Prepaga debe indemnizar a afiliada que abonó más por una cobertura peor

La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó que Galeno Argentina SA deberá abonar una multa por daño punitivo y un resarcimiento por perjuicio moral porque ocultó información “relevante” a la actora, quien abonó una cuota más alta que otros afiliados que tenían una cobertura superior. [privado] “En la base del contrato de medicina prepaga está la seguridad de contar con asistencia y servicios médicos en los casos de enfermedad, de manera que una parte -la empresa- se obliga a brindar esa prestación, y la otra -el asociado- contrata en función de esa obligación y abona la cuota. Ésta es, en esencia y sintéticamente, la ecuación sobre la cual el contrato es redactado -predispuesto- y a tales términos se sujeta el adherente”, reseñó la Alzada. En esa línea, señaló que no son firmas ajenas a las disposiciones que amparan el derecho a la salud y a la asistencia médica, desde que las leyes les exigen el mismo nivel de prestaciones que a las obras sociales. En tanto, aclaró que si bien las primeras realizan una actividad comercial, corresponde considerar que en tanto tienden a proteger las garantías constitucionales a la vida, la salud, la seguridad y la integridad de las personas, también adquieren un compromiso social con sus afiliados que, como tales, adhieren a un sistema que genera una relación de consumo. “El correcto suministro de información es la columna vertebral del derecho del consumidor, el cual viene impuesto en el artículo 42 de la Carta Magna y busca equiparar los desequilibrios en las relaciones comerciales”, enfatizó, además, la alzada, añadiendo que la importancia de tal precepto ocasionó su recepción en el Código Civil, evidenciando la intención del legislador de proteger a personas como la reclamante frente a los abusos de los proveedores. El tribunal recordó que en contratos de consumo como el de medicina prepaga, el adherente se encuentra en situación de desequilibrio, ya que el empresario que ofrece el servicio tiene el monopolio de la información y el consumidor indeterminado se limita a aceptarlo tal y como le es propuesto. Sobre el daño moral, expresó que en el caso se configuraron los requisitos que autorizan la indemnización y detalló que fue la recalcitrante actitud que la prestadora de los servicios de salud asumió lo que, luego de fracasadas tres audiencias de mediación, obligó a la actora a recorrer un largo camino judicial. “Nos hallamos ante una prueba in re ipsa, es decir, que surge inmediatamente de los hechos”, determinó el tribunal. [/privado]

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