ESCUCHARLa Guerra Civil de Estados Unidos fue el pretexto de fuertes restricciones en los derechos individuales básicos
Por Luis R. Carranza Torres
DDurante el curso de la Guerra Civil estadounidense, el presidente Lincoln suspendió el derecho de hábeas corpus en ocho ocasiones. Dejaba, por tanto, sin efecto el poder de permitir a un tribunal decidir si un individuo estaba siendo detenido ilegalmente por el gobierno.
De todas las restricciones de Abe, la más extrema, que se aplicó por todo Estados Unidos, autorizaba a las fuerzas militares de la Unión a detener a «todas las personas… culpables de cualquier práctica desleal». En virtud de esta directiva, se arrestó y encarceló a alrededor de 38.000 ciudadanos sin juicio ni control judicial de los arrestos.
Como expresa el historiador Milton Cantor, en su obra The Writ of Habeas Corpus: Early American Origins and Development, el derecho de peticionar un hábeas corpus no se entendía como un derecho natural sino que era un instrumento procesal producto del «Common Law» inglés. Prueba de la importancia que se le asignó para proteger las libertades en la Constitución de Estados Unidos se halla en el hecho de ser la única acción procesal de derecho consuetudinario allí mencionada.
«El buen Abe» no fue el primero con la medida. Ya durante la guerra de 1812 con los ingleses, Andrew Jackson, una suerte de Facundo Quiroga a la estadounidense, lo dejó de lado en el área de Nueva Orleans invocando su calidad de general mayor del ejército. Pero luego fue censurado judicialmente por tal decisión y hasta multado. Una suerte de reprimenda leve fundada en haberse convertido en un héroe nacional luego de ganar la guerra. Posteriormente, llegaría a la presidencia del país.
La decisión de un presidente de suspender el hábeas corpus no tenía precedentes. Tampoco resultaba razonable: el detonante de la medida fue el denominado «Alboroto de Pratt Street» en Baltimore, en el que un grupo de ciudadanos impidió el paso por esa localidad de tropas de la Unión.
No se trataba de nada a lo que no pudiera hacerse frente con la ley común pero Lincoln tendía a exagerar las respuestas. De hecho, su rispidez e intransigencia con los Estados del sur era lo que había llevado a éstos, orgullosos como pocos, a votar en sus legislaturas separarse de Estados Unidos. Frente a lo sucedido, respondió instruyendo a su fiscal General, Edward Bates, a fin de analizar la legalidad de declarar la ley marcial en Maryland. Tarea que recayó, en los hechos, en Titian Coffey, uno de sus asistentes, que redactó un memorándum al respecto.
Palabra más, palabra menos, allí se exponía, más con voluntarismo que con fundamentos legales, que si como comandante en jefe el presidente podía invocar la ley militar respecto de los militares conforme la «War Act» de 1806, como presidente podía establecer la ley marcial a los ciudadanos civiles. Y que la suspensión del habeas corpus venía implícita con tal declaración, a contramano de toda la doctrina. El postulado era no sólo carente de fundamentos sino también de lógica elemental: la posibilidad de suspender estaba en la parte del texto constitucional en que se detallaban las funciones del Congreso.
En suma, un mamarracho jurídico. Pero como suele pasar cuando son apoyados por detrás por el poder de turno, la caricatura se convirtió en una norma ejecutiva.
Después de la medida, Lincoln se defendió diciendo que «no se puede admitir que el daño por la rebelión debería seguir su curso, hasta que se convocara al Congreso». Dado que éste no estaba en sesión, la autoridad era suya. Claro que, pudiendo hacerlo, nunca lo convocó.
Los arrestos y las detenciones enajenaron a mucha gente, incluso a partidarios de Lincoln. Después del arresto de docenas de legisladores de Maryland, varios condados presentaron candidatos bajo el nombre de «partido de hábeas corpus».
A pesar de la medida, no pocos de los detenidos hicieron uso de la acción ante jueces federales. Uno de ellos, el de distrito para Maryland William Fell Giles, aceptó uno a favor de John Merryman, que fue rechazado por el gobierno. Apelado, en junio de junio de 1861, el Tribunal de Circuito de Estados Unidos para Maryland dictaminó que la suspensión presidencial no era válida por ser una facultad del Congreso.
Llegada la sentencia a la Casa Blanca, los asesores legales de Lincoln dijeron que la decisión del tribunal era inválida y directamente fue ignorada.
Cuando el Congreso finalmente inició sus sesiones, en el mensaje presidencial a ambas cámaras Abe pidió que lo autorizaran… con retroactividad. Mediante la «Habeas Corpus Suspension Act» de 1863 el Congreso, nominalmente y ex post facto, salvó la anomalía pero nada dijo de la retroactividad o no de lo autorizado al presidente. Algo que Lincoln había pedido expresamente.
En 1866, un año después de que finalizara la guerra, la Corte Suprema expresó en el caso Milligan que Lincoln había excedido su autoridad constitucional, sosteniendo que el presidente no podía suspender constitucionalmente el derecho de hábeas corpus, incluso en tiempo de guerra, si los tribunales civiles regulares estaban abiertos y en funcionamiento.
Era lo lógico, además de legal. Pero como sabemos, la razonabilidad siempre sale por la ventana frente al ejercicio desmedido del poder.
