Tras seis años sin fallo penal vale dictar la sentencia civil

El TSJ cordobés tuvo en cuenta que hay derecho de rango superior que obliga a dictar una resolución, teniendo en cuenta la falta de relación entre lo decidido en el juicio civil con lo involucrado en el criminal, aunque deriven del mismo hecho [privado] Al coincidir con la solución propiciada por el tribunal a quo en el sentido de que, en el caso, transcurridos más de seis años desde el inicio del proceso penal, cobra operatividad la excepción prevista en el Art. 1775 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), por lo que corresponde prescindir -en el caso- de la regla de prejudicialidad y dictar sentencia sin esperar la decisión que pueda recaer en el fuero criminal, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) rechazó el recurso de casación interpuesto por el demandado. El Alto Cuerpo integrado por los vocales María Marta Cáceres de Bollati, Carlos Francisco García Allocco y Domingo Juan Sesin al analizar el recurso señaló que “suspender el dictado de la sentencia civil, prolongando indefinidamente la resolución del caso a la espera de una resolución penal de futuro incierto, importaría una postergación injustificada del derecho del pretensor a obtener la providencia del órgano jurisdiccional en un tiempo razonable, con una clara violación a la garantía constitucional de la defensa en juicio (Art. 18 CN), produciendo con ello una efectiva privación de justicia, al dejar abierta y sin resolución sine die una causa judicial”. En ese sentido precisó que “el Tribunal de Alzada tras destacar que -desde su perspectiva- la causa penal mencionada no guarda una relación directa con los hechos en pugna en la presente causa, ponderó especialmente el tiempo transcurrido desde que se inició el proceso penal” y que en la sentencia casada se subrayó que “habiendo transcurrido a la fecha más de seis años de tramitación de la causa criminal y no advirtiéndose la posibilidad de que se le pusiera pronto término a la misma, demuestra la existencia de una dilación indefinida del trámite y decisión del juicio civil, lo que ocasiona agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa y produce una efectiva privación de justicia, por lo que en esta situación corresponde actuar como lo hizo la a quo y resolver sobre el fondo de la causa aun cuando no hubiere recaído sentencia en el fuero penal”. En definitiva en el fallo se resolvió que “el recurso de casación no es procedente”. Autos: “BORGES MARTA SUSANA C/ TOLEDO ANA MARÍA Y OTRO - ORDINARIO - RECURSO DIRECTO - 2796855” [/privado]

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