ESCUCHARDesde fines de 2015 las oscilaciones ascendentes de la pobreza e indigencia jaquean a la población argentina sin que se haya logrado poner freno a esa penosa expresión de empobrecimiento in crescendo. Esto puede apreciarse mediante una rápida consulta de los datos disponibles sobre lo sucedido en nuestra economía y la sociedad durante los últimos años
Por Salvador Treber
Si se elabora una curva tendencial a partir de fines del ejercicio 2015 -cuando la pobreza y la indigencia alcanzaban 29,2% y cinco por ciento, respectivamente, de la población. Estos niveles son elevados pero lo sucedido con posterioridad genera -más que preocupación- una enorme alarma pues dichos datos testifican el creciente deterioro que se viene acentuando sin que se haya logrado ni siquiera frenar esa tendencia.
Obviamente, existen otros aspectos no menos preocupantes que encuentran un lamentable testimonio en lo sucedido con la relación cambiaria de nuestra moneda respecto al dólar. A los primeros días de diciembre de 2015, cuando asumían las nuevas autoridades, la paridad era de $9,70 por dólar y, tres años después, esa relación se cuadruplicó. La continuidad de la tendencia recesiva ha generado un incremento de la desocupación y subocupación; si bien se trata de no proporcionar en forma detallada datos precisos, hay algunos que se vienen considerando como los peores de 1991 a la fecha.
Bastará con referir que la cantidad de desocupados se ha incrementado en nada menos que 2,3 millones personas en tres años hasta totalizar 3,6 millones, lo que coincide con una importante caída de la producción industrial de 37,6%.
En ámbitos oficiales arguyen que todo es efecto de la situación general y de las condiciones reinantes en el mercado mundial e incluso en Sudamérica; pero estos argumentos caen por su propio peso pues todos los demás países vecinos exhiben situaciones notoriamente mejores que las nuestras.
El caso más significativo es el de Brasil, que durante un trienio (2015/17) sufrió una caída acumulada de 9,7% en su respectivo producto bruto interno aunque ha logrado revertir esa tendencia.
A fines del año 2018 se verificó que la cantidad de niños y jóvenes de hasta 17 años de edad en situación de pobreza llegó a un nivel nunca antes alcanzado pues acusaron un “salto” de 44% a 51,7, lo cual implica que ascendió 6.255.700 de personas, de las cuales 831.700 se sumaron en los últimos 12 meses.
El citado informe emanado en la UCA pone especial énfasis en advertir: “La actual crisis, al igual que en 2008, 2014 y 2016, no ha sido destructiva del sistema productivo ni financiero formal pero ha sido corrosiva para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para los sectores de la economía social”.
Los mayores incrementos se verificaron en el área identificada como del conurbano bonaerense, donde en el mismo lapso los pobres pasaron de una franja numerosa que ya incluía a 36,1% de su población a un alarmante nivel de 43,4%, afectando muy especialmente a lo que suele identificarse como “la clase trabajadora marginal, la mitad de los trabajadores por cuenta propia y 70% de los jubilados”.
A modo de aclaración se revela que “el principal mecanismo que induce tal situación es la notoria retracción del mercado interno y de las capacidades productivas del sector informal”.
Dos temibles lacras: pobreza y desocupación
Los últimos años no han sido suficientes para revertir los niveles de pobreza estructural. En el Indec se estimó que el índice de pobreza afectaba en el tercer trimestre de 2018 a 29,6% de la población y la indigencia a 5,3% de ésta, con una clara tendencia a la suba que se verificó al finalizar el primer trimestre de 2019, con 32,6 y 6,1%, respectivamente. En el mencionado trabajo de la UCA se advierte que la situación seguirá agravándose porque “las relativas mejoras materiales y la ampliación de las políticas de protección no han sido suficientemente efectivas para revertir la muy negativa tendencia reinante”.
En tal sentido se agrega: “Durante 2018 la inestabilidad macrofinanciera, sumada a lo efectos de la sequía, deterioró el PBI agropecuario, consolidaron una crisis externa que terminó en una fuerte depreciación del peso, acompañada por una notoria caída en el poder adquisitivo del salario”. Esto significa que a la baja del consumo interno y la entrada a un renovado período de estanflación se suma el fuerte ingreso de sectores medios bajos a la situación de plena pobreza. Cabe agregar que no surge una situación de crisis extrema pero tampoco vislumbran señales de recuperación cercana.
Es evidente que, mientras se mantenga un escenario como el actual, las calamidades no cesarán sino que se acentuarán con especial extensión de la precariedad laboral y el desempleo que deteriora el mercado de trabajo.
Y es muy posible que los funcionarios del Gobierno nacional, frente a un año tan intensamente electoral como el presente, intenten revertir, aunque sea transitoriamente, este escenario; aunque es ilusorio pensar en un rotundo cambio suficiente para lograrlo y, menos aún, que lleguen nuevas inversiones de cierta significación.
Por el contrario, se advierte que la situación se agrava por los despidos masivos y es harto probable que tanto los sueldos como las prestaciones no logren igualar el ritmo de la inflación y se traduzcan en un salario con menor poder adquisitivo. Cabe recordar que la elaboración del Proyecto del Prepuesto de la Administración Nacional, que fue luego aprobado, adoptó como hipótesis de trabajo un índice inflacionario para todo 2019 equivalente a 23%.
Pero este cálculo no ha sido compartido por los especialistas no oficiales que la estiman, como mínimo, un porcentaje de 30% y muchos de ellos la suponen entre 33% y 36,9%; lo cual le quita toda verosimilitud a dicho Presupuesto.
Una visión retrospectiva que incluya los datos de la evolución entre los años 2010 y 2018 inclusive sobre pobreza e indigencia permite advertir que en ambos aspectos los índices anuales se han elevado notoriamente los últimos tres años que los analistas adjudican “al fracaso de la gestión oficial” y marca notorias diferencias con el lapso 2010/15 en que los mismos fueron bastante menos preocupantes.
Otro tanto se observa respecto de los indigentes, que se han elevado en los mismos años de cinco a 6,1 por ciento. Si se evalúa en función de los grupos familiares, los pobres llegaron en 2018 a cubrir 25,3% de ellos y los de indigentes a 4,2%.
Hay coincidencia en que la situación sigue siendo grave y ello lo adelantaron a mediados del año anterior los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), frente a una estimación del Indec, con la que no coincidían, pues respecto al ejercicio 2018 sostuvieron que dicha baja sería de no menos de 2,8% y en 2019, de 1,7%. El organismo oficial argentino, por razones electorales, anunció sin fundamento que en el primero la baja sería muy leve (0,5%) y en el ejercicio 2010 se registraría una leve recuperación que, por lo visto, no coincidió con lo que ahora se evidencia.
La coyuntura y el mediano plazo
Las causas de dichas caídas difieren según las diversas fuentes informativas. Las oficiales se remiten al Indec, que lo adjudica a efectos originados en los países vecinos que mantienen significativas y habituales relaciones económicas con el nuestro pero virtualmente todos ellos exhiben situaciones bastante mejores y dejan al descubierto las argucias e ingenuos sofismas con que buscan aportar falsos argumentos a tan banal pretensión; cuya finalidad es desviar, aunque sea transitoriamente, la atención de la población y tratar de evitar sanciones de los ciudadanos votantes para fin de año.
Un análisis serio no puede circunscribirse a evaluar los dos últimos años pues por lo menos desde comienzos de 2016, se detectó un continuo retroceso.
En esta anteúltima fracción en que la política económica exhibió fracasos y los respectivos shocks en el mercado devinieron de sucesivas devaluaciones que en sólo tres años, generaron la caída más vertical y rotunda sufrida por la economía del país desde el año 1991 en adelante; es decir, en los últimos 27 años.
Una reversión de dicha tendencia requerirá que el ritmo de suba en el nivel de ocupación sea creciente, significativo y persistente como condición para lograr una sensible reducción de la pobreza. Pero es también necesario que los salarios se adecuen a la necesidad, premiando la voluntad, disposición y habilidad del respectivo personal.
El titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, sostuvo al respecto que la caída habida en los salarios y jubilaciones fue decisiva.
Cuando los precios en general superan las periódicas actualizaciones salariales, la pobreza se extiende al par que los sueldos y las jubilaciones pierden poder adquisitivo.
Debe advertirse que la pobreza nunca es coyuntural ya que en tales circunstancias confluyen empresarios de cierta dimensión y especuladores que aprovechan esa situación para incrementar sus márgenes gananciales a costillas de los asalariados quienes, lógicamente, temen perder su empleo y se resignan a aceptar imposiciones sin formular mayores reclamos.
Muchos son los especialistas sostienen que los niveles de pobreza presionan frecuentes y sucesivas subas y por ello los precios en el mercado de consumo se anticipan en semejante tendencia aunque lo más probable es que en 2019 no se llegue sufrir una caída de la actividad semejante a la de los años 1999/2001.
Ello puede verificarse incluso aunque aumente el volumen y nivel del comercio exterior. Lo extraño es que una situación tan comprometida no sea motivo de acciones eficaces, por lo menos para atenuar tales efectos. Parece que prima una inexplicable resignación en los funcionarios federales al respecto.
Un crecimiento sostenible debe comenzar por reducir la marginalidad y la profunda desigualdad que existe. Pero los funcionarios opinan que “no se puede hacer gran cosa” y pretenden lograr un decisivo cambio de tendencias apelando a subas siempre insuficientes en los salarios.
Como las economías comprendidas en tal situación junto con la nuestra son muchas, no será nada fácil encontrar soluciones adecuadas en el mercado externo para todas ellas.
