ESCUCHARLa medida busca que durante la vigencia de la cuarentena -o hasta que el Servicio Penitenciario de Córdoba mantenga la suspensión de las visitas- los detenidos puedan mantener comunicaciones con sus familiares y defensores y estudiar
En línea con lo resuelto en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Entre Ríos y Tucumán, en Córdoba se presentó un hábeas corpus correctivo ante el Juzgado de Control y Faltas de turno, para que las autoridades permitan que los internos de Bouwer y de otros establecimiento penitenciarios puedan usar teléfonos celulares mientras dure el aislamiento social obligatorio.
La medida pretende que durante la vigencia de la cuarentena -o hasta que el Servicio Penitenciario de Córdoba mantenga la suspensión total de las visitas- los detenidos puedan mantener comunicaciones con sus afectos. Además, se planteó que el uso de móviles contribuirá a que no interrumpan su desarrollo educativo y cultural y que accedan a información relativa a su situación procesal.
Iván Mochkofsky, uno de los abogados que firmó el remedio constitucional, sostuvo que se impulsó porque los familiares consultan permanentemente sobre la situaciones de sus allegados y porque los presos perdieron contacto con sus defensores.
El escrito destacó que el cuadro de emergencia a raíz de la pandemia de coronavirus “maximiza el deber y responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad” y “lo obligaba adoptar las medidas necesarias que la excepcional situación impone”.
Asimismo, remarcó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente afirmó que los procesos pandémicos producían impactos desproporcionados sobre las personas privadas de la libertad y que, en función de ello, el organismo internacional exhortó a los Estados a adoptar una perspectiva de protección integral de los derechos humanos.
Protocolos
Al entender que las dificultades de los internos para mantener comunicación con sus allegados y con los operadores judiciales agravan las condiciones de detención, varias jurisdicciones ya establecieron protocolos excepcionales y le dieron luz verde al uso de celulares.
Buenos Aires -la que tiene la mayor cantidad de alojados, con 45 mil internos- fue la primera en hacerlo, el 30 de marzo.
Varios magistrados habían dictados fallos específicos, pero la semana pasada la Cámara de Casación Penal bonaerense lo extendió a todos los penales provinciales.
“A efectos de evitar someter a las personas privadas de la libertad a una situación de ostracismo que, en el marco de la actual pandemia, importa un sufrimiento incompatible con el trato humanitario reclamado por la normativa constitucional, es mi opinión que resulta prudente autorizar el uso de telefonía celular a los fines del mantenimiento de los vínculos familiares de los internos”, sostuvo en la sentencia el vocal Víctor Violini.
Luego se sumaron otras provincias y los argumentos judiciales que se ventilaron fueron similares: suplir la suspensión de las visitas con un método que permite mantener el contacto y que, a su vez, ayuda a que haya un mejor clima y a bajar las tensiones en las unidades.
Carolina Piparo
Durante el fin de semana, el aval para que los presos bonaerense usen celulares fue cuestionado por la diputada de Juntos por el Cambio Carolina Piparo.
En redes sociales, la mujer denunció que el hombre que le disparó en una salidera bancaria y ocasionó que perdiera un embarazo a término le escribió a través de Facebook para amenazarla.
«No alcanza con Foucault, Zaffaroni y con creer que son víctimas del sistema; hay que sentarse a estudiar criminalística, analizar seriamente cada medida”, manifestó Piparo en su cuenta de Twitter. ¿Que pensaron que iban a hacer? ¿Llamar a la abuela?, añadió la legisladora opositora en sus posteos.
Piparo explicó que no está en contra de que los presos tengan celulares, pero pidió que haya un control y aseguró que hay muchas víctimas que están siendo contactadas por sus victimarios.
Protesta
El viernes 20 de marzo, en Córdoba, la limitación de contacto de los detenidos con sus familias generó una protesta en Bouwer, pero el episodio se controló.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial detalló que el disturbio se debió a la disconformidad de unos pocos presos. Además, aclaró aseguró que se están acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que la Justicia ya cuenta con la la información sobre los internos que podrían estar en peligro de contagio.
En Santa Fe, cinco internos ya perdieron la vida en dos motines, en reclamo de mayores medidas preventivas en contra del coronavirus. El primer deceso se produjo el lunes 23 de marzo, en el penal de Coronda. Los otros cuatro al día siguiente , en Las Flores.
Las revueltas se dieron casi en simultáneo, por el rumor de que había presos infectados.
El secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios de Santa Fe, Walter Gálvez, precisó que a los reclamos vinculados al coronavirus se sumaron pedidos de domiciliarias por la emergencia sanitaria, que superan.
Según el funcionario, hay “mucha presión” dentro de los penales ya que los internos alegan que si se contagian no serán atendidos como corresponden.
Los dos edificios quedaron con graves daños materiales.
