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“Si no hay una ciudadanía comprometida es difícil avanzar en la ampliación de derechos”

Jacinta Burijovich analiza la implementación de la ley de salud mental de la provincia de Córdoba. La trabajadora del Hospital Neuropsiquiátrico e integrante del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos reflexiona sobre los principales obstáculos que impiden que el campo disciplinar avance en el camino que trazan las nuevas normativas.

Por Luz Saint-Phat – @LuzSaintPhat 
lsaintphat@comercioyjusticia.info

La utilización de las salas de aislamiento como dispositivos terapéuticos, las internaciones involuntarias y no enmarcadas debidamente en un proceso judicial y las intervenciones psiquiátricas o psicológicas a personas que no han dado su consentimiento son usuales en el campo de la salud mental de la provincia, aunque vulneran los derechos de los pacientes.
Aun así, la erradicación de tales prácticas -proceso contemplado en las nuevas leyes de salud mental nacional y provincial- todavía está muy lejos, según los monitoreos desarrollados por el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos.

Jacinta Burijovich es trabajadora del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba, integra aquel colectivo de Salud Mental y coordina el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). A pocos días de haber sido reinstalada en su lugar (luego del polémico intento de traslado desde ese centro de salud), Burijovich analizó ante Comercio y Justicia los principales obstáculos que impiden al campo disciplinar avanzar en el camino trazado por las nuevas normativas.

-¿Cuál es el estado de aplicación de las leyes de salud mental en Córdoba? ¿En qué aspectos se ha avanzado y cuáles todavía quedan pendientes?
– A partir de la sanción de la ley de Salud Mental de la provincia en 2010, desde el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos realizamos distintos informes y monitoreamos el cumplimiento de la normativa. El primero lo presentamos en diciembre de 2013 y ahora -en diciembre de 2014- presentamos el segundo. Pudimos observar que las condiciones infrahumanas que se registraron en el alojamiento de Bell Ville, también se repiten en el de Santa María y en el de Oliva. También constatamos la existencia de salas de aislamiento en todos los hospitales psiquiátricos, las cuales están prohibidas por ley y  on consideradas tortura, trato cruel, inhumano y degradante por los organismos internacionales.

Las condiciones presupuestarias constituyen otra cuestión importante, ya que el presupuesto en salud mental de Córdoba está lejos del 10% que recomiendan los organismos internacionales. También se ha avanzado muy poco sobre la red de dispositivos alternativos a los hospitales psiquiátricos y, en Córdoba existe una sola casa de medio camino. En este sentido, nosotros tenemos que decir que el avance en el efectivo cumplimiento de la ley es muy escaso. Además, en el informe de 2014 abordamos otras problemáticas que tienen que ver con la atención a la niñez, las dificultades en el acceso a los servicios de salud mental en los grupos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB), el tema de la salud mental en las cárceles, el consumo problemático de sustancias -un tema que se considera todavía como algo de índole penal y no sanitario- y el último punto que tomamos tiene que ver con la salud mental y la discapacidad.

-Para avanzar en estos desafíos, ¿qué posibilidades existen desde lo político y lo presupuestario en Córdoba?
-Nosotros vemos muchas dificultades. Una tiene que ver con la cuestión presupuestaria, la cual no sólo alude a que el porcentaje destinado no sea el que fijan los estándares internacionales, sino también de la distribución interna. El grueso del presupuesto está destinado a las colonias psiquiátricas y por lo tanto todas las estrategias alternativas carecen de presupuesto. Y la otra cuestión tiene que ver con las capacidades estatales. Una es en relación con la conducción del proceso; tiene que haber una conducción que tenga legitimidad, trayectoria y credibilidad en los efectores. Y después, hay un diseño del Estado cordobés con el cual es difícil avanzar en la implementación porque falta una coordinación necesaria entre la Provincia y los municipios. Las leyes de salud mental plantean que el grueso de la atención en esta área se tiene que hacer en el primer nivel, esto es en los dispensarios, centros de salud y equipos que están en los territorios, acompañando las problemáticas de las comunidades. Ese primer nivel de atención está a cargo de los municipios, los cuales en su mayoría son pobres, están desfinanciados y poseen pocos recursos humanos para llevar adelante esta atención.

-¿El campo disciplinar está preparado para estas transformaciones?
-No. Existe una distancia entre el perfil profesional y las tareas que efectivamente debería llevar adelante el equipo interdisciplinario para cumplir con este tipo de tareas, las cuales tienen que ver con la concepción de la salud mental de manera integral en el trabajo en comunidad y los territorios, abordando problemáticas más complejas que no son sólo intrasubjetivas, sino también intersubjetivas, vinculares y contextuales. Se está trabajando a escala nacional para adecuar las currículas universitarias a la nueva ley.

-¿Qué prácticas terapéuticas que vulneran los derechos humanos de los pacientes se siguen implementando?
-Una de las que nosotros hemos tomado como prioritaria es el tema de las salas de aislamiento. En Córdoba, el juez federal (Miguel Hugo) Vaca Narvaja ya planteó que las salas de aislamiento en las cárceles son tortura. Después, está todo lo que tiene que ver con las internaciones involuntarias que no están debidamente garantizadas por la Justicia y se constituyen en privación ilegítima de la libertad. Además, se encuentran las prácticas en las que las personas receptoras no han dado un consentimiento y eso también es una violación a los derechos humanos. Y después nosotros estudiamos todo lo relacionado con las dificultades en los procesos de externación, para que las personas que estuvieron internadas puedan tener una real inclusión social.

-¿Qué herramientas tiene la ciudadanía o se pueden desarrollar para controlar la correcta implementación de la ley?
-Antes de que se sancionara la ley, incluimos en el proyecto a un ente de control ciudadano y ese punto no se incorporó a la normativa sancionada. Nos parece que es necesario reformular la ley y crear un órgano de revisión. También estamos proponiendo que en todos los contextos de encierro se prevea un mecanismo de prevención de la tortura, como está contemplado a escala nacional. Aun así, siempre es necesaria una ciudadanía activa que esté dispuesta a mirar tras los muros. Se pueden generar controles institucionales, pero si no hay una ciudadanía comprometida es difícil avanzar en la ampliación de los derechos y en el control de la política pública.