Las deudas que paga el pueblo pero que ningún gobierno investiga

Por Luis Esterlizi (*)

En un ejemplar publicado por Legasa en 1988 titulado “La Perversa Deuda” Alfredo Eric Calcagno editó por tercera vez sus análisis y opiniones sobre el mecanismo instaurado en los países emergentes –sobre todo en América del Sur– para expoliar riquezas mediante la corrupción de los gobiernos y el accionar del capitalismo financiero que dañan gravemente el crecimiento económico y desarrollo social de los pueblos.

Para ejemplificar este procedimiento, Calcagno lo compara simétricamente con la Cándida Eréndira de García Márquez, la niña que deberá pagar a su abuela desalmada una deuda inexistente, prostituyéndose de por vida.

De allí que los actores principales son Eréndira (Argentina y países de América del Sur), la abuela (dictadura militar y gobiernos inmorales) y los abusadores de Eréndira (corrupción, especulación financiera, fondos buitres, fuga de reservas, lavado de dinero, etc.)

Promos Naranja

De esta manera, ejemplifica el mecanismo y los actores necesarios para el endeudamiento, verificando en el caso de Argentina que en ningún momento -salvo honrosas excepciones– existieron por parte del Congreso de la Nación investigaciones y definiciones tajantes en cuanto a la legalidad y legitimidad de dichos procesos que han obligado a los argentinos a pagar deudas de gobiernos ilegítimos(dictaduras militares o golpes de estado corporativos) y de aquellos que irresponsablemente inventan deudas y vaciamientos de las arcas del Estado, que constituyen verdaderos actos de corrupción. 

La instancia más dramática se presenta cuando los compromisos de pago recaen sobre sus habitantes por medio de ajustes, con más aumentos de impuestos y tarifas, presiones sobre el manejo soberano de los recursos estratégicos, mayor inflación, recesión económica, pérdida del poder adquisitivo y freno al avance tecnológico y desarrollo industrial.

La historia más cercana

Es fácil advertir, y entonces comprender, que el peso del endeudamiento generado en los últimos años, principalmente a partir del gobierno de facto de 1976 bajo la batuta ideológica del Ministro de Economía de entonces José Alfredo Martínez de Hoz comenzó a crecer exponencialmente. El último gobierno constitucional que había asumido en 1973 había dejado una deuda de alrededor de 7800 millones de dólares y 50% de ese monto aproximadamente había sido heredado de la dictadura anterior. 

Así, también podemos verificar que muchos de los sucesivos gobiernos democráticos a partir de 1983 no tuvieron en cuenta las consecuencias derivadas por la toma de deudas y no establecieron previamente un plan para dirigir las inversiones de acuerdo a un Proyecto Nacional. Especularon con que el pago de los compromisos recaería en los futuros gobiernos y no en el pueblo que es el que definitivamente paga. Lamentablemente esta suposición fue convertida en la estrategia que practicaron todos los gobiernos.

Al mismo tiempo, y a medida que el aumento desmesurado de la deuda incide perniciosamente en el trabajo y la producción nacional en la administración del Estado Nacional y de provincias y municipios, comienza a instalarse una economía de especulación que es el alimento por excelencia de un proceso inflacionario. Ésto es aprovechado por un capitalismo financiero usurario, que supera ampliamente en los dividendos a los que genera el capitalismo productivo, industrial, comercial y de servicios. 

Como contrapartida, dicho entramado político-económico-financiero fue incidiendo perjudicialmente en la sociedad, que comenzó –debido a las continuas depreciaciones de nuestra moneda– a buscar el resguardo de sus ahorros en el atesoramiento de dólares.

Las autoridades no advirtieron esto, o nos les preocupó. La aparición de una pobreza que varios años después se convirtió en estructural será imposible de combatir definitivamente solo con subsidios u otros medios “solidarios”.

La solidaridad y el compromiso social debe expresarse en políticas activas que recuperen el trabajo productivo, por ser un valor que distingue la dignidad de los ciudadanos conjuntamente con la educación, la salud y el bienestar que mínimamente merece una sociedad en democracia.

Cuando este mecanismo se “institucionalizó”, los sectores de la producción, comercio y servicios – especialmente las pymes – comenzaron a sufrir el desamparo del Estado y se vieron obligadas a “acomodar” sus costos y ganancias para poder soportar la incidencia excesivamente retrógrada de impuestos y tarifas, y de los ajustes que todos los gobiernos (sean del signo que sean) implementaron hasta el presente. Miles de esas pymes y sus respectivas fuentes laborales ya no existen.

Ningún gobernante dejó de tomar deudas, como tampoco realizó exhaustivamente un control administrativo y financiero de sus gestiones. Muy por el contrario, siguieron manejando los gobiernos en forma displicente y autocráticamente. 

Hoy comprobamos que el endeudamiento, a la que la dirigencia política no le asigna la importancia debida ha conmovido el funcionamiento de las administraciones de la Nación, provincias y municipios y trastocado la economía formal. Sumada a la política de ajustes, achicamiento del mercado de consumo y desaparición de miles de fuentes laborales, explicita el funcionamiento de un modelo en crisis.

Esta hecatombe económica y financiera que impide obtener los recursos genuinos para enfrentar los compromisos de pago, como la de solucionar los problemas emergentes de la pobreza y el hambre estructural además de continuar las obras que imprescindiblemente necesitamos, se corresponde con la ineptitud dirigencial al generar un déficit permanente como consecuencia de malgastar los recursos o permitir la fuga de las reservas que se produjeron con el esfuerzo y trabajo de los argentinos. Incluso los préstamos de capitales privados y los otorgados por el FMI.

La realidad es que Argentina se encuentra entre la espada y la pared, ya que por un lado están los acreedores privados y el FMI amenazando con el default si no se soluciona el pago. Por otro, amenazan los ajustes por medio de la baja de jubilaciones, aumentos de retenciones, impuestos y tarifas que provocan malestar, protestas y resistencia social, no excluidos de la posibilidad de generar hechos de violencia, como ocurren en otras regiones del planeta.

Una muestra de la sinrazón

Es por ello que, analizando estas realidades extremadamente graves, no entendemos cómo muchos gobernantes persisten en aumentar los impuestos y las tarifas de los servicios como si la población en su conjunto hubiera quedado al margen de este tremendo aquelarre económico-financiero. 

Al mismo tiempo, se destacan por su procacidad las jornadas realizadas en el Congreso para sancionar con fuerza de ley la renegociación de la deuda, cuando desde las bancadas del macrismo y del kirchnerismo se enfrentaron para dirimir qué sector fue el que mayormente había adquirido dicha deuda. Aunque posteriormente fue aprobada por la mayoría de ambas coaliciones. Lamentable.

Cómo continúa esta historia

No es fácil pronosticar el proceso venidero, aunque es posible que el Gobierno actual haya conseguido el apoyo de los principales países de Europa y también el de EE.UU, que sumados a los esfuerzos del Vaticano, permitan sellar un acuerdo. Aunque los fondos de inversión privada pueden dificultar las negociaciones, ya que taxativamente lo que quieren es recuperar lo prestado sin que les interese el default ni tampoco achicar los plazos. Ni aceptar quitas importantes.

También es difícil predecir cuál es el plan estratégico que ineludiblemente debe establecer, no solo el Gobierno, sino la sociedad para generar un proceso que recomponga el tejido social, baje el peso de impuestos y tarifas, se re-funcione administrativamente el Estado con menos déficit fiscal, se cree trabajo formal, se recupere el mercado interno y se promueva los procesos industriales y tecnológicos. Ello habilitando las importaciones que Argentina necesita para poder luego exportar productos con valor agregado.

Creo que –aunque parezca imposible– es imprescindible cerrar la grieta para terminar con las controversias y que el Gobierno concrete efectivamente un ámbito de diálogo y consensos con todos los sectores organizados de la sociedad. Se debe trabajar en un programa que supere las causas estructurales que ocasionan estas crisis que, como la actual, han dejado a la Argentina ante un enorme cataclismo en lo político, económico y social no tan fácilmente superable. 

 

(*) Presidente del Foro Productivo de la Zona Norte (FPZN)