Llegar a ser un país común y corriente

Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**, exclusivo para Comercio y Justicia

 Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**

Hay cosas que a la gente con cierto sentido común le resultan muy difíciles de comprender. Hablamos de esas personas que se levantan temprano a trabajar o a estudiar, que llevan a sus hijos al colegio, que pagan sus impuestos, sus cuentas varias, tratan de disfrutar la vida cuando se puede y sin perjudicar a nadie, etcétera.
Ellos, entre los que nos incluimos, miran sorprendidos muchas de las cosas que pasan en nuestro país. Una de tantas es cómo personas con procesos penales en contra ejercen funciones públicas, se presentan a elecciones e incluso mantienen un alto grado de apoyo por parte de la ciudadanía. Vaya como ejemplo de lo que hablamos el caso del ex presidente Carlos Menem quien, condenado, mantiene su cargo para no ser detenido. Y hasta el del candidato a intendente de Pilar, en nuestra provincia, quien hizo campaña desde la cárcel… Como para muestra con un botón basta, estimamos suficiente lo dicho sin que haga falta seguir abundando en ejemplos ¿no?

Precisamente, en una reunión a la que asistimos días pasados surgió la pregunta de si esto pasa sólo en nuestro país o también sucede en otras partes del mundo. Las respuestas fueron variadas, inclinándose por la afirmativa o negativa a aquel cuestionamiento. Sin embargo, pudimos concluir, a partir de datos reales, que en todos lados “se cuecen habas” y que la corrupción y la criminalidad de los funcionarios públicos no son fenómenos exclusivos de nuestro país. Donde hay dinero público, hay posibilidad de hacerlo llegar a las manos indebidas.
Sin embargo, también coincidimos en que lo que tal vez nos diferencia de otros países, que funcionan mejor, es la oportunidad, celeridad y calidad de respuesta que a casos similares se les da institucionalmente.
Un ejemplo de ello ocurrió recientemente en España, donde el diario ABC informó: “La Mesa del Congreso de los Diputados ha suspendido este viernes a los cuatro diputados independentistas presos por la causa del 1-O, tras el informe de los letrados de la Cámara. Lo ha hecho en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
Si bien la resolución que decidió la medida contra los funcionarios enjuiciados fue ampliamente debatida, debido a la resistencia de los representantes de Podemos, la decisión salió con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos. Es decir, por un voto pluripartidista. E -independientemente de que algunos planteaban que la suspensión debía adoptarse por aplicación del reglamento de la Cámara y no del Código de Enjuiciamiento Criminal (tal como salió)- pese al cimbronazo institucional y la discusión política la decisión salió conforme a lo prescripto por la ley.
Vale en este punto señalar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal española establece que las personas que tengan un cargo público quedarán “automáticamente suspendidos” mientras se encuentren en una situación de prisión provisional fijada en un auto de procesamiento en firme.

Creemos que este caso español prueba que en todos lados “nuestros representantes” cometen actos prohibidos por la ley y que también hay quienes los defienden. Sin embargo, vemos también que, independientemente del indiscutible y profundo contenido político que pueda tener la causa, hay una reacción distinta de la de estos lares y, al menos por ahora, muestra una reacción institucional mucho más sólida respecto de quienes, conforme a las leyes e instituciones democráticas, son enjuiciados.
En nuestro país, tal vez la legislación relacionada con el tema no sea tan clara o específica, sin embargo, cuando lo es (y creemos que sí lo es), por cuestiones ideológicas o especulaciones políticas se discute hasta el absurdo su significado para defender lo indefendible.
Todo lo que hace que los ciudadanos de a pie vean lo que pasa con incredulidad, debilitándose en definitiva la credibilidad en el sistema. “Ojalá algún día seamos un país común y corriente, en que la ley se aplica conforme a los hechos y no mirando a quien se halla implicado en la cuestión”, dijo alguien en esa reunión que comentamos.
Probablemente eso haría mucho más previsibles, más fáciles, más satisfechas, las vidas de todos nosotros, los ciudadanos con cierto sentido común.

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