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La insuficiencia de la discusión teórica de la Ética Judicial

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Por Armando S. Andruet (h)
twitter: @armandosandruet
Exclusivo para Comercio y Justicia

Con fecha 12 y 13 del mes de abril del corriente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), organizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, se celebró una actividad académica-profesional de alto interés para la función y gestión judicial, denominada –quizás modestamente- “Jornada de Ética Judicial”.
Naturalmente, el evento, aunque no lo decía en ningún lugar, estaba en una línea de continuidad temática con la que se había cumplido en la Ciudad de Córdoba los días 16 y 17 de marzo del 2017 y que fueran organizadas, también, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba, que se denominó “Primer Encuentro Nacional de Ética”.

El propósito de esta anotación no es hacer una crónica del evento -que, ya de por sí, sería por demás valioso concluir, atento a la entidad de las personas que fueron convocadas para las conferencias, paneles y discusiones, así como por la calidad, profundidad y abordaje que se efectuaron de los diversos temas que eran materia de interés y controversia- sino señalar que existen espacios de reflexión –por caso éste- donde se concluye con propuestas operativas de realización y que se tornan necesarias cumplir, para una transformación real de las prácticas que la vida judicial recomienda a los magistrados en torno al fortalecimiento de la confianza pública en los Poderes Judiciales.
Habrá que ver, entonces, cuánto tiempo y cuántas de ellas pueden llegar a ser medianamente emplazadas y luego sostenidas y mejoradas en el futuro.
Los días en que se realizó el evento fueron especialmente atinados para la discusión ética de los Poderes Judiciales Provinciales y también Federal; puesto que no se puede omitir señalar, que el día jueves 12 de abril, en plaza Lavalle, frente al majestuoso Palacio de Justicia y donde tiene su asiento la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un nutrido conjunto de abogados y ciudadanos, reclamaban por una justicia más confiable, ágil y proba.
Para algunos, ello sólo fue coincidencia temporal sobre un evento, en donde existía una unanimidad de percepción: Los Poderes Judiciales deben hacer una reflexión profunda sobre sus hábitos, prácticas, funciones y resultados. Los índices de credibilidad social de éste Poder del Estado, se ubica en los registros más bajos de los que hay noticia estadística. Tomando el suministrado por “Voces por la Justicia”, se ubica para el año 2017, en un 22% el coeficiente de confianza.

No dudo de que muchos lectores y operadores del sistema judicial serán poco propensos a dar crédito a la medición. Señalarán que en ellas en general, habrá prácticas de manipulación metodológica de la información, sesgamiento en las preguntas, etcétera. Ello puede ser cierto en alguna medida; pero también me pregunto: ¿no será tiempo de pensar en algunos cambios para la transformación de los Poderes Judiciales? Como también, que no pasen ellos, por renovar edificios, implementar más tribunales, reformar códigos y demás cuestiones de estructura; sino de trabajar en la auténtica infraestructura, esto es: las personas, que al fin de cuentas, son la misma causa material de cualquier Poder Judicial.

En paralelo con la queja social por una Justicia mejor; en el hermoso y moderno ámbito donde se celebraba la “Jornada de Ética Judicial” –en un auditorio muy confortable de la Sede del Gobierno de Buenos Aires- compartíamos nuestras discusiones, un número -generosamente estimado de 60 personas- y no obedecía tal modesto guarismo a que la jornada hubiera sido cerrada o altamente costosa, pues era libre y gratuita sino a que allí mismo, con dicho resultado a la vista, se evidenciaba la matriz fenomenológica de la patología severa que atraviesa al Poder Judicial Argentino: la ética no importa.
Pocos participantes –sin con esto desmerecer los ingentes esfuerzos de los organizadores en hacer conocer y difundir el evento- ello es cierto, aunque con mayor desazón por la completa ausencia de magistrados –salvo expositores-, que se pudo reconocer en el sitio, pues confirmaba lo antes dicho: la ética tampoco interesa.

Seguramente que si el tema, hubiera concernido acerca de alguna cuestión más operativa a la función judicial, el resultado hubiera sido diferente. Ello es innegable. Como tampoco se puede desconocer, que la nula ausencia y mayor ignorancia que sobre dichos aspectos la magistratura tiene, es lo que produce en buena medida, una serie de prácticas judiciales enfrentadas con la debida manera de realizarlas, y con ello, el aumento de la desconfianza social en la labor judicial.
De cualquier modo, nada de lo que se haga en este sentido es en vano, sino por el contrario, se trata de un proceso de incrementalismo ético por acumulación que en los tópicos de la ética judicial hay que efectuar. No dudo que ello en algún momento habrá de emerger con una naturalidad en las prácticas profesionales de los jueces, y permitirán marcar las diferencias notables que un Poder Judicial que se preocupa institucionalmente por estas cuestiones tiene; tal como lo ha sido en la provincia de Córdoba –a los ojos de un observador razonable- desde el año 2002 a la fecha.

La jornada fue aperturada por un discurso de corte político y de gestión judicial que cumplió el ministro Germán Garavano, en donde señalo la preocupación de dicha cartera por estos temas y la incorporación de los mismos, en el Programa de Justicia 2020. Fue presentada su exposición, por las figuras que tuvieron a cargo la responsabilidad organizativa del convite académico-profesional, por una parte el Dr. Martín Böhmer quien desde su lugar como director en dicho Ministerio Nacional, viene cumpliendo un notable rol de liderar la preocupación institucional por la cuestión de la ética judicial y del Dr. Luis Lozano, quien -a más de integrar el TSJ de CABA- es el Secretario Ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.
La primera conferencia estuvo a cargo del Ministro de la Corte Suprema, Dr. Horacio Rossatti, con lo cual, se puso énfasis que al menos a nivel individual, existe una preocupación por dicha cuestión y que desgraciadamente no se había visualizado en alguna otra ocasión, salvo en la Primera Conferencia Nacional de Jueces del año 2005.
Con posterioridad se dio paso a un panel donde los Dres. Carlos Andreucchi, Ariel Ariza y Rafael Gutiérrez, hicieron los señalamientos que desde los roles institucionales que ocupan cabe apuntar para los temas de control ético de la función judicial. Así desde Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, Federación Argentina de la Magistratura y Junta Federal de Cortes, respectivamente.

La actividad continuó con dos talleres sobre temas centrales: 1) Los jueces y los medios de divulgación científica, a cargo de los Lics. Kevin Lehmann y Sabrina Santopinto; 2) El rol del Consejo de la Magistratura y Control ético, cumplido por los Dres. Andrés García y Marcela Basterra. Con posterioridad se cumplió el abordaje de un taller en donde la discusión estuvo centrada acerca de dos virtudes judiciales existentes en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, como son, las de motivación y equidad. Participaron el mismo, los Dres. Jorge Amaya, María Battaini y Rosa Maggi. El día concluyó con la segunda conferencia, a mi cargo.
El día viernes se inauguró, con la tercera conferencia en responsabilidad del Dr. Rodolfo Vigo; y continuó con dos talleres: 1) Órganos de resolución de conflictos éticos de abogados, a cargo de los Dres. Martín Böhmer, Alicia Bazán y Zenón Ceballos; 2) La contribución de la Ética en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a cargo del Dr. Luis Lozano. La actividad concluyó con una exposición muy destacable de la Lic. Laura Alonso, en su carácter de Secretaria de Ética Pública- Oficina Anticorrupción.
Aprovecho la ocasión para reiterar lo que en mi exposición formulé. La justicia argentina está sobre-diagnosticada, y por ello, lo que se impone es el paso a las terapéuticas, porque las dolencias son variadas.

Así entonces, es que desde la dolencia institucional generada por las carencias éticas en los integrantes de los Poderes Judiciales, he propuesto –atento a la experiencia que el Poder Judicial de Córdoba tiene en la materia, y la particular contribución que a tal suceso el Tribunal de Ética Judicial cumple-, y no con ello por creer que no tenemos a pesar de ello, enormes desafíos por cumplir; que se forjen las labores asociativas desde todos los actores institucionales que han estado presentes en la “Jornada de Ética Judicial”, para conformar un Observatorio de Ética Judicial que cumpla funciones de cooperación y seguimiento de dichas prácticas y propenda a un mejoramiento en el crédito social de los Poderes Judiciales.
La propuesta está hecha verbal y documentalmente ahora y los interlocutores conocen de ella. Cambiar o no cambiar el estado de cosas es el desafío real. Las alternativas son pocas y los tiempos escasos.

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