ESCUCHARHay 18,2 puntos de incapacidad adicionales a los que determina la aplicación del baremo en
los juicios en los que los reclamantes no pasaron por la comisión médica, según la entidad
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) resaltó que aún falta conformar los cuerpos médicos forenses en el ámbito del Poder Judicial, para que reemplacen a los actuales peritos que actúan en el fuero Laboral.
La entidad denunció que hay establecida una «marcada diferencia» entre los porcentajes de incapacidad que dictaminan los peritos y los que fijan las comisiones.
La titular de la UART, Mara Bettiol, recordó que muchos máximos tribunales provinciales todavía no crearon ni pusieron en marcha los cuerpos conformados por galenos especializados, seleccionados por concurso, que cobren honorarios en función de la tarea y apliquen de manera adecuada el baremo.
La UART preciso que hay 18,2 puntos de incapacidad adicionales a los que marca la aplicación de aquella tabla en los juicios en los cuales los reclamantes no pasaron por la comisión. También enfatizó que, muchas veces, evitar a la comisión médica se motiva en “la no existencia de una incapacidad real”.
A mediados de septiembre, la entidad advirtió de la asignación de causas por accidentes de trabajo a médicos sin sorteo informático previo y que, además, no estaban inscriptos en el padrón correspondiente.
Por ello, se quejó por el «total incumplimiento del procedimiento previsto en las normas que regulan el quehacer judicial en la materia».
La UART detalló que la irregularidad en la asignación de causas trascendió por la imposibilidad de ubicar a dos médicos que supuestamente habían sido sorteados como peritos.
En ese sentido, explicó que, al constatarse la falta de datos, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 34 realizó un arqueo y pudo constatar que en 24 causas iniciadas contra nueve ART se había omitido el protocolo del sorteo reglamentario y se las asignaron a galenos que no figuraban en el listado oficial.
Federación
En agosto, la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba (Fecacor) fue convocada por el ministro de Trabajo, Omar Sereno, para tratar el incumplimiento de lo convenido en la normativa de adhesión la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT); principalmente, lo relacionado con la puesta en marcha de las comisiones médicas en la totalidad de las circunscripciones judiciales, ya que de las 10 previstas por la ley sólo tres estaban funcionando.
“El cumplimiento efectivo y ajustado a derecho así como la exigencia de respeto de garantías constitucionales en el paso administrativo previo por comisiones médicas es un reclamo incesante desde nuestra federación provincial y de los abogados de la matrícula de cada colegio”, subrayó en ese entonces la entidad.
Paralelamente, recordó que el Poder Judicial se sumó a los pedidos.
El ministro confirmó que la situación le sería presentada a la Comisión de Seguimiento que prevé la misma legislación de adhesión y que -si no había pronta respuesta- se denunciaría el incumplimiento de la norma.
Cabe recordar que el articulo 2 de la ley 10456 supedita su funcionamiento a la constitución previa de comisiones médicas de carácter permanente en la totalidad de las circunscripciones judiciales, y a mediados de este año no se había cumplido con brindar la adecuada cobertura geográfica, tendiente a asegurar el acceso a la prestación del servicio en todo el territorio de la provincia.
Poco después, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) abrió una nueva comisión, en Bell Ville. La medida se estipuló en el encuentro que mantuvieron el titular del área, Gustavo Morón, y el intendente de esa ciudad cordobesa, Carlos Briner. Así, Bell Ville se sumó a la capital, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Villa Dolores y Laboulaye.
Se acordó que la Bell Ville funcionará como cabecera judicial para los habitantes del departamento Unión (excepto la pedanía Loboy); de los radios municipales de Alto Alegre y Ana Zumarán, de la pedanía Ballesteros y del departamento Marcos Juárez (excepto la pedanía Las Tunas).
Desde su adhesión a la ley 27348, complementaria de la LRT, en la provincia de Córdoba la litigiosidad descendió 84% entre los primeros trimestres de 2017 y 2018. Cabe recordar que en 2016 era una de las provincias que presentaba mayor litigiosidad en el país, junto a Buenos Aires, Santa Fe -que aún no adhirió- Mendoza y CABA. Juntas, reunían 93% de los juicios que registraba el sistema y 77% de la siniestralidad.
A partir de la adhesión a la ley, Córdoba, homologó 94% de los trámites en un plazo promedio de 34 días a partir del turno otorgado para audiencia médica.
