ESCUCHARPor José E. Ortega (*) y Santiago Espósito (**)
A la “sopa de estudios” que sobre el impacto del coronavirus en la economía regional viene circulando, se agregó el tercero de los informes específicos sobre la pandemia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el cual enfatiza sobre la criticidad del contexto, dados los desequilibrios estructurales de los países del espacio, y su dependencia de variables estancadas como las commodities o el turismo.
Antes de la pandemia, la Cepal estimó un crecimiento regional anual máximo de 1,3%. Ahora pronostica una caída del PIB de 1,8%, sin descartar que alcance hasta 4%. La recesión aumentaría el desempleo en unos diez puntos porcentuales, al afectar a 620 millones de habitantes -tres “Brasiles” completos-. El número de pobres subiría de 185 a 220 millones de personas -un Brasil más un Chile enteros-. En tanto, las personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67,4 millones a 90 millones -dos Argentinas-.
La secretaria de la Cepal, Alicia Bárcena, afirmó a mediados de abril, en la presentación del primer informe, que se profundizará la regionalización, en desmedro de lo global. “Una oportunidad para mirarnos hacia adentro”, agregó. Una especie de “Latinoamérica para los latinoamericanos”, que incentivará la integración regional. No era novedoso. Lo había planteado Raúl Prebisch a fines de 1940, cuando nacía el organismo, y fue la tesis cepaliana durante las décadas siguientes, motor del desarrollismo y de iniciativas de integración comercial como el Mercado Común Centroamericano o la Alalc (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) -podríamos sumar la cooperación planteada en la Operación Panamericana y en la Alianza para el Progreso-. Aquella idea fracasó por sus limitaciones: políticas, sociales, económicas. ¿Podría funcionar, aprendidas las lecciones?
Tercer informe: ¿ingreso universal?
En el último paper, la Cepal aclara que después de la crisis de la deuda latinoamericana de la década de los ochenta, cuando la tasa de pobreza se disparó a 48,3% en 1990, a la región le costó un cuarto de siglo volver a los niveles previos. Con el coronavirus golpeando con fuerza, la pobreza podría llegar a 34,7% de la población.
En el caso de la pobreza extrema, el aumento sería de 11% a 13,5%, pasando de 67 millones a 83 millones de personas. Los mayores aumentos de aquélla ocurrirían en México, Nicaragua y Ecuador; y los de la pobreza en general, especialmente en Argentina, Brasil y también en Ecuador y México.
Hasta ahora, conforme lo recabado por la Cepal, los gobiernos latinoamericanos han puesto en marcha cinco tipos de medidas de protección social: transferencias monetarias; transferencias en especie (medicamentos, alimentos, barbijos y productos de aseo); suministro de servicios básicos (suspensión o exoneración del pago de servicios de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones), mecanismos de protección social para trabajadores formales; y otros apoyos directos (control de precios, facilidad en el pago de créditos e hipotecas, alivios tributarios).
Para la Cepal, a fin de evitar las protestas sociales que vivió Latinoamérica en 2019, bajo un contexto de vulnerabilidad macroeconómica luego de siete años de escaso crecimiento y con una expansión del PBI que apenas alcanzó 0,1% el año pasado, la región debe tomar medidas urgentes.
La propuesta del organismo es establecer un Ingreso Básico de Emergencia (IBE) que tenga una duración de al menos seis meses y sea equivalente a lo necesario para superar la línea de pobreza, que supone aproximadamente 143 dólares mensuales.
La medida, si se aplicare sólo a aquellas personas en situación de pobreza, supondría un gasto adicional de 2,1% del PBI regional. En tanto, si fuere un ingreso básico universal importaría 9,2%. El ingreso básico universal al que apunta la Cepal, luego de instaurar la renta de emergencia, es un ingreso mensual que recibirían todas las personas, independientemente de sus recursos. Finlandia fue el primer país en llevar a cabo un proyecto piloto, aunque solo se otorgó a personas desempleadas, sin éxito. También se realizaron pruebas en Namibia, India y Kenia, con resultados ambiguos.
Sorprende la liviandad de una propuesta que no desarrolla con profundidad múltiples dimensiones implicadas: compatibilidad con prestaciones similares en varios países, encuadramiento presupuestario, viabilidad financiera, discusión ética, impacto socioeconómico y cultural, o su conveniencia respecto a otras transferencias sociales para acabar con la pobreza y disminuir la desigualdad. Bárcena, al presentar el informe, esbozó que el ingreso básico se financiaría a partir de contrarrestar la evasión fiscal (que en la región alcanza 6,3% del PBI), tres veces más de lo que implica el ingreso básico. Agregó: “Ahí tenemos una fuente de financiamiento muy potente, y la otra es la renuncia tributaria -lo que los países dejan de recibir por prebendas empresariales y que es del 3,7% del PBI-”. Pero la Cepal soslaya que Latinoamérica no es un bloque homogéneo. Más allá de la propuesta que se presenta para México (aunque sin desarrollar en extenso), cada país presenta distintos marcos laborales (y sindicales), institucionales, fiscales y regulatorios, como también diversas categorías de trabajadores especializados, grados de paridad entre hombres y mujeres, o criterios para la asignación de subsidios personales, por lo que resta estudiar una gran variedad de influencias posibles.
El mundo seguirá inestable y compartimentado, cundirán las sospechas generalizadas y América Latina ya se conmueve en diversos planos. Lo señala la Cepal pero esperamos más de este organismo: estudios profundos que aporten base para iniciativas, propuestas que se salgan del molde, que motiven a los países a entenderse, a vincular nodos sensibles hasta aquí no integrados como los de salud pública (lo venimos pidiendo desde 2009). Un poco de econometría y algunos lugares comunes, hoy no aportan casi nada.
(*) Profesor UNC, UCC y UBP (**) Profesor UNC
