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Derecho a la movilidad social ascendente

 Por Carlos Emanuel Cafure (*)

Desde hace unos cuantos años hay quienes en la República Argentina se ven impedidos, frente a la inexistencia de políticas estatales, de acceder a su derecho a la movilidad social ascendente.
En materia laboral existen sobrados casos. Un ejemplo de ellos son los peones de taxis. Tanto hombres como mujeres que trabajan en esta sacrificada actividad durante ocho horas diarias brindan un servicio de transporte a sus pasajeros.
Muchos de ellos, para intentar llegar a cubrir sus necesidades básicas mensuales, deben trabajar horas extras (con el desgaste físico que conlleva esta actividad para quienes la desempeñan).
Desde el propio Estado se debería garantizar que en los sorteos de licencias de auto taxi, 100% del cupo sea para los choferes de taxi (garantizando el correspondiente cupo femenino).
En el supuesto de no resolver esto, como mínimo, la mayoría de las licencias de auto taxi tendría que ser destinada a estos trabajadores y trabajadoras, considerando para ello principalmente la antigüedad y la idoneidad.

Los peones de taxis (hombres y mujeres) tienen derecho a que se garantice su movilidad social ascendente para que, luego de determinados años como choferes, puedan, mediante los sorteos de licencias de auto taxi, ser titulares de ellas y mejorar por lo tanto su situación económica familiar y personal.
Recordemos que un número considerable de ellos hoy tiene ingresos por debajo de la línea de la pobreza, lo que es inaceptable.
Por estos días, increíblemente, parece que se trabajara para llevar la clase trabajadora hacia una movilidad social descendente. Un claro ejemplo de ello es la insistencia permanente del Gobierno nacional en avanzar en una reforma laboral que en la práctica implicaría la pérdida de derechos y conquistas históricas -podemos advertir que en muchos casos se pretende modificar y rediscutir a la baja convenios colectivos en distintas actividades-.
Lo que pretende el gobierno del presidente Mauricio Macri es ir en contra de todo el marco legal (laboral) vigente en nuestro país.

En materia habitacional, tenemos el ejemplo de los inquilinos.
Hace unos meses escuché una frase que describe con absoluta claridad la situación que atraviesan millones de argentinos: “Los trabajadores son la fábrica de inquilinos…”.
Lamentablemente, han pasado muchos gobiernos de distinto signo político pero ninguno de ellos ha llevado adelante un ambicioso proyecto de viviendas populares para la ciudadanía. Sólo algunos programas muy limitados, en algunos casos.
La inmensa mayoría de quienes alquilan pretende, en algún momento de su vida, dejar de ser inquilino para pasar a ser propietario.
Para ello, deben ofrecerse condiciones accesibles para el ciudadano común, con el fin de poder alcanzar el sueño de la casa propia.
Ante la falta de políticas relacionada con la construcción de viviendas por parte del Estado, quienes pueden terminan accediendo a planes de cooperativas o continúan en su condición de inquilinos, con la esperanza de que alguna vez la clase política se acuerde de ellos.
Quienes gobiernan en nuestro país deben mejorar la calidad de vida del pueblo.
Frente a violaciones de derechos garantizados en leyes provinciales, en la Constitución de la Provincia de Córdoba, en leyes nacionales, en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, todo ciudadano tiene derecho a recurrir ante la justicia.
“La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa ‘lo que está conforme a la regla’. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho “es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad…”.

(*) Abogado