ESCUCHARPor Salvador Treber
El tema es verdaderamente crucial, dado que se Aunque es muy conocido el ideario que sustentan todos los miembros del Gobierno nacional, sorprendió que se haya vuelto a acudir nuevamente a una institución que, en general, los gobiernos de casi todos los países prefieren obviar pues sus condiciones son muy severas. Incluso Brasil, nuestro gran vecino y socio en el Mercosur -que afronta grandes dificultades económico-financieras-, muy justificadamente optó por prescindir de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a tener un equipo gubernamental de centro-derecha. Sólo por supina ignorancia o como un acto de desesperación se explica haber tomado semejante decisión y será, sin lugar a dudas, el pueblo argentino la víctima propiciatoria de esta medida. Actualmente sólo pocos países menores -entre ellos Jamaica, uno africano y otro de Asia Menor- son los que sobrellevan con múltiples dificultades a sendos acuerdos de «Stand-by», el más exigente que otorga el FMI.
Es oportuno recordar que en el año 1944, cuando eb la Segunda Guerra Mundial ya estaba decidida la inminente derrota de los denominados países del Eje, Estados Unidos promovió una reunión de los inminentes vencedores y en ella se decidió crear dos organismos internacionales. Por un lado, el FMI, destinado a atender requerimientos crediticios de corto plazo para viabilizar temas relativos a la coyuntura; por el otro, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que debía proporcionar créditos tanto de mediano como largo plazos para apoyar la estructura productiva. Cuando dicho objetivo se dio por cumplido, se modificó su nombre por el de Banco Mundial, ampliando sus objetivos a todas las obras; pero siempre especializado en bienes de capital.
Argentina no fue invitada por haber demostrado en forma fehaciente su simpatía por el bando perdedor y por ello le adjudicaron el carácter de «país enemigo». El posterior ingreso a ambos organismos se verificó en el año 1956 y, dos años después, obtuvo del FMI un crédito de US$100 millones y otros sucesivos que llegaron a sumar US$9.840 millones a fines del año 2005 que fueron cancelados en un solo pago el 5 de enero de 2006; decisión que también adoptó Brasil para recuperar integralmente su soberanía. Y ahora se trata de la operación Nº 22 después de un «intervalo» de alrededor de 12 años sin este tipo de operaciones.
El acuerdo, cerrado en bastante menos tiempo que lo habitual, es a tres años y por la muy importante suma de US$50.000 millones. Se anuncia que buscará «eliminar el principal problema económico de Argentina», que -según dicen los voceros de dicho organismo- sería el déficit fiscal. Suponen que con ello se «cortaría la corrida cambiaria» pero tal cosa hasta ahora no está sucediendo sino exactamente todo lo contrario. Los técnicos del fondo para el año próximo estiman que «el piso» de crecimiento será de +1,5% pero esperan elevar ese precario nivel a «entre 2,5% y tres por ciento». Los argentinos que vivimos todas las experiencias anteriores tenemos sobradas razones para mostrarnos escépticos…
El contenido conocido del acuerdo
Los principales anuncios -hay siempre otras cláusulas de carácter «reservado»- dentro de un contexto de equilibrio y reducción del gasto público establecen que, además de los US$50.000 millones provenientes del FMI, ingresarán otros US$5.500 millones de otros organismos como el Banco Mundial, el BID y la CAP; el déficit primario en 2019 debe bajar de 2,7% a sólo 1,4% del PBI con un recorte del gasto US$200 mil millones en el mismo año y una drástica baja de subsidios. También deberán recortarse las tarifas, salarios estatales de las tres jurisdicciones y eliminar totalmente el déficit en el ejercicio 2020. El Banco Central no deberá intervenir y se le prohíbe emitir moneda para financiar al Gobierno, reduciéndose a menos de la mitad las Lebac.
Dichas condiciones, que equivalen a exigencias de conocimiento, se dividen entre las que dan a conocer públicamente y las identificadas como «cláusulas secretas» que, obviamente, no trascienden y sin dudas son aún más gravosas. Por su parte, el Gobierno nacional pretende en esta emergencia gozar del apoyo irrestricto de los gobernadores provinciales, quienes hasta el momento no se negaron pero se reservaron unánimemente el derecho de analizar y hasta rechazar todo lo que no consideren aceptable. Si bien actuaron como «puentes de contacto» fueron los de Córdoba, Chaco, San Juan, Entre Ríos y Tierra del Fuego los que más empeño pusieron en ello.
En cambio, los mandatarios de las provincias de Formosa, Tucumán y Catamarca mantienen diálogos de consulta pero se abstienen de hacer conocer ningún tipo de apoyo; al par que en La Rioja se tensó notoriamente la relación mientras en Santa Cruz no se expidieron en ningún sentido. En lo que parece que todos coinciden es en que no conocen «la letra chica del acuerdo sobre la baja de déficits y por dónde va a venir el apriete» y agregan: «Como ocurrió con el Fondo del Conurbano, en ese tema sabemos que tenemos que negociar juntos porque individualmente perdemos». Desde ya existen diferencias sobre tarifas que crearon una virtual grieta y supone una ardua disputa al tratarse en el Congreso de la Nación el Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2019.
El Poder Ejecutivo espera poder evitar el tratamiento parlamentario pero en tal caso no se podrá actuar de la misma manera evasiva en oportunidad de discutirse éste. La especial cita a los gobernadores suscitó una serie de dudas y algunos juicios adversos que los ministros presentes no lograron superar, hasta generando párrafos bastante subidos de tono por ambas partes que el informante, casi sin respuestas para profundizar satisfactoriamente el análisis, pretendió cerrar sosteniendo: «Hay que usar el acuerdo con el fondo para apuntalar el crecimiento y discutir una agenda de desarrollo», lo cual, por su extrema vaguedad, disgustó incluso a los gobernadores que estaban dispuestos a apoyar la iniciativa.
Con posterioridad, la mayoría se reunieron solos y parece que convinieron que «no pondrán obstáculos» pero advierten que «las consecuencias de esa decisión surgen directamente y son responsabilidad directa y excluyente del Presidente». Resulta obvio que carecen de precisiones pero entendieron que «hay que dar por hecho que no habrá financiamiento para obra pública, haciendo además fuertes recortes en educación y salud. En el ámbito de los gobiernos locales reclaman con insistencia asegurar los fondos nacionales para el pago del ‘incentivo docente’ más todo lo que vaya a mejorar los salarios y que esencialmente son atendidos con recurso a nacionales”.
La difícil compatibilización entre los planes para erradicar la inflación y paralelamente lograr que se verifique un ritmo aceptable de crecimiento del producto bruto es harto difícil. En las situaciones en que se aplicaron programas postulados por el fondo esto nunca ocurrió, ¿por qué pensar que éste sería un caso excepcional? Lo aconsejable y lógico es revisar las respectivas experiencias tanto nuestras como de otos países que hayan vivido problemáticas semejantes, especialmente en Latinoamérica pues sirven para sacar valiosas conclusiones.
Respecto a la forma de preservar las partidas para ampliar o mejorar la infraestructura, consideran en las esferas oficiales que se harán con fondos privados aportados por el régimen identificado como PPP, pese a que los gobernadores lo rechazan por haber ya antes fracasado en ese ámbito. En el curso de dichas discusiones, los gobernadores sostuvieron que las reducciones del gasto no deben ser muy relevantes y aconsejan «no achicar la economía» pues «eso nunca funcionó». En resumen, el acuerdo suscripto con el FMI no fue previamente motivo de consulta alguna y, por ser un «hecho consumado», se procura -en lo posible- atenuar los previsibles e inevitables efectos recesivos.
Debe advertirse que en lo que resta del presente año se impone una baja en el gasto público equivalente a 13% que, para cumplimentar, exige introducir fuertes recortes, especialmente en el rubro «personal» y con el índice de crecimiento caerá a apenas +0,4%.
Además, luego de haber completado el proceso que implica el despido en las tres jurisdicciones de unos 40 mil empleados, el acuerdo prevé un congelamiento en cuanto al número de empleados y funcionarios que de esta forma quedarán circunscriptos por tres años a 2,7 millones y no elevar ese número total durante los tres años de su vigencia. Se pretende que dicho recorte sea proporcional a aquéllas; lo que significa que para el conjunto la referida reducción será de 27 mil actuales agentes en las provincias y Capital Federal, 7,3 miles en la jurisdicción federal y el resto, es decir 5,7 miles, en el conjunto de municipios del interior de país.
Los ministros que operan en el área económica y el que oficia como coordinador entre ellos han pretendido conocer en forma fehaciente a cuanto desean en el fondo estabilizar la paridad peso-dólar pero no lograron que los funcionarios internacionales «suelten prenda alguna». En forma anecdótica, refieren que ante el expreso requerimiento del presidente del Banco Central, la respuesta habría sido que «van a quedar sometidos a observación» para verificar el grado de responsabilidad que exhibirá cada uno. Semejante respuesta no hizo otra cosa que sembrar inseguridad entre los involucrados.
Por su parte la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA.) prestó expreso acuerdo a todo lo actuado y declararon que esperan que «los diferentes sectores políticos y sociales estén dispuestos a trabajar en conjunto para contribuir a la elaboración de consensos fundamentales». Evidentemente, se trata de una declaración formal que no apunta al análisis fundado sobre los más probables efectos que derivaran de la implementación de los lineamientos insitos en el texto dado a conocer del Acuerdo. Por lo visto, este 22º Acuerdo incluye una serie de cláusulas no menos severas que las ínsitas en todos los precedentes.
