados de la sociedad, mientras que los menos favorecidos son los que menos consumen, pero los que más sufren las consecuencias de este tipo de contaminación.
Según Greenpeace, en el ámbito global son los países del primer mundo los que más consumen plásticos. Sin duda, estamos ante un problema socioambiental que se enfrenta con la noción de justicia distributiva, donde se debería avanzar hacia una distribución más justa de los beneficios y perjuicios del consumo de plástico.
Además, la justicia ambiental conduce necesariamente a pensar en las zonas que se “sacrifican” por este estilo de vida y consumo de productos tan dañinos para el ambiente como es el plástico. Asumir el alto compromiso de la realidad natural sacrificada, sería un primer paso, si se piensa en el marco regulatorio.
La contaminación por uso de plástico sin dudas implica una inadecuación de las normas jurídicas ante problemáticas que requieren una solución urgente y un cambio aún más radical para la adecuación de la norma a los nuevos problemas ambientales que jaquean la humanidad.
Es cierto que ya empiezan a surgir propuestas que conducen a un cambio paradigmático; en los ámbitos jurídico y académico se comienza a hablar del Paradigma Ambiental, por ejemplo como hizo el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. También desde la Organización de Estados Americanos (OEA), se están proponiendo congresos que giran sobre el Estado de Derecho Ambiental, donde lo ambiental, sería un “principio” regulador del sistema jurídico y político.
El Estado de Derecho Ambiental es una construcción teórica que se propone vincular el deber de protección del medio ambiente a todas las actuaciones del Estado, inspirándose primero en un imperativo ético de protección del entorno natural, desarrollado a posteriori, en términos jurídicos, conforme al correlativo deber constitucional de proteger el ambiente sano y equilibrado.
De esta forma, tal como las actuaciones del Estado deben sujetarse al derecho, la superación de la crisis ambiental, pasa por la sujeción de las actuaciones del Estado a las normas que tienen como finalidad frenar esa crisis político estatal, es decir, sujetar la actuación del Estado, al paradigma ambiental.
Desde este paradigma emergente, se requieren nuevas miradas y cambios globales que incluyen una serie de propuestas como nuevos estilos de vida, más responsables y en beneficio del bien; la implementación de la Agenda 2030 con demandas a los Estados de un mayor compromiso político frente a lo ambiental; el establecimiento de los derechos ambientales con carácter constitucional; mayor eficacia por parte de la justicia y la política y la fiscalización del cumplimiento de las leyes ambientales; incremento de la educación ambiental y capacitaciones para jueces, fiscales y abogados en Derecho Ambiental, entre otros.
Además, es constante la preocupación de la Naciones Unidas, ya que durante 2017, en el mundo, cuatro personas fueron asesinadas cada semana, por defender su derecho a un ambiente limpio y saludable. Entre 2002 y 2013, 908 personas murieron defendiendo el medio ambiente y la tierra en 35 países.
El 6 de marzo pasado, la ONU lanzó en Ginebra una iniciativa para hacer frente a las amenazas, la intimidación, el acoso y el continuo asesinato de defensores del medio ambiente en todo el mundo. Al menos 60% de los crímenes ocurrió en América Latina y el Caribe, una región rica en recursos naturales que desde hace años ocupa el primer lugar entre las zonas más peligrosas del mundo para los defensores del medio ambiente.
La denominada Iniciativa de Derechos Ambientales de las Naciones Unidas, ayudará a las personas a comprender mejor sus derechos y a defenderlos, y asistirá a los Estados a salvaguardar los derechos ambientales. ONU insta a todos los gobiernos a priorizar la protección de los defensores del medio ambiente y a llevar ante la justicia de forma rápida y definitiva a los que atacan o amenazan a los defensores. La tolerancia a la intimidación de los defensores del medio ambiente socava los derechos humanos básicos y el estado de derecho ambiental.
En el marco de este plan -ONU Medio Ambiente- hace un llamado al sector privado para que vaya más allá de los estándares mínimos de respeto a las comunidades y el ambiente, y se convierta en un defensor eficaz de los derechos de todos a un medio ambiente limpio y saludable.
Otra arista de análisis del cambio cultural, recae sobre el consumo. Nuestras compras, o el también llamado consumo ecológico, es quizás el aspecto más conocido del consumo responsable. Finalmente, invitamos a la comunidad a realizar este mínimo protocolo de buenas prácticas:
• Reduciendo el volumen de compras.
• Eligiendo productos que en su fabricación han cumplido una serie de requisitos para no generar una degradación del medio ambiente.
• Discriminando productos que en su fabricación generan un mayor consumo de recursos naturales.
• Teniendo en cuenta la posibilidad de sustituir productos contaminantes por otros naturales o biodegradables.
• Evaluando las características de los productos, el envasado y el embalaje para evitar la generación de residuos con nuestro consumo.
• Valorando que las empresas fabricantes y distribuidoras del producto que vamos a comprar dispongan de un Sistema de Gestión Ambiental (licencia ambiental).
• Ponderando que las empresas fabricantes y distribuidoras del producto procedan de la economía social y alternativa.
*Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco (España), investigador y docente de la Universidad Nacional de Chilecito.
**Docente de la UCC y la UNC. Facultad de Derecho. Abogado ambientalista.
*** Doctora en Sociología. Docente Universidad Nacional de Chilecito. Investigadora.
