ESCUCHARLuego del año 2016, de preocupante signo negativo, y el primer semestre de 2017, con muy leve crecimiento, las expectativas de los analistas y operadores confirmaron una visión de cierto repunte que -esperan- se acelere y mejore la realidad desde el inicio de 2018.
Por Salvador Treber
Luego del año 2016, de preocupante signo negativo, y el primer semestre 2017, con un muy leve crecimiento, las expectativas de los analistas y operadores confirmaron una visión de cierta recuperación que -esperan- se acelere, mejorando la realidad desde el inicio de 2018.
Después de la caída sufrida en el año precedente (2,3%), el lento ritmo de crecimiento de apenas 0,3% mensual durante el lapso enero/mayo de 2017 alimentó un clima de escepticismo que recién comenzó a disiparse en junio, al conocerse que en ese mes se había registrado la tan ansiada mejoría, que alcanzó cuatro por ciento; aun así, optaron por advertir que no se trataba de crecimiento sino de una tenue recuperación ya que faltaba bastante para llegar al máximo nivel logrado en 2015. En el Indec actuaron con mayor cautela, esperando los datos más convincentes del segundo semestre para levantar el ánimo de sus integrantes; aunque subrayaron en esa oportunidad que casi todos los sectores comenzaron a «despertar», con excepción de la minería.
Destacaron al efecto que el sector de la Construcción, como es habitual, lidera la reversión pues junio marcó «un antes y un después» con 13,2% interanual, pero lo realmente novedoso ha sido que la industria manufacturera exhibió la tasa más elevada desde septiembre de 2011, con 6,2%. También resultó significativo que dentro de los demás rubros Pesca haya ascendido en 7,3% y hasta que Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura lo haya hecho en cuatro por ciento. Ello se refuerza pues en actividades de consumo, como son los casos de Hoteles y Restaurantes, que lo hizo en 5,7% e incluso Comercio Mayorista, Minorista y Reparaciones, ha llegado a 4,4%.
En general, los analistas no se dejaron seducir por dichos datos y, después de 18 meses consecutivos de recesión continuada, prefirieron mantener inamovibles sus respectivos pronósticos que, para todo el año 2017, en ningún caso superan un incremento de 3,3%. Cabe advertir que, para que ello se verifique en los hechos, es indispensable que en el segundo semestre se logre crecer como media general no menos de 4,6%. Aun si se pretendiera cumplimentar la estimación utilizada para la confección del Presupuesto del corriente año, debería lograrse en el segundo semestre una suba de 5,6% igualmente interanual, lo cual ningún especialista se ha avenido a asumir como posible. Advierten que aún varios rubros no se han recuperado en la medida suficiente; tal son los casos de Electricidad Gas y Agua (1,4%); Educación y Enseñanza (0,9%) y Otros Servicios Comunitarios (0,8%).
Sólo una economista, aunque de una conocida consultora, se animó a prever un segundo semestre creciendo al ritmo mensual desestacionalizado y acumulativo de 0,4%, que permitiría llegar al índice de crecimiento estimado para la confección del Presupuesto.
Ello implicaría la concreción de un «efecto rebote» que ningún otro colega entiende como factible, luego de un pálido primer semestre. No obstante, los indicadores correspondientes a julio y agosto fueron adecuados al más deseado índice del segundo semestre. En estas condiciones se acentuó el interés por verificar cuál es la realidad y, con base en ella, elaborar un pronóstico confiable para 2018 e incluso adoptarlo como referencia para la elaboración del respectivo proyecto de Presupuesto.
Lo que evidencian los datos del segundo semestre
El primer signo alentador lo proporcionaron las recaudaciones tributarias federales de julio y agosto que, según lo informó por parte de la Afip, crecieron en términos interanuales en 31,8 y 33,5%, respectivamente, en dichos meses, superando con cierta amplitud los índices inflacionarios pues subieron entre seis y ocho puntos por encima de ellos. La primera novedad en esa materia surgió de la elevación al Congreso del respectivo proyecto de Presupuesto; en cuya tarea se actuó con más prudencia que en el año precedente ya que a mediados de septiembre pasado utilizaron como hipótesis el 15,7%, contrario a 2017, cuando insólitamente optaron por un 17% que los hechos dejaron muy atrás.
Si, como se anticipa, el planteo ante la Suprema Corte de Justicia por parte de la Provincia de Buenos Aires tiene éxito, no sólo para que se actualice el denominado Fondo del Conurbano que se mantiene «congelado» en $650 millones sino que se haga lo propio con todos los ejercicios anteriores, han puesto en estado de alerta a las 22 provincias restantes pues dicho reclamo implica una fabulosa cifra, superior a $55 mil millones, y potencialmente multiplicable por cinco que de ninguna manera podrían afrontar; en el caso de las provincias de Santa Fe y Córdoba les correspondería a cada una más de $7.000 millones, también eventualmente multiplicables en la misma forma.
Los gobernadores oficialistas se vienen reuniendo, muy preocupados por una serie de temas pendientes que, según cómo se resuelvan, afectarán en mayor o menor medida su gestión. En primer lugar, según el giro que asuma la precitada demanda judicial y, en segundo término, en función promover la eventual modificación del Impuesto a Créditos y Débitos en Cuenta Corriente, que sólo se coparticipa en 30% y sólo 17% a las provincias pero que intentan lo sea en su totalidad. Dado que para 2018 se estima una recaudación que se elevaría a $195.118 millones, además pretenden que 56,66% de dicho importe tenga tal destino, es decir, $122.221 millones, en vez de sólo $33.170 millones que resultarían si se mantiene el criterio vigente.
Frente a los mencionados planteos judiciales de la Provincia de Buenos Aires, cuya demanda se ha formulado contra la Nación, las otras provincias temen que, si ésta es condenada, procure resarcirse a sus expensas y por anticipado tratan de cubrirse. Arguyen que aquélla, junto con la Capital Federal, surgen como las principales beneficiarias de los subsidios nacionales a la energía y el transporte que, en el ejercicio 2016 ascendieron a $233.224 millones y en 2017 estiman estarán muy próximos a $300 mil millones. En consecuencia, rechazan toda petición en tal sentido pero los funcionarios nacionales pretenden ser quienes decidan, sin aceptar lo que consideran un intento de interferencia.
En el proyecto de Presupuesto 2018 se incluye el déficit anual previsto que trepa a un equivalente de US$18.000 mil millones y ellos se deben sumar otros US$10.000 millones que corresponden al pago de intereses exigibles de la deuda; más el monto de las amortizaciones o cancelaciones que correspondieren. Se advierte en el ámbito oficial que el total de intereses será mayor que esa cifra pero parte consideran se podrá incluir en las respectivas renovaciones del pasivo aunque admiten que ello no sería lo más conveniente pues es una forma de acrecentar en forma piramidal el monto de la deuda pública federal que no es de importe ilimitado. En efecto, en la medida en que crece se vuelve cada vez más difícil renovar y su consiguiente mayor costo puede provocar muy serias dificultades futuras.
Los funcionarios federales, en el caso del impuesto a los Ingresos Brutos, de formulación y administración exclusivamente a cargo de cada una de las provincias o la Capital Federal, pretenden haya una cierta uniformidad de alícuotas y que disminuyan respecto de las actuales en no menos de un punto porcentual. Como se puede apreciar, los temas en controversia son varios y la Nación buscará, además, delinear una reforma tributaria integral -no simples «retoques»- por lo que deberá lograr una previa aquiescencia y coordinación entre las tres jurisdicciones concurrentes, lo que no será nada fácil pues la simple oposición de un fisco (v. gr., una provincia entre las más pobres o pequeñas) podría hacer fracasar el intento de introducir cualquier cambio que considere pueda afectar su recaudación, tal como viene sucediendo desde 1996.
El proyecto de Presupuesto nacional 2018
Resulta evidente que desde varios días antes del envío al Congreso se advirtió un clima de gran expectativa y, consecuentemente, varias consultoras e importantes bancos en forma coincidente estimaron que en 2018 la economía registrará un crecimiento de sólo 2,9%, los precios al consumidor harán lo propio en 15,7% y la paridad cambiaria peso/dólar registraría una cotización media en el año de $19,3. Otros analistas agregaron un par de datos más nada tranquilizantes pues estimaron que el déficit fiscal se mantendría en 5,4% y el desempleo abierto en 8,3%, lo cual implicaría extender a dicho año, sin resolver, los principales problemas.
Tales datos son preocupantes y, más aún, si -tal como anuncian-, el consumo apenas crecería 2,3% y la inversión registraría un muy insuficiente nivel de 6,3% (inferior respecto al 7,7% de 2017); mientras que la deuda pública treparía a una cifra equivalente a 54,8% del PBI. Pero en las esferas federales no ocultan que preparan otras dos importantes reformas, una respecto al régimen jubilatorio, ya tratado y aprobado, con que apuntan a disminuir los aportes patronales y extender la edad mínima para optar por ese beneficio. A la par, que preparan otra que pretende complementar con un nuevo régimen de flexibilización horaria, la cual permitiría negociar individualmente y sin concurrencia sindical, eliminando los mínimos obligatorios.
En forma simultánea, el ministro de Hacienda elevó al Senado un proyecto que pomposamente denominaron como «Régimen Federal Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno» con que procuran fijar un tope al gasto público tanto de la Nación como del conjunto de 24 fiscos intermedios. De esa forma piensan mantener constante para los ejercicios subsiguientes en términos reales el monto total del gasto. Dado que se establece que «la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de la Nación, de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional».
En forma complementaria, se prevé que en el supuesto de que la Nación o una provincia incurran en déficit primario o un pago de intereses de la deuda que supere 15% de sus respectivos ingresos, el gasto primario total no podrá modificarse. Mientras la Nación queda autorizada para deducir el gasto previsional global, los fiscos intermedios sólo podrán incorporar personal adicional en proporción semejante al respectivo incremento anual de su población. Los fondos que surjan de excedentes no gastados deberán ser afectados a la formación de un fondo anticílico evitando introducir nuevos instrumentos y/o incrementos en tributos que recaigan sobre el trabajo, los sectores productivos y/o su respectivo financiamiento.
