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Postergan la presentación del anteproyecto de reforma del Código Penal

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Ante el fracaso del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los juristas designados por el Poder Ejecutivo retomaron su trabajo. Estudian introducir más cambios en la legislación criminal

A fin de mes, el presidente Mauricio Macri iba a presentar el anteproyecto de reforma del Código Penal (CP), pero el evento se postergó hasta fin de año.
La iniciativa fue elaborada por una comisión de expertos encabezada por el magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y ya estaba en condiciones de ser expuesta, pero ahora el grupo retomó su trabajo y analiza el articulado para incluir la despenalización del aborto -es decir, la supresión del castigo para las mujeres que se sometan a la práctica, manteniendo la figura como delito- luego del rechazo por el Senado del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Además de incorporar los lineamientos del precedente “F.A.L.”, de 2012, en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) le dio luz verde a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, los especialistas estudian la posibilidad de incluir asistencia médica para las víctimas de ese delito o en supuestos de riesgo de vida e, incluso, excluir de sanciones a los médicos que lleven a cabo las intervenciones.
Sin embargo, aún no se definió si la despenalización será total o parcial.

En enero de 2017 se conocieron los nombres de los juristas designados por Macri para cambiar, sistematizar y ordenar la legislación criminal de la Nación. La lista incluye al vocal de la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba, Víctor María Vélez.
Además de Borinsky y Vélez, integran la comisión, entre otros, Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Daniel Erbetta, presidente de la Corte de Santa Fe; Pablo López Viñals, procurador General de Salta, y Patricia Ziffer, secretaria letrada de la Corte Suprema.

Drogas
Cuando el proyecto finalmente llegue al Congreso se abrirá otro debate trascendente, ya que es tolerante con el consumo y el autocultivo de marihuana en cantidades compatibles con el uso personal.
La propuesta que debatirá el Parlamento toma en cuenta los lineamientos que fijó la CSJN en el fallo “Arriola”, de 2009, en el cual declaró que penar la mera tenencia y el uso de drogas es inconstitucional.
Aunque en “Arriola” la Corte instó al Poder Judicial a respetar el artículo 19 de la Constitución Nacional y a reforzar la protección de la libertad individual de los ciudadanos, la jurisprudencia al respecto es caótica.
A mediados del año pasado, el fiscal federal Federico Delgado difundió datos sobre los expedientes abiertos en su despacho y detalló que 80 por ciento del trabajo de su oficina consiste en decidir la situación procesal de personas detenidas con ínfimas cantidades de estupefacientes.
El funcionario -quien tiene a cargo pesquisas complejas por corrupción y trata de personas- expuso que debe lidiar con investigaciones por tenencia o uso personal de drogas en las que, casi como regla, los implicados terminan liberados de responsabilidad.

En Córdoba, a fines de 2016, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior difundió un informe denominado “Fuero Narcotráfico: datos estadísticos de 2015”, elaborado con base en las constancias del Sistema de Administración de Causas y al Sistema de Sumarios del Poder Judicial. Según ese trabajo, durante 2015 ingresaron a las fiscalías de Instrucción y a las secretarías de Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia 3.005 expedientes por infracciones a la Ley de Estupefacientes, casi la mitad vinculada con la tenencia simple (45%); tenencia con fines de comercialización simple, 20%, y con comercialización, 13%.
Antes, un informe elaborado por el Área de Investigaciones del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez había precisado que 52,4% de las personas imputadas por “narcomenudeo” en la ciudad consume estupefacientes.

La modificación normativa que se presentará a fin de año incluye sanciones más duras para el tráfico y la comercialización de estupefacientes cuando haya menores de edad involucrados. También agrega como nuevo tipo penal la “organización internacional dedicada al narcotráfico”.

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