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Ya funciona la segunda Unidad de la Defensa en Bouwer

Una atenderá exclusivamente a las mujeres detenidas y la otra a los varones. A mediados de octubre se pondría en marcha una oficina en la cárcel de Villa Dolores

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba resolvió poner en marcha una segunda Unidad de la Defensa Pública Oficial, esta vez destinada a los hombres detenidos en el Establecimiento Carcelario de Bower.
Desde su creación, la Unidad la Defensa Pública de ese penal atendió a más de 300 personas: mujeres condenadas y procesadas con resolución de prisión preventiva y varones condenados en fase de confianza y a penas perpetuas. Esta nueva Unidad permitirá que la oficina existente se dedique exclusivamente a las mujeres detenidas teniendo en cuenta que la situación de la mujer en prisión reviste características particulares.
Con una acordada firmada por el Alto Cuerpo, se destacó la importancia del funcionamiento de estas Unidades de la Defensa: “Este Tribunal Superior entiende que las Defensorías Públicas Oficiales son un actor institucional clave en la defensa, protección y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad. Y su actuación debe contribuir a facilitar y mejorar el acceso a la justicia”.
La Defensoría Pública Oficial de Penados tiene entre sus tareas brindar información y asesoramiento jurídico a los detenidos, representar y defender a los penales ante las autoridades administrativas y judiciales correspondientes y difusión y divulgar sus derechos.
Villa Dolores
Con la puesta en marcha de esa nueva Unidad de la Defensa Pública Oficial en Bower, suman tres los organismos de este tipo puestos en marcha por el Poder Judicial de Córdoba. El primero se inauguró en agosto del año pasado y en el transcurso de este año se sumó la unidad de la defensa de la cárcel de Cruz del Eje. Según pudo conocer Comercio y Justicia, a mediados de octubre se inaugurará la Unidad de la Defensa en el servicio penitenciario de Villa Dolores.
La intención del Poder Judicial es extender este servicio a todas las cárceles de la provincia.
“La Defensoría Pública Oficial de Penados adecuará sus acciones para velar por el respeto de los derechos humanos en los centros de privación de libertad y el cumplimiento de los estándares internacionales aplicables con el fin de que no sean afectados más derechos que los estrictamente derivados de la situación de privación de libertad”, reza la acordada publicada en el Boletín Oficial.