ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
Y finalmente el escándalo Odebrecht movilizó a la justicia argentina. Precisamente, la semana pasada se conoció que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi decidió llamar a declarar a cuarenta y nueve imputados, todos de relevancia en la vida política y económica de nuestro país, en la causa que se abrió en relación a las presuntas coimas pagadas para la obra del soterramiento de tren Sarmiento.
A ex funcionarios del anterior gobierno como Julio de Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, entre otros, se le suman personajes vinculados a la farándula como Jorge «corcho» Rodríguez e importantes empresarios, como Ángelo Calcaterra, señalado por la oposición como un «protegido» debido a su parentesco con el actual presidente.
El juez expresó en su decisorio: «Se ha podido distinguir que los pagos en cuestión se habrían materializado de dos maneras: 1) a través de pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes y 2) mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su División de Operaciones Estructuradas, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore».
Empezar a conocer cómo funcionaba la maquinaria corruptora de la empresa Odebrecht no deja de sorprender. Justamente la mencionada División de Operaciones estructurada repartió en Latinoamérica 735 millones de dólares en sobornos a funcionarios, con la idea de «ganar las licitaciones» destinadas la obra pública, todo corroborado por las investigaciones realizadas en Brasil y en los Estados Unidos. Fue precisamente ante la justicia estadounidense que ex ejecutivos de la firma brasileña declararon haber entregado cuantiosas sumas de dinero en 10 países de América Latina: precisando que en la Argentina entre 2007-2014 pagaron como soborno 35 millones de dólares.
La constructora disponía de esa modalidad de actuar a los fines de obtener la concesión de proyectos energéticos o de infraestructura, considerados esenciales para el desarrollo de nuestros países, de acuerdo a lo manifestado por gobiernos, organismos internacionales y empresas. En la Argentina, las obras más importantes que involucran a la empresa se relacionan con la construcción de gasoductos, potabilización de agua, obtención de potasio y la referida del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, entre otros.
Presidentes como el condenado y encarcelado ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al que se le siguen 10 procesos por corrupción, están vinculados a la Operación Lava Jato.
No es el único antiguo mandatario en problemas. Por el lado del Perú, Alejandro Toledo ha sido acusado de haber recibido de Odebrecht un soborno de 20 millones de dólares cuando era presidente y Perú ha pedido su extradición a Estados Unidos donde vive actualmente. Alan García fue acusado de recibir aportes de campaña de la cuestionada empresa, mientras que Ollanta Humala cumple prisión preventiva tras ser acusado de haber recibido tres millones de dólares en sobornos, entre otros delitos, de Odebrecht.
Por no hablar del renunciado Pedro Pablo Kuczynski, otra de las tantas figuras de la política latinoamericana que se encuentran vinculadas a este escándalo de corrupción.
En toda América se ha avanzado en la investigación, imputación o condena, excepto en tres países en los que la persecución está parada o muy relegada: México, Venezuela y Argentina. Ojalá que la investigación que se inicia avance tanto como sea necesario para echar luz sobre estas maniobras delictivas y terminen con la condena de los culpables.
Este deseo no es algo político sino un deseo de justicia, porque si hay algo que impulsa la pobreza en un país son precisamente los actos de corrupción de sus funcionarios. Y en tales actos hay siempre alguien que recibe y otro que da.
Por ello, la medida del juez Martínez De Giorgi brinda una luz de esperanza de poder avanzar en desembarazarnos de tales perniciosas prácticas para todos. Es de esperar que se mantenga en el tiempo. Por el bien institucional de nuestro país, más allá de lo que cuesta en términos económicos y sociales.
* Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas.
** Abogado, magister en Derecho y Argumentación Jurídica.
