ESCUCHARSe hace aparecer a muchos trabajadores y trabajadoras como un cáncer social que no permite hacer crecer el país. Y en ello se quiere justificar también las llamadas “flexibilizaciones”
Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe
A mediados de diciembre del año 2017 renunció Cynthia Pok, la directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que depende del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ella era la encargada de medir empleo, desempleo, pobreza e indigencia.
Pok sufría muchas presiones para que modificara mediciones que mostraban un mercado de trabajo estancado, especialmente en el Gran Buenos Aires. El tema explotó cuando la funcionaria hizo conocer el incremento de la tasa de desempleo en San Juan, que daba un incremento de 4,8% a 9 %. Luego, renunció.
En una entrevista a la agencia de noticias de la CTA, la exfuncionaria consideró que resultaba inaceptable que se pretendiera cambiar resultados “cuando los datos no son convenientes o no dan como los responsables políticos desearían. Éstos son procedimientos que no podemos aceptar bajo ningún concepto”.
La postura de la funcionaria debe profundizarse respecto de las afirmaciones que hace el Gobierno nacional, que busca tapar lo que está pasando con el desempleo en el país. Repárese que, mientras tanto, el presidente Macri ha sostenido que “todo lo estamos impulsando desde el valor central de decir la verdad”.
Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha manifestado que la cantidad de personas que se quedaron sin trabajo durante enero de 2018 duplicó la cifra de diciembre y la de enero del año pasado. En este sentido, enero acumuló 6.639 nuevos despidos y suspensiones, de los cuales 58% corresponde a la Administración pública.
Todo ello, en una clara política de desempleo que se quiere fundar en la búsqueda de una supuesta “austeridad”, que no se puede comenzar empezando por dejar a las personas sin trabajo.
A lo que se suma una prédica cruel, por la cual se hace aparecer a muchos trabajadores y trabajadoras como un cáncer social que no permite hacer crecer el país. Y en ello se quiere justificar también las llamadas “flexibilizaciones” en materia de leyes laborales.
A su vez, en un grave ataque a la dignidad humana, se nos mentaliza para que consideremos como normal que se deje sin trabajo a tantas personas. Luego la sociedad, con hipocresía, termina diciendo que se es “pobre” porque no se quiere trabajar.
Colonización mental
La realidad demuestra que el Gobierno en sus argumentos mentirosos quiere colonizar mentalmente la sociedad en contra de los derechos laborales y hacer creer que se hace austeridad sólo despidiendo a personas.
A su vez, se ataca a los abogados laboralistas, a quienes se tiene como “mafiosos” porque defienden los derechos de los trabajadores; o se persigue a los jueces que deciden a favor de los derechos de éstos.
También el Gobierno busca demonizar los sindicatos como estructura.
Bien dice la encíclica “Laborem exercens”, de Juan Pablo II, de 1981: “Los sindicatos luchan por los justos derechos de los trabajadores frente a los empresarios y a los propietarios de los medios de producción. Éstos son un exponente de la lucha por la justicia social. Lucha que debe ser vista como una dedicación normal a favor del justo bien”.
Pero en medio de las mentiras sustentadas en un discurso único potenciado por los medios hegemónicos que predican a favor del Gobierno nacional, se oculta que no se respetan derechos humanos básicos, con jerarquía constitucional, que debe garantizar el Gobierno.
Grave violación de derechos humanos
Baste referir que, entre otros, no se está cumpliendo lo que dispone el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional en Argentina, (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, CN).
Dicha declaración indica que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.
¿Dónde está la protección contra el desempleo que debe dar el Estado, cuando el Gobierno opera como el principal factor de desempleo? Y la tutela equitativa y satisfactoria del trabajo no acepta flexibilizaciones que ataquen la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras.
A su vez, en su política de ajustar la economía ahora se ataca, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a los dirigentes gremiales de los docentes, se busca descalabrar su organización sindical y, por sobre lo que dicen tratados internacionales, se pretende imponerles un reajuste inadecuado de haberes, que opera como un techo inaceptable e inconstitucional.
Al respecto, cabe referir lo dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento éste también con rango constitucional (inc. 22 del art. 75 de la CN).
El referido tratado internacional, entre otros importantes aspectos, establece que los Estados partes y firmantes, como nuestro país, se comprometen a asegurar «el derecho de toda persona a la educación y reconocen que, con el objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho, se deben mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente» (art. 13, apart. 2, inc. «e»).
Tan importante es este objetivo estratégico de educar que dicha norma fija una pauta dinámica para la determinación de la retribución económica a los docentes. Establece que siempre se debe estar pendiente de mejorar las condiciones materiales del sector y, por tanto, todo lo que se haga en ese aspecto, en todo momento, debe entenderse insuficiente.
Por ello tiene que haber paritarias nacionales; para consensuar el tema de manera justa y equitativa en el país.
Tratar de ponerles a sus sueldos un techo, en una pauta inflacionaria mentirosa o no real, resulta -en consecuencia- inconstitucional.
El panorama debe encararse integralmente pero sabiendo que la dignidad de las personas y su derecho al trabajo en condiciones justas y equitativas no puede negociarse; y en esto nadie puede ser indiferente.
