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Pandemia y autoritarismo

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Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**

Días pasados, el doctor Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo en declaraciones periodísticas que «los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales», que «hay mucho debate sobre cuál es el límite de las cuarentenas» y que «en cada país es diferente». Agregó que «hay riesgo de autoritarismo a nivel mundial si la emergencia se prolonga en el tiempo».
Estas palabras agitaron, a nuestro criterio, las aguas político–sociales en nuestro país, profundizando la grieta entre “militantes de la cuarentena” y “militantes anticuarentena”, una dicotomía sin razón alguna. Nadie razonablemente puede sostener que se puede llevar una vida como la que se llevaba antes de que apareciera el virus. Lo mismo decimos respecto a que no pueden limitarse las libertades más de lo estrictamente necesario, tanto en tiempo como en calidad.
Hay cierto facilismo en imputar como delito conductas que no son sino peticionar a las autoridades.
El resguardo de la libertad de expresión pública debe ser objeto de un cuidado particular en tiempos en que, por las propias medidas sanitarias, de hecho está limitada en sus posibilidades. Que determinadas personas se manifiesten con las medidas de resguardo para impedir el contagio, no puede ser reprochado. De hecho, nada se hizo con la numerosa manifestación de los médicos el domingo ni de los abogados del miércoles, llevadas a cabo en automóvil. Pero parece que cuando se hacen con las distancias y medidas de protección pero a pie, con mínimas concentraciones de tres u ocho personas, por algún motivo indefinido, no se ve tan claro.
Por eso, lejos de “militar” en alguna de las dos posturas extremas, entendemos que las palabras del doctor Lorenzetti no son caprichosas sino que reflejan una preocupación legitima que vienen teniendo los demás países democráticos del mundo. Veamos lo que pasa en Europa, donde España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,  Países Bajos, Portugal y Suecia firmaron una declaración en defensa de «los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales» sin dejar de reconocer la necesidad de los gobiernos de tomar medidas de emergencia para contener el avance de la pandemia.
La preocupación de la Comunidad Europea radica en el avance autoritario y populista que ha habido en países como Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, cuyos gobiernos, aprovechando aquélla, tomaron decisiones que avanzaron arbitrariamente sobre los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. Las palabras del rector de la universidad checa de Kutná Hora grafican esa clase de preocupación: “Cuando el coronavirus pase y llegue la crisis económica, si no se toman medidas, los movimientos antiliberales y populistas ganarán fuerza por el descontento de la población y veremos formas aún más autoritarias de Gobierno. Todo dependerá de las decisiones que se tomen ahora y de cómo sepa manejarlo la Unión Europea”.
En nuestro país, como en todos los demás, hay que estar precavidos ya que hay cuestiones que ponen una luz de atención en relación con este tema. Cierre de pueblos y prohibiciones de circulación en rutas sin fundamento real son algunos ejemplos. Pero no queremos dejar de mencionar la falta de funcionamiento pleno de dos de los tres poderes del Estado, fundamentalmente el Congreso, las Legislaturas y los concejos deliberantes. Es que muchas de las decisiones tomadas, conforme nuestra organización institucional, debieron pasar por allí, cosa no ocurrió, concentrándose el poder y la toma de decisiones en los respectivos poderes ejecutivos. Como dijo Roberto Gargarella: “Hubo una pérdida de oportunidad de diálogo institucional entre el Senado y la Corte. Se había gestado una situación propicia para pensar de otro modo la relación entre los poderes y ambos jugaron al juego al que están acostumbrados, que es golpearse mutuamente. Luego, no podemos aceptar que las instituciones no estén funcionando porque, de ese modo, entre otras cosas, resultan funcionales a la concentración de poder y esto es un aspecto dramático de la historia argentina. Ojalá que del modo que sea se pongan en marcha para que haya activos mecanismos de control, y la conciencia de que no se puede ni limitar derechos ni manejar discrecionalmente el presupuesto sin la intervención decisiva y protagónica del Congreso, y sin la discusión pública”.
El precio de vivir en libertad es su eterna y atenta vigilancia. Se trata de una frase que no por vieja y repetida deja de ser cierta. Sobre todo, en tiempos de crisis sanitaria.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales

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