ESCUCHARLa Cámara Federal porteña declaró este jueves 7 de mayo nulo el archivo de una investigación por supuestos delitos en el funcionamiento de fondos fiduciarios vinculados a la ampliación de dos gasoductos adjudicados a la constructora brasileña Odebrecht entre 2006 y 2008.
Se trata de una denuncia presentada el 31 de mayo de 2016 por el entonces presidente de Nación Fideicomisos SA, Marcelo Blanco, sobre supuestas irregularidades en el funcionamiento y administración del “Fondo Fiduciario para atender las inversiones de transporte y distribución del Gas”, según el fallo al que accedió la agencia Télam.
La denuncia aludió además a supuestos delitos en otro fondo fiduciario para «la contratación y adquisición de gas natural destinado a la generación de energía eléctrica», en el 2004, en el marco de las obras para ampliar los gasoductos de transporte de gas natural entre 2006 y 2008.
En esa presentación se sostuvo que «durante la etapa de ejecución de las obras se habría detectado un apartamiento de las disposiciones legales vigentes, creándose procedimientos especiales para eludir los sistemas de contratación y control que resultaban aplicables al sector público, colocando en una situación ventajosa a la constructora “Norberto Odebrecht S.A.”
La denuncia fue archivada por el juez federal Daniel Rafecas, a pedido el fiscal Ramiro González ante la falta de pruebas de lo denunciado.
Pero la decisión fue apelada por la Unidad de Información Financiera y la Cámara Federal declaró ahora nulo el archivo porque pese a la falta de impulso fiscal, la UIF como querellante pretende impulsar el caso.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia sostuvieron que «se ha puesto en tela de juicio la totalidad del vínculo –supuestamente espurio- entre estatales y privados en el plan de Ampliación de Gasoductos” y exige «corroborar o descartar todas o algunas de las hipótesis planteadas en ese marco».
Una de estas hipótesis «se vincula a la respuesta que todavía resta (después de varios años) dar con relación a otros posibles delitos cometidos en torno a los tramos de ejecución de las obras, como pago de sobornos».
«Hay variantes fácticas no examinadas ni planteadas en el dictamen del acusador que también –de corroborarse- implicarían afectación al patrimonio del Estado o a sus intereses. Piénsese, por ejemplo, en situaciones como la forma, el tiempo o los motivos de anticipos y pagos (etc). No se han considerado esas posibilidades», concluyeron al ordenar continuar la pesquisa.
En la causa están imputados ex funcionarios como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Energía Daniel Cameron, entre otros, y directivos de la constructora brasileña.
